La compleja red de rutas que el sistema de buses ‘pirata' tejió

Aunque el ‘pavo' desgañitado ya lleva cinco minutos dando voces como si se acabara el mundo, saca sus dotes de barítono cuando ve llegar otro bus pirata a la parada: en la puerta de su unidad, la 17, vocifera a decenas de personas agolpadas en una estación fantasma del metrobús que va a San Miguelito por 50 centavos. Corta las palabras, intentando decir más paradas por minuto. Más que otros tres colegas que recién han llegado y con los que compite por cada pasajero.

JUAN CARLOS VARELAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

‘Vamos a poner orden e con mucha firmeza y sin afectar al usuario. Pero no confundan el diálogo con falta de caracter'

Esta escena, en el barrio de Los Andes, repite a lo largo de todo el recorrido de los 1,500 autobuses que se están haciendo con el servicio de transporte fuera de la ley. En las paradas de toda la ciudad se han improvisados ‘puertos de zarpe' para estos buses, alternativos o ilegales, según el prisma con el que se les mire. Ya cubren unas 22 rutas.

Según el Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), que opera rutas sin certificación con el aval político del Gobierno, más de la mitad de los buses que actualmente prestan servicio ‘pirata' está fuera del control de cualquiera de los tres gremios a los que la Autoridad del Tránsito les encomendó el ‘sistema', y sus únicos interlocutores.

‘Están al garete. Son tres prestatarias que pueden operar piratas, pero ya hay ocho', dice Esteban Rodríguez, secretario de Defensa de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), que recoge a todos los gremios transportistas del país.

PIRATAS Y CORSARIOS

Cómo si de una alegoría marítima se tratara, parece que los ‘piratas' que reconoce el gobierno tienen la esperanza de convertirse en ‘corsarios'. Y no les falta mucho. Además de la ‘patente' que la administración ya les ha dado, los números revelan su importante crecimiento y distribución. Una de cada diez personas que se mueve en transporte público lo hace en un autobús ilegal (cerca de 80 mil pasajeros). Otras 420 mil personas usan el metrobús, y 250 mil más se decantan por el metro.

La oferta de los piratas empieza en el barrio de Pacora, abarca La Doña, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal y Don Bosco, y continúa por las localidades más pobladas de San Miguelito y Panamá Norte: Veranillo, Torrijos Carter, Santa Librada, Ciudad Bolívar, La Cabima y San Vicente.

Los servicios más demandados discurren por los ejes de vía Tocumen y vía Transístmica hasta la Gran Estación. O usan los corredores Norte y Sur hasta cabeceras improvisadas en la Plaza 5 de Mayo o la Terminal de Albrook. Hace poco, la Canatra sancionó la reviviscencia de la ruta de Las Mañanitas, integrada por 88 buses, una décima parte de los diablos rojos que esperan por la compensación de $25 mil para ser desgüazados.

‘Es algo muy bonito lo que ocurre allí', dice Rodríguez, refiriéndose a la última ruta de diablos rojos. ‘Es gente que se ordenó, alquilaron un espacio, uniformaron el color de sus buses y hasta crédito tienen para comprar llantas', insiste.

Esa misma ruta ilegal, aupada por el Sicotrac, batalla con otra, llamada TransQ, que aunque no tiene permiso del Gobierno, se gestiona sola y emite sus propios permisos de operación. Como esa, hay cinco empresas más.

Fuera del debate por la ilegalidad o no del servicio, hay que considerar otro fundamental componente en esta compleja situación: la rentabilidad del negocio. Los cálculos más conservadores indican que sólo con cuatro servicios diarios, a $1 promedio de pasaje (empieza en $0.50 y se extiende hasta los $2), el sistema de buses ilegales generaría $90 mil diarios. En un mes son $2.7 millones. Y en un año, $32.4 millones.

Sólo en los primeros nueve meses de 2014, la Contraloría General de la República había contabilizado la venta de 1,152 buses, 127% más que en el mismo período del año anterior. El negocio de venderlos dejó entonces $34.5 millones.

==========

NÚMEROS

Unas 750 mil personas utilizan transporte público en la capital