Contraloría realiza auditorías a 50 juntas comunales

La Contraloría General de la República avanza el proceso de auditar los manejos contables de las juntas comunales del país, señaló el contralor general de la República, Federico Humbert, durante un recorrido ayer por el corregimiento de Juan Díaz.

Hasta el momento, se han realizado 50 auditorías, de un total de 200 previstas. ‘El proceso está bastante adelantado, porque solo faltan las más pequeñas', agregó.

A medida que avanza el proceso, la entidad observa la necesidad de auditar a personas y empresas que manejaron fondos significativos durante la pasada administración.

La Contraloría inició el proceso de auditar a las juntas comunales del país en 2014, luego de que el Ministerio Público iniciara una serie de investigaciones de oficio por irregularidades denunciadas

En julio de 2014, la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, informó al Ministerio Público, en medio de una fuerte presión ciudadana, el inicio de las pesquisas para revelar el uso de fondos públicos otorgados a las juntas comunales, municipios y alcaldías del país durante los periodos 2004-2009 y 2009-2014.

De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre los años 2013 y 2014 se transfirieron $76 millones en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados (coincidiendo, justamente, con el periodo preelectoral)

Por el momento, las auditorías han revelado que entre unos $5 y $6 millones de fondos correspondientes a las juntas comunales del país quedaron en manos de unos pocos grupos económicos. ‘El 90% de los cheques emitidos por las administraciones locales fueron cobrados en efectivo', dijo Humbert.

Según el contralor, la meta de este proceso es detectar en qué manos quedaron los fondos del Estado.

Por el momento, indicó Humbert, más de la mitad de los auditores de la institución están dedicados a estas faenas. También manifestó que no solo se trata de auditar los manejos de la pasada administración, sino también la actual.

Durante la presente administración de gobierno han sido iniciadas auditorías al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; al Ministerio de Educación y al Instituto de Mercadeo Agropecuario, donde se detectó una lesión patrimonial de $5.3 millones.