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Actualizado
- 05/05/2015 02:00
Creado
- 05/05/2015 02:00
Se inició la investigación contra Ricardo Martinelli, su defensa alega que el plazo de tres meses ya concluyó
La Corte Suprema de Justicia empezó ayer formalmente la investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli con una espada de Damocles: La polémica Ley 55 de 2012 o ‘ley blindaje', que obligará al fiscal Oydén Ortega a investigar al máximo líder de Cambio Democrático en un plazo no mayor de tres meses. De no lograrlo, el proceso podría ser declarado extinguido.
A Martinelli se le investiga por el supuesto delito contra la administración pública.
El magistrado fiscal es Oydén Ortega y el juez de garantías, Jerónimo Mejía.
La investigación se inició con la notificación de la causa penal a la defensa del exmandatario, quien está en paradero desconocido.
Ayer se le informó a la defensa el nombre del magistrado fiscal y se le comunicó la dirección física, fax, correo electrónico y demás generales para su ubicación.
La Ley 55 establece un plazo máximo de tres meses para la investigación. Por su condición de diputado del Parlacen, a Martinelli se le procesa sobre la base de las normas dispuestas en el Sistema Penal Acusatorio.
LA DEFENSA REACCIONA
Los abogados anunciaron que demandarán al Estado panameño por violar el debido proceso en la investigación a su defendido.
Rogelio Cruz, abogado defensor, alega también que el plazo dispuesto en la Ley 55 se ha agotado.
A su juicio, la Corte incurrió en un error procesal, lo que provocó que el plazo para investigar se terminara. Según los abogados de Martinelli, la investigación se inició el 28 de enero, fecha en que la Corte admitió la denuncia.
En esta audiencia, los abogados dicen que puede demostrar que el plazo concluyó, por lo que consideran que la causa debe ser declarada extinguida.
Desde la Corte, no se ha adelantado cuál estrategia se utilizará para investigar al exmandatario. Deben resolver el primer recurso de la defensa.
Se ha informado que hay intenciones de solicitar que Ricardo Martinelli se presente en una audiencia pública a declarar y exponer sus descargos, pero sus defensores insisten en que no se presentará hasta que no haya garantías.
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