Pedreschi: “El gobierno debe cancelar concesión de Barro Blanco”

Consultado por este diario sobre el problema de la hidroeléctrica de Barro Blanco, el Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, respetado abogado y hombre público, fue claro sobre el punto y manifestó que ‘‘en los Estados de Derecho, ninguna empresa, nacional o extranjera, puede invocar el paraguas de la seguridad jurídica si ha incumplido con las obligaciones contractuales contraídas con el Estado o ha incumplido con las normas legales que regulan la materia. Por razones comprensibles, es evidente, agregó el Dr. Pedreschi, que el principio de la seguridad jurídica no nació para proteger, ni menos para premiar las violaciones contractuales pactadas con el Estado o las legales que gobiernan la materia.

Evidentemente, agregó el Dr. Pedreschi, el gobierno y el país confrontan concurrentemente dos problemas: uno legal y otro de hecho. El problema legal tiene que ver con el verdadero y único alcance del principio de la seguridad jurídica y el problema de hecho con la oposición de la población indígena, primero, a la iniciación de la obra y, luego, a su terminación. Es parte igualmente de la realidad de hecho, manifestó el Dr. Pedreschi, la necesidad que el país tiene de contar con más energía eléctrica y mejor si ésta viene de una fuente nacional y renovable. Afortunadamente, premiar los incumplimientos de la empresa constructora de la hidroeléctrica de Barro Blanco no es, como se vio, ninguna necesidad jurídica ni una necesidad nacional.

Desde el punto de vista de los supuestos efectos negativos que producirían en el exterior no hacer valer las leyes nacionales y no premiar los incumplimientos de la empresa constructora de la hidroeléctrica de Barro Blanco, es evidente que tales efectos no se producirían. Los países serios conocen muy bien lo que es el principio de la seguridad jurídica.

Finalmente, declaró el Dr. Pedreschi que frente a la realidad jurídica y a la realidad práctica o de hecho que ha mencionado, la mejor opción del gobierno es la de cancelar, por repetidos incumplimientos, la concesión otorgada, terminar urgentemente la obra y asegurar a la población indígena que todos los dineros que produzca esta hidroeléctrica serán para beneficio exclusivo de la comarca.

No está de más recordar que los empresarios chiricanos se pronunciaron a favor de la cancelación de la concesión y de la terminación de la obra.

Dado los riesgos humanos y ecológicos resultantes de postergar la terminación de la obra, el gobierno debe proceder a terminarla rápidamente y no esperar, eventualmente, los resultados de una investigación penal para determinar si, como fue la moda, hubo además sobornos vinculados a la construcción de esta hidroeléctrica.

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Carlos Pedreschi