Tecnología de espionaje causa alarma ciudadana

Bajo la premisa de que ‘las peligrosas tecnologías intrusivas afectan no solo a un país, sino a toda la humanidad, cada vez más indefensa", una asociación española intenta crear un frente internacional de protección para la privacidad de los ciudadanos.

Apedanica (Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas), que ha tomado la iniciativa en varios casos legales contra el uso de tecnologías intrusivas en España, ha manifestado el "máximo interés" en el uso y desaparición del equipo de espionaje adquirido durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

Miguel Gallardo, representante de la asociación que también desarrolla técnicas de contraespionaje y ofrece asesoría, asegura que es posible detectar las antenas ilegales y que ‘las compañías operadoras de celulares panameñas cuentan con información para evidenciar cuándo se utilizó el equipo de espionaje perdido".

‘Entendemos— dice la documentación enviada por la asociación a este diario—, que las operadoras telefónicas guardan durante un tiempo datos de la telefonía móvil que podrían evidenciar intervenciones no autorizadas por uso indebido de antenas IMSI-catchers (International Mobile Subscriber Identity)’.

Los datos, recomienda la asociación, ‘deben preservarse’ mediante la intervención de un juzgado para determinar la existencia de espionaje ilegal y seguir los procesos judiciales.

En España existe el precedente de un juzgado de instrucción que ofició ‘pronto y eficazmente’, a juicio de Apedanica, para preservar los datos y ayudar a determinar responsabilidad en el caso de una fiesta de Halloween realizada en el Madrid Arena, que terminó en un incendio negligente que causó la muerte de varias personas.

IMSI-CATCHERS

La tecnología de espionaje tipo IMSI catchers, también conocida como ‘Stringray’, —el nombre que se le dio al primer modelo que usó esta tecnología— fue desarrollada por la empresa estadounidense Harris Corp.

Actualmente, equipos similares y mucho más avanzados son vendidos por otras compañias, entre ellas Verint, Oscor, la brasileña SafeTech, la israelí Ability y empresas chinas, especializadas en réplicas más baratas distribuidas a través de internet.

Los equipos, vendidos y usados sin control judicial —cuyos precios oscilan desde los mil hasta más de un millón de dólares—, han sido adquiridos por gobiernos de todas partes del mundo para combatir el crimen, pero también podrían estar en manos de ‘stalkers’, políticos inescrupulosos y hasta de empresas embarcadas en espionaje industrial.

En Estados Unidos, el grupo American Civil Liberties Union ha descubierto correos electrónicos que muestran que el gobierno estadounidense ha ocultado el uso de estaciones falsas de móbiles que habrían estado espiando a los ciudadanos sin permisos judiciales desde el año 2009.

Pero lo preocupante de estos sistemas es que no solamente absorven los datos del individuo objeto del espionaje, sino de todos cuantos han tenido alguna comunicación con el móvil intervenido, legalmente o no, y otros individuos que se encuentran en el mismo radio de las antenas de espionaje.

¿QUÉ ES APEDANICA?

Apedanica, creada en 1992, lleva el liderazgo en España de los temas relacionados con acciones legales contra las tecnologías intrusivas.

Entre las acciones realizadas por la asociación se encuentra una demanda contra la empresa Google, por recolectar supuestamente de forma ilegal data de redes inalámbricas para su servicio Street View.

Más recientemente, el pasado 22 de diciembre, la asociación interpuso una querella en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid para exigir responsabilidad penal en los casos de escucha a ciudadanos españoles.

Los demandados fueron el comisario de Asuntos Internos de la Policía y ‘cualquier otro funcionario que pudiera hallarse responsable por acción u omisión’.

La demanda se dio como respuesta a un reportaje del diario El País del 20 de diciembre pasado, firmado por José Antonio Hernández, que denunciaba evidencia de espionaje de parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a un ‘pequeño delincuente’ y embaucador de 21 años, llamado Nicolás Gómez Iglesias, apodado por la prensa española como el ‘Pequeño Nicolás’.

Lo curioso de este caso es que mientras que los funcionarios grababan al ‘Pequeño Nicolás’, había alguien má grabándolos a ellos y poniendo en evidencia los métodos de la policía.

La demanda de Apedanica busca establecer responsabilidad e impulsar un debate sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer responsabilidad de los casos de espionaje que, como en el caso de los IMS catchers, no afectarían solamente al Pequeño Nicolás, sino ‘a todos los hablasen por teléfono con él y todo su vecindario’, indica el representante de Apedanica.

De acuerdo con la querella presentada ante el juzgado, ‘si los hechos (narrados por el artículo de El País) son ciertos, el Tribunal Supremo debe haber dado cobertura legal a las mencionadas intervenciones telefónicas’.

En este caso, según la legislación española, las grabaciones deberán permanecer retenidas en una base de datos, a la cual deberán tener acceso las víctimas, a través de las figuras de habeas data y audio data.

En este sentido, el juez Joaquín Aguirre, juzgó anteriormente que "incluso los peores delincuentes deben tener derecho al habeas audio y escuchar cuanto se grabe de su voz. De lo contrario, estarían en la indefensión.

De hecho, el tribunal de Estrasburgo condenó a España anteriormente por no haber brindado el habeas audio a una persona juzgada.

En el caso de ser ilegales las grabaciones, continúa el documento de la querrella, el delito es muy grave y produce alarma social con angustiante inseguridad jurídica no solamente para el intervenido, sino también para todos los que hayan participado en alguna conversación por alguno de los teléfonos intervenidos en casos asemejables’.

El representante de Apedanica reveló que ‘el juez todavía no ha contestado ni a esa querella que presentamos ni a otras’.