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12 de Nov de 2019

Nacional

Un país y tres servicios de policía

El Senan, Senafront y la Policía Nacional comparten la tarea de velar por la seguridad del país.

‘La Policía tiene la capacidad de autoinvestigarse’, argumentaba el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, durante una rueda de prensa en la que intentaba dar explicaciones sobre el escándalo policial más grave de su gestión: el descubrimiento de que cuatro agentes policiales formaban parte de una red de tráfico y tumbe de drogas.

Aguilera ponía así, el jueves último, la cara por una entidad minada y cuestionada durante un lustro por sus agresivas intervenciones en manifestaciones sociales o culturales. Estas tuvieron un último ejemplo la semana pasada en Portobelo, cuando los fanáticos del Festival de Diablos y Congos fueron reprimidos a punta de gas pimienta, no sólo por la Policía, sino también —denuncian los portoboleños— por el Servicio Aeronaval, que patrulla las costas.

La situación pone en perspectiva la manera en que los órganos de la Fuerza Pública se miran a sí mismos y se pisan los callos. Lo mismo había sucedido en 2012, durante la protesta de los ngäbes contra Barro Blanco.

¿Cuál es el rol de cada cuál?

UNA FUERZA ORDENADA POR DECRETOS LEY

La Fuerza Pública panameña está integrada por tres entidades, todas supeditadas al Presidente de la República por conducto del Ministerio de Seguridad (Minseg). Renato Pereira, exministro de Gobierno y Justicia (del cual se desprendió el Minseg) asegura que por ley todas las entidades ‘son autónomas’, aunque tengan un mando ‘único’. Lo más importante —insiste— es que las tres, y no solamente la Policía, ‘dependen del poder civil’.

La institución de mayor vigencia es justamente la Policía Nacional, heredero de las Fuerzas de Defensa y ésta, a su vez, la mutación del endeble cuerpo policial que nació con la fundación de la República, y que se fortaleció en la década de los años cuarenta, con su transformación como Guardia Nacional.

Hasta 2008, era la Policía la encargada de la vigilancia territorial del país. El 20 de agosto, de un plumazo, el entonces presidente Martín Torrijos determinó la escisión de las unidades de seguridad aeronaval y fronteriza, en dos decretos (el 7 y 8 de 2008) que crearon el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La idea era descentralizar los servicios policiales, aunque juristas como Rogelio Cruz creen que el Senafront es una afrenta al artículo 310 de la Constitución, que establece la temporalidad de los servicios fronterizos.

Legalmente el Senafront es la Policía ‘en las fronteras terrestres y fluviales de la República’, plantea el artículo 22 del Decreto Ley 8 de 2008, aunque su espacio de acción en la frontera este del país se extiende por toda la provincia de Darién. De hecho, Frank Ábrego, director de Fronteras, es considerado ahí como la máxima figura.

La zona también es patrullada por el Senan, a la que el Estado ha delegado la tarea de sustituir a la Policía en la plataforma marítima y aérea, además de patrullar las terminales aéreas y portuarias.

En la ciudad, el Sistema de Protección Institucional (SPI), el menor de los organismos de la Fuerza Pública, debe velar por la seguridad del presidente, los exmandatarios, los ministros, los allegados e invitados del Ejecutivo y, además, por la Cinta Costera.

‘Esto no es una contradicción’, advierte, tomando en cuenta que como los servicios policiales están supeditados al poder civil, estos le pueden encargar tareas de vigilancia ciudadana. ‘Salvo si impidieran el trabajo de otros servicios’, argumenta.

Desde el espectro opuesto, el también exministro de Gobierno Jerónimo Mejía advertía, en 2012, por ejemplo, que la incursión del Senafront en el operativo para sofocar las protestas en Colón contra la Ley 72 -de ventas de tierras en la Zona Libre- iba contra el espíritu del Decreto 8 de 2008.

De la Fuerza Pública, el SPI es el único ente que no depende del Ministerio de Seguridad, sino del de la Presidencia. Igual que otros dos entes que, si bien no son parte del engranaje de la fuerza, trabajan tras bambalinas en el buró de seguridad del Estado: el controversial Consejo de Seguridad y el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, ambos creados el mismo día y con el mismo plumazo con el que nacieron el Senan y el Senafront.

Los servicios son autónomos, aunque tienen un mando único. Actúan en conjunto por orden del Minseg, por lo que no hay contradicción...Renato Pereira - Exministro de Justicia

FUERZA PÚBLICA

La fallida integración disciplinaria

En marzo de 2012, el entonces ministro de Seguridad José Raúl Mulino, pretendía romper la ‘autonomía’ de la que jura la Fuerza Pública. Desde las entrañas del buró de seguridad impulsaba la creación de un tribunal centralizado de juzgamiento de los policías de todas las entidades.

El plan rompió la calma de Gustavo Pérez, quien lideraba por esos días la Policía Nacional. ‘Policía juzga a policía’, insistió, sin recato, ante la televisión nacional. Se insubordinó y fue relevado, aunque el principio policial se mantuvo intacto.

Si bien el Ejecutivo había autorizado en febrero a Mulino a presentar el texto ante los diputados, la polémica hizo recular un mes después. El Gabinete revocó su permiso y llevó el documento a una nueva consulta que la sepultó, pese a que, según el exdirector policial Julio Moltó para septiembre de ese mismo año el proyecto de ley estaría finalmente en la Asamblea Nacional.

DIABLOS Y CONGOS

Discriminación y polémica policial en Portobelo

La semana pasada, en Portobelo, la Policía Nacional y el Servicio Aéreo Naval reprimieron a la población local y a un grupo de visitantes que participaban en el Festival de Congos y Diablos. Los agentes de la Fuerza Pública pretendían el desalojo del poblado, que tras la festividad se preparaba para una noche artística y bailable. ‘Hubo violencia fuera de control, sin razón de ser’, insistió Sandra Eleta, una de las organizadoras del evento. La promotora resaltó que todo se desató en el último momento y que durante la mayor parte del evento, la policía había actuado en orden. En el afán de desalojar el pueblo, Victoria Zúñiga, otra de las organizadoras, resultó afectada por los gases lacrimógenos. Roberto King, del Grupo Realce Histórico de Portobelo, aseguró haber enviado la semana pasada misivas a la Policía, el INAC y la ATP, intentando una respuesta sobre el tema, sin éxito.