Comisión técnica se reunirá la otra semana

Actualizado
  • 10/06/2016 02:00
Creado
  • 10/06/2016 02:00
Se convocará a una reunión de la comisión técnica para conocer sobre las afectaciones que tendría el llenado de prueba de la represa

La próxima semana, se convocará a una reunión de la comisión técnica para conocer sobre las afectaciones que tendría el llenado de prueba de la represa de la hidroeléctrica de Barro Blanco.

El anuncio surgió durante la mesa de diálogo de Alto Nivel y tras la incomodidad de miembros de la Comarca Ngäbe Buglé por posibles afectaciones por el llenado de prueba de la presa necesario para confirmar el funcionamiento de la obra.

Fue durante esta misma mesa de diálogo, presidida por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo, que el gobierno presentó la propuesta de realizar esfuerzos para que el proyecto hidroeléctrico sea administrado y operado por un nuevo grupo de profesionales especializados en operación y mantenimiento de este tipo de centrales.

Ante la posibilidad de que Genisa abandone el proyecto para llegar a un acuerdo con los indígenas, la canciller señaló que le han dicho claramente a Genisa que la posición de las autoridades tradicionales es que ellos deben salir del proyecto, pero ‘nosotros somos respetuosos de la seguridad jurídica (...) y ellos tendrían que tomar esa decisión'.

El diálogo con los indígenas empezó en julio de 2015 y ya han logrando establecer un cronograma para subsanar las incomodidades indígenas en los aspectos ambientales, sociales y culturales. Aún negocian el aspecto económico- financiero, razón por la cual se están haciendo las pruebas de llenado.

La hidroeléctrica Barro Blanco, limítrofe con la comarca indígena Ngäbe Buglé, a un costo de $78.3 millones, pertenece a la empresa panameña Generadora del Istmo S.A. (Genisa) y está financiada por los bancos Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); el holandés Fondo para los Mercados Emergentes (FMO) y el Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones (DEG).El proyecto fue suspendido en febrero de 2015 por incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental cuando llevaba un 95% de avance.

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