Diputados proponen cambios a la CSS

Actualizado
  • 09/08/2014 02:00
Creado
  • 09/08/2014 02:00
De Dale busca que la CSS atienda a los servidores públicos desde el primer día que comienzan a laborar

Dos diputados, Vidal García e Irasema de Dale, se adelantaron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, al presentar anteproyectos para reformar la Ley 51 de 2005 de la Caja de Seguro Social (CSS).

De Dale busca que la CSS atienda a los servidores públicos desde el primer día que comienzan a laborar. Según la diputada del Partido Revolucionario Democrático, los nuevos funcionarios tardan hasta cinco meses para recibir atención en los centros hospitalarios de la institución. Este periodo, según la diputada, es el que tarda la CSS en entregar la primera ficha.

‘Esta situación trae como consecuencia que estas personas, a pesar de estar laborando, no puedan obtener medicamentos, servicios de laboratorio o atención médica como asegurados, lo cual contradice el espíritu de la ley’, expone en los motivos del documento la diputada de Dale.

García, por su parte, ha adelantado que su anteproyecto eliminará el cobro de la cuota cuando los trabajadores se jubilen o pensionen.

‘No es justo que estas personas que trabajaron 30 años, sirviéndole al país, reciban pensiones tan bajas y además continúen pagando el Seguro Social e impuestos sobre la renta’, declaró el diputado del partido Cambio Democrático.

PLAN VARELA

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, firmó un pacto en el que se comprometió a reformar la norma orgánica de la CSS. El documento, elaborado por los gremios que integran la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), plantea la instalación de una mesa de concertación para la redacción del nuevo marco legal de la Caja.

Además del mejoramiento de la calidad de los servicios hospitalarios, la Comenenal sostiene que es necesaria una inyección de ingresos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El fondo, luego de 11 años en rojo, registró un superávit de $38 millones en 2013.

Para 2019, el programa requiere de cerca de $200 millones al año para cubrir las obligaciones.

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