Presentan proyecto que implementa la Justicia Comunitaria de Paz

Ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados fue presentado el proyecto de Ley que implementa en Panamá la Justicia Comunitaria de Paz.

El Ministro de Gobierno, Milton Henríquez y representantes de la Sociedad Civil Organizada, presentaron hoy el proyecto que propone una justicia rápida, gratuita, informal, basada en principios de equidad, oralidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, independencia y de diversidad cultural.

Tiene como objetivo regular la justicia comunitaria y la aplicación de los métodos de solución de conflictos en Panamá, de forma que se promueva la solución efectiva de las controversias comunitarias y la convivencia pacífica.

El ministro de Gobierno, Milton Henríquez destacó durante la exposición de motivos que “el sistema de justicia administrativa de policía ha sido objeto de diversos diagnósticos, que confirman la presencia de serios vicios de arbitrariedad, injusticias, abusos de parte de los funcionarios y violaciones a las garantías fundamentales, lo que nos obliga a darle un giro al régimen legal comunitario para ponerlo a tono con los fundamentos de la cultura de paz”

La norma propone la creación de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz, bajo el Ministerio de Gobierno (Mingob), la cual tendrá como función primordial coordinar en todo el país la justicia comunitaria de paz, la conciliación, mediación u otros métodos de solución de conflictos que fomenten la cultura de paz, respondiendo así a uno de los compromisos señalados en el Pacto de Estado por la Justicia.

Este proyecto plantea que el nombramiento del juez de paz se hará a través de un proceso público de convocatoria y selección, realizado por una Comisión Técnica Distrital integrada por instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada en cada localidad.

Este funcionario estará integrado a la carrera administrativa, lo que garantiza su inamovilidad. El juez de paz tendrá potestad para imponer las siguientes sanciones: amonestación verbal, multa (hasta mil balboas), indemnización como sanción accesoria y trabajo comunitario.

Se elimina el arresto, salvo casos excepcionales, como medida de protección a víctimas de violencia doméstica o grave riesgo de atentar contra la vida de una persona.

Este proyecto tiene como antecedente la propuesta presentada en 2008 por Alianza Ciudadana Pro Justicia, sin embargo a la fecha no se ha convertido en Ley de la República.

Henríquez señaló que “el Ministerio de Gobierno, preocupado por la decadente situación de la justicia comunitaria, convocó a Alianza Ciudadana Pro Justicia para unir esfuerzos tendientes a revisar y actualizar la propuesta, ante el nuevo contexto político que vive el país”.