Urgen al gobierno localizar equipo de espionaje perdido

Los seres humanos nos acostumbramos fácilmente al poder. A lo que no nos ajustamos tan sencillamente es a perderlo. La desaparición, recientemente reportada, de dos equipos de escucha y espionaje, propiedad del Consejo de Seguridad, podría estar relacionada con un caso de megalomanía y apego al poder, una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia y omnipotencia.

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar al momento del relevo presidencial, cuando una figura dominante se ve despojada, de un día para otro, de la infraestructura de poder. Una forma de prolongar ese sentimiento de control es retener el acceso a la información privilegiada, apuntan los expertos.

Una fuente especializada en temas de seguridad fue consultada por La Estrella de Panamá sobre la desaparición del equipo de espionaje y la extensa lista de pinchados durante la administración de Ricardo Martinelli: ministros, sus esposas, novias o amantes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, empresarios, diplomáticos, agentes antinarcóticos estadounidenses, políticos, opositores y políticos.

Lo primero que se pregunta el especialista es por qué ningún gobierno se ha preocupado por buscar los equipos faltantes en el Consejo de Seguridad, durante cada relevo gubernamental.

Según el especialista, los pinchazos son una intervención a la privacidad de los ciudadanos, pero la pérdida de equipos ni siquiera está tipificada en el Código Judicial, lo que podría llevar a entender este hecho como un simple robo.

‘Esto no es más que espionaje político, empresarial o la intromisión en los asuntos de otros Estados... lo lamentable es que sigue siendo parte de la política exterior de muchos países’, asegura.

‘No he dicho que espiar a una embajada sea kosher (legal) , pero todos los países de alguna forma lo hacen’, dijo.

‘El crimen organizado está años luz por delante de la ley, por lo que estos aparatos son de gran utilidad. En estos temas no hay blanco o negro; hay grises. Todo el mundo lo sabe’, expresó la fuente.

Pero, el gobierno pasado, a juicio del especialista, ‘fue desproporcionado’, lo que lleva a pensar que se trata de un caso de ‘megalomanía’.

Según el especialista, los gobiernos y el ciudadano común deben tener claro que estos aparatos son para combatir el crimen organizado. ‘No comprendo el mal uso de las interceptaciones. Estamos muy distantes de que se apruebe fácilmente una orden judicial que acredite interceptar un número’, manifestó.

La fuente indicó que en muchas ocasiones los agentes del Consejo de Seguridad se ven obligados a seguir órdenes, aun cuando están conscientes de que se trata de un procedimiento ilegal. Renunciar a hacerlo es perder el trabajo por cinco años, añadió.

El analista concluye que esta es una lección para los futuros políticos: ‘la población está observando, atenta, para saber quién tiene el equipo y quién lo robó. Aquí lo importante es que se castigue, y no se repita’.

Por su parte, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que ‘el Consejo de Seguridad debe tomar acciones inmediatas para gestionar la ubicación de esos aparatos. El presidente, que es quien lo encabeza, debe actuar independientemente de la investigación judicial’. Agregó que este caso es mucho más grave que el escándalo del Programa de Ayuda Nacional.

La Secretaría de Comunicación del Estado indicó que el ‘gobierno tiene un compromiso serio de apego estricto a la ley, y no promueve ni tolera ningún tipo de acción que vulnere las garantías fundamentales de los ciudadanos; el Ejecutivo tiene la expectativa de que se investigue a fondo la denuncia sobre las pérdidas de los equipos de interceptación de comunicaciones; y en caso de que surjan nuevos elementos se pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales’.