La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Silencio de Estados Unidos amenaza investigación contra Alejandro Betancourt por presunto blanqueo en España
- 14/09/2026 09:59
La Audiencia Nacional aguarda testimonios clave sobre una trama vinculada a PDVSA; sin respuesta antes de diciembre, el expediente podría archivarse nuevamente
La falta de respuesta de Estados Unidos mantiene al borde del archivo la investigación que enfrenta el empresario venezolano Alejandro Betancourt en España por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, espera desde hace casi un año que las autoridades estadounidenses atiendan una comisión rogatoria para interrogar a cinco testigos considerados esenciales dentro del proceso. El magistrado advirtió que, si la colaboración no se concreta antes de diciembre de 2026, podría cerrar nuevamente el expediente.
La causa busca esclarecer el origen y destino de más de 4,000 millones de dólares presuntamente desviados de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante una operación financiera con ramificaciones internacionales.
La paralización judicial ocurre mientras Betancourt adquiere un papel estratégico en las relaciones entre Washington y Caracas. El empresario ha sido identificado como una figura central en el reciente acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos beneficiarse de la explotación de parte de las reservas venezolanas.
De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, tanto la Casa Blanca como el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez han respaldado públicamente al empresario, pese a las investigaciones abiertas o tramitadas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España.
Cinco testimonios sostienen el futuro del expediente
La declaración solicitada por la justicia española corresponde a cinco personas condenadas en Estados Unidos por el esquema de corrupción conocido como Money Flight.
Los testigos son Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de PDVSA; Carmelo Urdaneta, antiguo funcionario del sector petrolero; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de la compañía estatal; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de Electricidad de Caracas, filial de la petrolera.
Sus testimonios permitirían establecer si los fondos trasladados a territorio español procedían de actos de corrupción. Este elemento resulta determinante porque el delito de blanqueo investigado en España exige acreditar previamente el origen ilícito del dinero.
Si se confirma que los recursos fueron extraídos irregularmente de PDVSA, los investigadores podrían continuar rastreando la forma en que presuntamente ingresaron al circuito legal mediante inversiones, sociedades y propiedades.
Betancourt, conocido también por ser propietario de la marca de gafas Hawkers, habría invertido importantes sumas en empresas españolas y adquirido un castillo en Toledo.
Fuentes judiciales citadas por EL PAÍS consideran que una declaración por videoconferencia debería tramitarse con rapidez, especialmente porque ambos países mantienen acuerdos y mecanismos consolidados de cooperación. Sin embargo, la petición continúa sin respuesta.
Una operación superior a $4,300 millones
La investigación se remonta a una operación realizada en 2012, cuando PDVSA concedió un préstamo por 4,350 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 3,778 millones de euros, a la empresa privada Administrador Atlantic.
La Fiscalía Anticorrupción española sospecha que la transacción fue utilizada para retirar recursos de Venezuela y posteriormente introducirlos en cuentas relacionadas con empresarios y antiguos funcionarios venezolanos.
Según la tesis de los investigadores, parte del dinero habría llegado a España y se habría destinado a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. La operación también habría incluido el pago de aproximadamente 42 millones de dólares en sobornos a funcionarios.
La dimensión internacional del caso llevó a representantes de varios países a reunirse entre marzo y abril de 2025 en Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea. El objetivo era intercambiar información sobre una estructura que presuntamente utilizó compañías superpuestas y distintas jurisdicciones para dificultar el seguimiento de los fondos.
El juez Santiago Pedraz archivó inicialmente el procedimiento en marzo de 2026, pero la Sala de lo Penal ordenó reabrirlo después de que la Fiscalía Anticorrupción calificara la decisión como prematura. Desde entonces, el avance del expediente depende principalmente de las diligencias solicitadas a Washington.
La intervención estadounidense en Suiza
La situación española guarda relación con otra investigación abierta hace casi una década en Suiza. La Fiscalía de Zúrich había solicitado la extradición de Betancourt desde el Reino Unido, donde tenía restricciones para abandonar el territorio.
No obstante, la petición fue retirada en mayo de 2026 debido, según las autoridades suizas, a “particularidades del derecho británico”. La decisión permitió que el empresario recuperara su libertad de movimiento y viajara nuevamente a Venezuela y Estados Unidos.
Según reveló The Washington Post, altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, entre ellos Pam Bondi, Todd Blanche y Christopher Landau, contactaron a fiscales suizos para solicitar información y promover un tratamiento favorable hacia el empresario.
Aunque la investigación en Suiza permanece abierta, las autoridades estadounidenses tampoco habrían atendido una solicitud para detener a Betancourt si ingresaba a su territorio.
Venezuela entrega un documento favorable
Mientras la colaboración estadounidense permanece estancada, la defensa de Betancourt presentó ante la justicia española un documento de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía de Venezuela.
El escrito señala que el expediente venezolano fue archivado en 2023 con “autoridad de cosa juzgada” y sostiene que el empresario no debería ser procesado en otra jurisdicción por los mismos hechos.
La respuesta fue firmada por Ana Osto Ascanio apenas seis días después de que el abogado de Betancourt formulara la solicitud, el 30 de junio de 2026. La rapidez llamó la atención de fuentes de la Audiencia Nacional, debido a la limitada cooperación que históricamente ha ofrecido Venezuela en otros procesos reclamados por la justicia española.
La defensa del empresario también ha reforzado su equipo jurídico. En 2019, contrató a Rudy Giuliani, entonces abogado personal de Donald Trump, para representarlo ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En España, sus intereses son defendidos por el despacho del penalista José Antonio Choclán.
El plazo vence en diciembre
En una resolución fechada el 10 de agosto de 2026, el juez Pedraz señaló que la investigación no puede mantenerse indefinidamente a la espera de una contestación estadounidense.
El magistrado considera indispensable demostrar primero la existencia de la supuesta corrupción en PDVSA. Sin esa acreditación, continuar practicando diligencias sobre el posible lavado de activos resultaría improductivo.
Por esa razón, fijó diciembre de 2026 como límite prudencial para recibir la cooperación solicitada. Si Estados Unidos no responde antes de esa fecha, la causa podría archivarse por segunda vez.
La inacción de Washington, por tanto, podría terminar favoreciendo judicialmente a un empresario que, paralelamente, se ha convertido en una pieza relevante de su estrategia petrolera en Venezuela.
¿Por qué podría archivarse la investigación contra Alejandro Betancourt en España?
Porque Estados Unidos todavía no responde la solicitud para interrogar a cinco testigos clave, y el juez estableció diciembre de 2026 como fecha límite.
Lo Nuevo
