Silencio en el gobierno sobre las indagaciones a la banca

Actualizado
  • 15/05/2015 02:00
Creado
  • 15/05/2015 02:00
El sistema bancario debe responder por sus vínculos con los casos que se investigan por daño patrimonial

En el Ministerio Público (MP) hay ocho investigaciones abiertas por daños al patrimonio nacional a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno pasado.

Hasta ahora, han sido indagadas 123 personas vinculadas con estos casos. La Estrella de Panamá logró saber que, como resultado de estos interrogatorios, 14 bancos (10 de capital local y 4 de capital extranjero) fueron mencionados como supuestos depositarios de los dineros que se hurtaron de las arcas del Estado a través del PAN.

A raíz de la serie de reportajes sobre este tema publicados esta semana en este diario, la sociedad independiente empezó a reclamar respuestas a las autoridades encargadas de investigar si los señalamientos a la banca local son ciertos.

Durante el gobierno pasado, Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) abrieron múltiples cuentas y realizaron transacciones por millones de dólares.

Según definición de referencia internacional, las PEP son aquellos que ‘desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas'.

Cabe en esa categoría Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, quien compró múltiples propiedades durante el tiempo que se encargó de esta entidad adscrita a la Presidencia de la República.

Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, otro PEP, también ha sido señalado por enriquecimiento injustificado. El también diputado compró residencias y fincas, entre otros bienes, cuando estuvo al mando de esta cartera.

Guardia Jaén se declaró culpable de haberse apropiado de al menos $60 millones pertenecientes al Estado y está recluido en la cárcel El Renacer.

A Guillermo Ferrufino se le investiga y se le aplicó la medida preventiva de detención, por lo que se encuentra en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

COMPLICIDAD

La pregunta de respuesta pendiente es cómo es posible que los bancos le abrieron sus bóvedas a los millones de clientes con el perfil restringido PEP.

‘La banca tiene gran responsabilidad. Hubo depósitos en grandes cantidades. No hubo controles. Eso los hace responsables', comenta José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), quien añade que ‘independientemente de la cantidad, cualquier banco que haya permitido estos depósitos sin la debida supervisión debe responder por los daños causados. Sin los bancos, estas personas no hubiesen podido mover el dinero'.

A través de las redes sociales, el empresario Roberto Eisenmann solicitaba a la Superintendencia de Bancos que revele qué se está haciendo para castigar a los bancos implicados.

‘Señor Superintendente de Bancos: insisto que la única forma de devolver la confianza al sistema regulatorio es publicando las sanciones impuestas', reclamaba Eisenmann a través de Twitter el pasado martes 12 de mayo.

‘Si no publican las sanciones a los bancos, sufre el sistema y los bancos serios, [que han sido] puestos en el mismo ‘churuco' que los lavadores', agregó Eisenmann por la misma vía.

SILENCIO OFICIAL

La Estrella de Panamá se puso en contacto con la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público para conocer si como parte de las investigaciones se ha indagado a los ejecutivos de los bancos que han sido vinculados al Programa de Ayuda Nacional o si se han realizado inspecciones a las oficinas de estas entidades para buscar pruebas y corroborar la información proporcionada por los implicados en la estafa al Estado.

Ante la solicitud de información, los voceros de la Superintendencia de Bancos respondieron que ‘en el caso de las supervisiones especiales aún no ha finalizado las investigaciones. Son parte de un proceso administrativo y según el código administrativo, el regulador tiene que completar este proceso, antes de dar información sobre los fallos que competen a cada quien'.

La Estrella de Panamá intentó, sin éxito, concertar una entrevista con el Superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, o con el secretario general, Gustavo Adolfo Villa.

Al cierre de esta edición, según informaron los voceros de la Superintendencia, la solicitud seguía en trámite.

En la Unidad de Análisis Financiero, al comunicar el interés por una entrevista con algún funcionario de esta entidad autónoma, se solicitó el envío de un correo electrónico repitiendo la petición, que todavía no ha sido atendida, aunque se recibió la confirmación de recepción del escrito.

En el Ministerio Público, una funcionaria de Relaciones Públicas, tras elevar la solicitud a instancias superiores, según su propia indicación, informó que, para evitar viciar el proceso, no darían declaraciones sobre el tema.

Al principio, comentaron los voceros del MP, se elevó la consulta a la procuradora, Kenia Porcell, quien informó que esa duda la debían responder los fiscales anticorrupción. Sin embargo, los fiscales prefirieron no hacer comentarios: ‘Nos han hecho la observación de que no podemos revelar la información de los bancos ya que hacerlo puede afectar la reserva del sumario y el debido proceso. Esta observación es válida debido a que los abogados suelen quejarse de que se revela este tipo de información', indicaron en el Ministerio Público.

Víctor Orobio, abogado de Rafael Guardia Jaén, aplaude la actitud del MP, ya que, asegura, ‘legalmente no pueden estar hablando'. El abogado argumenta que cualquier dato suministrado por la Procuraduría podría permitir a los implicados ‘eliminar pruebas y escaparse de la justicia'.

Sin embargo, Orobio da una clave: ‘El Ministerio Público no puede dar detalles de la investigación hasta que no haya algo en firme, hasta que no se circule una orden de indagatoria en contra de algún posible implicado'.

Si el Ministerio Público no habla sobre las investigaciones a los bancos, ¿significa que hasta ahora ningún banquero ha sido a llamado a rendir cuentas? La duda queda sin resolver.

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José Alberto Álvarez

‘ Cualquier banco que haya permitido estos depósitos sin la debida supervisión deben responder por los daños causados. Sin los bancos, estas personas no hubiesen podido mover ese dinero',

PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

Roberto Eisenmann

‘ Señor Superintendente de Bancos [Ricardo Fernández]: insisto en que la única forma de devolver la confianza al sistema regulatorio es publicando las sanciones impuestas',

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