Sáez Llorens a la fiscalía, por tercera investigación

Guillermo Sáez Llorens, director general de la Caja de Seguro Social (CSS) durante el periodo 2009-2014 enfrenta tres procesos en el Ministerio Público. Por uno de estos expedientes ha sido llamado a juicio preliminar el próximo 19 de mayo y por otro rendirá indagatoria hoy.

PRIMER CASO: ALQUILERES

Por el alquiler de 32 locales en el Centro Comercial El Cruce, la Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió investigación contra Sáez Llorens y otros miembros de su equipo directivo: Alberto Maggiori, Indira Frauca y Lineth Monterrey.

A los mencionados en el párrafo anterior se les llevará a juicio preliminar el próximo 19 de mayo por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

La denuncia de este caso fue interpuesta por Pedro Montañez, sobreviviente del envenenamiento masivo con el dietilenglicol. Según el demandante, estos espacios comerciales por los que la CSS pagó $1.3 millones nunca se utilizaron.

El contrato de este arrendamiento fue firmando por Sáez Llorens y Fotis Antonio Taquis, presidente y representante legal de Irnico, S.A., la arrendadora, la entidad pagará $36,825 al mes por 36 meses prorrogables. El 26 de julio de 2013 se hizo efectivo el primer pago.

El uso de estos fondos fue autorizado por la Junta Directiva de la Caja en octubre de 2012 y refrendado el 2 de enero de 2013 por la entonces contralora Gioconda Torres de Bianchini.

En noviembre de 2014, la Dirección de Comunicación de la CSS informó a La Estrella de Panamá que en los inmuebles rentados no se brindaba atención médica.

SEGUNDO CASO: ‘CIUDAD HOSPITALARIA'

En mayo de 2015, organizaciones como el

Frente por la Defensa de la Democracia, la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, la Alianza Estratégica Nacional, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la Comisión Médica Negociadora Nacional, el Frente Amplio de Colón solicitaron al Ministerio Público la nulidad del contrato de la ‘Ciudad Hospitalaria'.

Por este caso, Sáez Llorens enfrenta acusación de la presunta comisión de peculado. La fiscal Janeth Rovetto también señaló al médico Javier Díaz, que en ese entonces ocupaba la Dirección Nacional de Prestaciones de Salud de la entidad.

GUILLERMO SÁEZ LLORENS
EXDIRECTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

‘Esta administración se ha caracterizado por hacer auditorías amañadas. La de SAP fue hecha por personal no idóneo'

Otros altos exfuncionarios mencionados en este expediente son Alberto Maggiori, Lizka Richards, Linnet Monterrey, Mirian de Sucre y Nelson Dueñas.

Este proyecto fue adjudicado por $587 millones a la empresa española FCC Construcciones. Antes de que terminara la gestión de Sáez Llorens, se aprobó disminuir el monto inicial, quedando en $517 millones, a cambio de pagos por avance de las obras.

Con esta modificación se variaron las reglas del contrato, que obligaba a la CSS a pagar cuando el contratista entregara las llaves del proyecto.

En octubre de 2014, con la llegada de Estivenson Girón a la dirección de la entidad, tras ordenar una revisión al proyecto, se informó de una serie de anomalías en la construcción del hospital más grande de la región.

TERCER CASO: SAP

Vicente Eduardo García, ejecutivo de la empresa SAP Internacional, confesó que fue parte de un esquema para sobornar a oficiales panameños para asegurarse contratos de tecnología', informó el FBI a través de un comunicado que se publicó el 12 de agosto de 2015.

Según García, que fue condenado luego a 22 años de prisión, la empresa pretendía concretar varios contratos en distintas entidades del Gobierno panameño por $150 millones.

El dinero de las coimas, según el testimonio del condenado, garantizaba los contratos se repartían en porcentajes a los altos funcionarios y un particular. Uno de los contratos explicados por García coincidía con uno de la CSS.

