Inac debe explicar cómo se sustentó el reparto del pecio del galeón San José

El Instituto Nacional de Cultura (Inac) debe explicar a la ciudadanía cómo se efectuó el reparto de los tesoros del Galeón SanJosé, señaló el arqueólogo Carlos Fitzgerald.

‘Es un caso muy importante que puede generar un precedente para el país’, dijo Fitzgerald en entrevista ayer con La Estrella de Panamá.

El arqueólogo y exdirector de Patrimonio Histórico del Inac se refiere al reparto de los bienes, valorados en millones de dólares, que llevaba el galeón español hundido en las aguas del Archipiélago de Las Perlas en el año 1631 .

El pecio —miles de monedas de plata, barras de plata, objetos coleccionables y joyas de oro y plata y piedras preciosas— fue levantado por la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (Imdi) entre los años 2013 y 2014, en virtud de un acuerdo firmado con el Estado panameño.

El contrato 231 del 26 de junio de 2003 consigna en su cláusula quinta que la empresa pasará al Estado panameño el 35% del valor comercial de los bienes que lograse rescatar, siempre y cuando estos no fueran de ‘valor histórico y patrimonial’.

Pero una resolución firmada por la exdirectora de Patrimonio Histórico Sandra Cerrud, (Resolución 136-13), estipuló que los bienes hallados, que datan de los siglos XVI y XVII y que habían permanecido bajo el agua durante 400 años, tenían solo valor comercial.

Este fue el argumento utilizado por la funcionaria para autorizar el reparto de bienes entre la empresa rescatista y el Estado, contemplado en las resoluciones 124-14 del 14 de mayo de 2014 y 157-14 del 27 de junio de 2014.

PRIMERA VEZ QUE PANAMÁ REPARTE BIENES

‘Nunca antes en su historia administrativa, la República de Panamá había admitido desprenderse de bienes que son, no de un gobierno, no de una administración, sino de todo el colectivo, de todo el pueblo panameño. Eso es muy profundo y sienta un precedente muy grave‘, denunció Fitzgerald.

VALUACIÓN DE LOS BIENES ENCONTRADOS

El contrato 231 también establece que antes del reparto debía certificarse la valuación de los bienes con la participación de tres expertos de reconocida reputación profesional.

Uno de ellos debía ser designado por el Estado, otro por el contratista y un tercero por acuerdo entre las partes.

‘La ciudadanía se merece una explicación de parte del Inac de cómo se sustentó la decisión, -dijo el arqueólogo- cómo se determinó la autenticidad de las piezas, su antiguedad, su estado de conservación, su singularidad’.

‘¿Quién representó al Estado panameño? Tuvo que ser un especialista del mayor nivel académico comprobado; no puede ser cualquier funcionario público’, indicó Fitzgerald.

Carlos Fitzgerald‘ ¿Quién avaluó los bienes? ¿Cómo se determinó su autenticidad?’,EXDIRECTOR DE DPHN

ENTRA LA UNESCO

Fitzgerald hace estas declaraciones tras conocerse, la semana pasada, una carta enviada por el director general adjunto de la Unesco, Alfredo Pérez de Armiñán, a la vicepresidenta de la República de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

En la carta, fechada el 11 de marzo de este año, Pérez Armiñán solicita información ‘sobre el estado actual de desarrollo y ejecución en la República de Panamá de la Convención sobre la Protección Cultural Subacuática’.

Fitzgerald interpreta esta carta y otra anterior, enviada en febrero de este año por el secretario de Estado de Cultura de España, José María LaSalle Ruiz, a la directora del Inac, Mariana Núñez, como una ‘creciente preocupación de la comunidad científica y cultural internacional’ sobre el compromiso de Panamá con respecto a la Convención del Patrimonio Subacuático de la Unesco, firmada por el país en el año 2003, y que entró en vigor en 2009.

‘Panamá fue el primer país firmante de Latinoamérica cuando yo fui director de PaParimonio Histórico en 2001. Nos comprometimos en la defensa, salvaguarda, conservación y puesta en valor de estos bienes, que no son solamente parte de nuestra historia, sino de la historia de la humanidad’, recalcó.

Para España, el asunto reviste interés especial porque se trata de una historia compartida, dice Fitzgerald.

La Convención tiene como objetivo proteger el patrimonio subacuático, considerando este ‘todos aquellos bienes de carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua por más de 100 años’.

También, intenta evitar que el patrimonio subacuático sea explotado con fines de lucro o especulativo o que este sea diseminado de ‘forma irremediable’.