Gobierno busca solucionar el conflicto del Proyecto de Barro Blanco

La Comisión de Alto Nivel de Gobierno que conforma la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, recibió notificación respecto a la citación para mañana, lunes 11 de mayo, realizada por parte de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a los bancos que financian el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, así como a los representantes de GENISA, para abordar la situación actual de esta empresa y las medidas que se adoptarán por parte del Estado en torno a incumplimientos y otros procesos que están marcha.

Según resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, GENISA sólo está autorizada para realizar trabajos puntuales en el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, consistentes en:

->Permitir la estabilización de los taludes en el ‘Estribo Izquierdo’ mediante técnicas de control de erosión y sedimentos previamente discutidas y aprobadas por el Ministerio de Ambiente, con el fin de evitar la afectación del río Tabasará.

->Controlar la contaminación producto de la corrosión de elementos expuestos, y desalojo de agua mediante bombeo para evitar la contaminación del agua acumulada en la casa de máquinas. Toda amenaza por envases de sustancias que ponen en riesgo las aguas deberán ser retirados del lugar.

El próximo 18 de mayo, la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, conformada por los equipos técnicos del Gobierno y de la Comisión Indígena y Campesina, reactivará los espacios de análisis con el propósito de valorar los alcances y escenarios futuros, respecto a las decisiones que se tomarán sobre el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco.

Como parte de los compromisos en la Mesa de Diálogo, el Gobierno instalará oficinas del Ministerio de Ambiente y de la ASEP dentro de la Comarca Ngäbe Bugle, con el objetivo brindar seguimiento, supervisión y fortalecimiento de los espacios de consulta entre el Gobierno y la comunidad.

El Gobierno de la República de Panamá reiteró su compromiso de promover el diálogo y la búsqueda de consenso para mediar acuerdos que beneficien a las partes en conflicto, garantizando los mecanismos de transparencia y responsabilidad, dentro del marco jurídico.