El Ministerio Público abrió una causa de oficio por este caso, pero Sáez Llorens no está vinculado a los sobornos, sino por las anomalías en la contratación e instalación de un Sistema Integrado de Gestión de Procesos Gubernamentales (GRP) para las 150 unidades ejecutoras (oficinas administrativas, policlínicas y hospitales) de la CSS, contrato pactado por $14.5 millones.

La Fiscalía Sexta Anticorrupción usó como referencia un informe de auditoría que revela inconsistencias en el contrato que firmó Sáez Llorens con el representante de un distribuidor de SAP, Advanced Consulting Panamá, S.A., Mauricio Deveaux Beltran.

Sáez Llorens, por su parte, señaló que esta administración (la de Estivenson Girón) se ha caracterizado por realizar auditorías amañadas.

‘El de SAP es otro caso amañado en el que no se nos permitió hacer descargos', manifestó.

Aseguró que esta auditoría fue elaborado por un personal no idóneo, sin conocimiento en el área de tecnología ni en equipos de sistema.

‘Es tan vago', según Sáez Llorens, que se pidió la valoración de otras instituciones para respaldarlo.

A Sáez Llorens se le imputan cargos de peculado y corrupción de servidores públicos en este caso, confirmó el Ministerio Público.

En cuanto al caso que se le sigue por los locales del cruces, Sáez Llorens dijo que estos se usaron. La administración de Girón no comparte este señalamiento de su antecesor.

COMENENAL

Julio Osorio, directivo de la Comisión Negociadora Médica Nacional, señaló que es lamentable que una persona con un nombre y apellido como el de Sáez Llorens haya quedado en proceso indagatorias producto de aparentemente torcer las contrataciones públicas.

‘Pero no lo vamos a juzgar hasta tanto no se cumpla con el proceso', añadió.

El médico advirtió a la actual administración, de Estivensón Girón. ‘Que se miren en ese espejo los actuales directores porque hay que ser transparente y evitar promover contrataciones con sesgos'.

El médico puntualiza que lo está le pasando a Sáez Llorens es la misma dinámica de otras administraciones, que han usado las contrataciones públicas para favorecer amigos y proveedores de círculos políticos.

Con información de Carlos Atencio y Marlene Testa

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IDONEIDAD EN ENTREDICHO

Auditoría de la ‘Ciudad Hospitalaria' podría tener visos de ilegalidad

Una denuncia interpuesta por el abogado Marlon De Souza pone en entredicho una prueba del caso de la Ciudad Hospitalaria, proyecto adjudicado por $587 millones.

El 3 de marzo de 2016, el exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) presentó ante el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos de Panamá José Tuñón y ante el secretario de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Omar González , una denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión de Juan Ferrer, jefe de la Oficina de Coordinación de Infraestructura de la Ciudad Hospitalaria.

El documento señala que Ferrer respondió preguntas que le hiciera la Dirección de Auditoría Interna de la Caja de Seguro Social sobre la construcción del proyecto sin contar con la idoneidad correspondiente para hacerlo.

De Souza sustenta su tesis en un documento emitido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que revela que Ferrer ‘no se encuentra inscrito en los registros de profesionales idóneos'.

La nota emitida el 6 de enero de 2016 fue firmada por Omar González, secretario del Pleno de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

El informe preparado por Ferrer fue utilizado por la Dirección de Auditoría de la CSS para sustentar una querella por supuestas irregularidades en la construcción del proyecto, caso que está siendo investigado por la Fiscalía Quinta Anticorrupción, explica el documento.

Juan Carlos Araúz, del Co Colegio Nacional de Abogados, explicó que habría que evaluar como se presentó el ingeniero ante la fiscalía, si como un idóneo como un perito, lo que pudiera arrojar un indicio de un delito.

En cuanto a la auditoría, Araúz considera que podría ser invalidada.

‘Su esencia podría ser descartada como una prueba válida del caso', detalló Araúz.