Aparecen las facturas que originaron pesquisas de EEUU

Estados Unidos basó su investigación contra el empresario Abdul Waked, incluido en la ‘Lista Clinton' contra el narcolavado, en un allanamiento de 2006 que la justicia panameña consideró como inválido por haber sido ‘construido de manera unilateral por la policía', y en el que, además de facturas al Grupo Wisa, se hallaron casi 200 más de unas 60 empresas de la Zona Libre de Colón.

GUILLERMINA MCDONALD

‘No entiendo por qué la DEA hace ver que sólo se recibieron facturas del Grupo Wisa'

ABOGADA DE WAKED

El listado de compañías, adjunto a un extenso expediente que la Sala Penal de la Corte Suprema envió hace poco al Ministerio Público para investigar a Waked, y a los que La Estrella de Panamá tuvo acceso, señala a 63 empresas de la zona franca, que habían facturado y recibido $3.4 millones en cuatro meses de una serie de beneficiarios naturales y jurídicos.

Los documentos fueron hallados en el auto y la residencia del libanés Alí Fares, a quien el Ministerio Público investigaba por blanqueo de capitales y relacionaba con dos mexicanas que introdujeron poco más de $400 mil por el aeropuerto de Tocumen sin declarar ni sostener su procedencia lícita.

Fares fue arrestado el 16 de agosto de 2006 (y absuelto en 2013), cuando fue por $217,295 al Hotel El Parador, en Bella Vista, donde se hospedaba la mexicana Ariadna Hernández, una de las sentenciadas por el caso. Ahí fue cuando empezó la investigación estadounidense.

En la extensa lista judicial figuran 75 facturas sin identificación, por poco menos de $1.4 millones, casi la mitad del monto total de las cuentas halladas. La mayoría de ellas fueron emitidas entre el 1 y 16 de agosto de 2006.

Otras nueve, que suman $230 mil, sencillamente no tienen emisor ni fecha.

Grupo Waked Internacional S.A. (Wisa), de la que Abdul Waked es cabeza, aparece como el emisor identificado de siete facturas que suman $248 mil. La primera data del 8 de mayo de 2006, por $12 mil. La más cuantiosa fue por $131 mil, y la última por $9 mil.

La compañía Tango emitió nueve facturas por $156 mil 500 en total. La firma, presidida por Eduardo Bemberg, aparece como disuelta ante el Registro Público. Le sigue, Epcot, en la que figura la familia Chrim, y que pasó dos facturas que suman $105 mil.

OTRAS FACTURAS IMPORTANTES

La documentación judicial en la que, según el embajador estadounidense en el país, John Feeley, se basó la investigación contra Waked, también muestra que la tienda Panafoto giró seis facturas por $84,200, y que Motta Internacional, liderada por el acaudalado empresario Stanley Motta, pasó cuatro cuentas por $67,600.50. La primera de ellas data del 25 de mayo de 2006, por $45 mil.

Víctor Adrián Hoyos aparece como el beneficiario la primera factura de Motta Internacional, así como de una de $55 mil que emitió Wisa el 8 de mayo de 2006. Ese mismo día recibió factura por $15 mil de la sociedad Paris Zona Libre.

La empresa Rafkas, continúa el documento policial, emitió una sola cuenta por $60 mil, el 28 de abril de 2006, a favor del Almacén El Campeón.

Otras 15 compañías giraron hasta seis facturas cada una por entre $30 mil y $47,500, y ocho presentaron cuentas por entre $20 mil y $30 mil.

El informe, actualizado a junio de 2016 y en manos ahora del fiscal Markel Mora, a cargo de la investigación contra Waked, establece que otras 20 empresas pasaron facturas por entre $10 mil y $20 mil, y otras 14 entregaron recibos y facturas por debajo de ese monto.

La documentación muestra que la mayoría de las facturas y recibos de caja se referían a ‘abonos a cuentas', ‘a cuentas cash', ‘pedidos del cliente', ‘compras futuras' o, simplemente, no informaban sobre las razones por las cuales se recibía el dinero.

ARGUMENTOS Y CONTRAARGUMENTOS

La Policía sostuvo en su momento que, de acuerdo con el relato de Alí Fares, había depositado en empresas de la Zona Libre de Colón el dinero que había recogido en la habitación de la mexicana Hernández, más otros $200 mil que había buscado días antes donde otra mexicana de nombre María Fernanda Reyes, hospedada en el mismo Hotel El Parador, y otro monto que recibió semanalmente ($2 millones en cada período) durante ‘cuatro o cinco años'.

‘En la indagatoria, Alí Fares reiteró que los recibos eran de un colombiano ‘Diego', a quien no sabe localizar, pero luego adujo que eran de diversos clientes desconocidos, a quienes no debe preguntar mucho', sostiene la foja 8,281 del expediente sobre el caso.

Sin embargo, Guillermina McDonald, abogada de Waked en Panamá, asegura en las indagatorias incluidas en el expediente que llegó al Ministerio Público el investigado ‘jamás' incriminó a empresas de la Zona Libre.

‘Todas las facturas fueron sustentadas', sostiene McDonald. La foja 8,284 del expediente relata que ‘las empresas de la zona franca (Colón) coincidieron en indicar que (los recibos) corresponden a venta de mercancía a sus clientes'. Más adelante, en la 8,297, la Sala Segunda de la Corte establece que las compañías de la Zona Libre mostraron copias de las facturas, recibos y estados de cuenta que justificaran dichos millonarios endosos.

‘Entonces no entiendo por qué la DEA hace ver que sólo se recibieron facturas de Wisa', se pregunta McDonald, quien en base a ello duda de las razones con las que EE.UU. justifica ahora el proceso contra Waked y sus empresas, entre ellas las tiendas La Riviera y el Grupo Editorial El Siglo-La Estrella.

LA EXTRAÑA BASE DE EE.UU.

Según McDonald, EE.UU. hala de un ‘un supuesto fuera de todo contexto‘, fueron investigadas todas las empresas de la Zona Libre de Colón y no se halló nada'.

Fares fue liberado de cargos en 2013 por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que, frente a un recurso de casación a un fallo absolutorio del Segundo Tribunal Superior de Justicia (STS), ratificó que no había cometido ilícito alguno.

El STS basó su decisión, entre otras cosas, en que las confesiones de los procesados durante el allanamiento a la residencia de Fares ‘no constan' en el acta oficial.

El informe del allanamiento, declaró el tribunal de todos modos, no era ‘un medio idóneo para vincular a una persona' porque es construido de manera unilateral por la policía. De eso se quejó en 2009 el entonces fiscal de Drogas José Abel Almengor, quien sucedió a José Ayú Prado, el primer fiscal del caso y quien se volvió a topar con el expediente ya como magistrado de lo Penal. La Sala Segunda también resolvió a favor de Fares, por considerar que no se garantizó imparcialidad del allanamiento al no estar presente los abogados de los acusados.

Almengor también replicó que el STS no tomó en cuenta el testimonio de Khalid Hammoud, un empresario quien aseguró haberse acercado a Farés una vez, cuando este estaba en compañía de supuestos clientes, pero que no le constaba que dichas personas hicieran compras a gran escala en la Zona Libre.

Fares, de hecho, aseguró a la justicia dedicarse, entre otras cosas, a llevar clientes extranjeros de compras a Colón. Y esas, estimó la justicia panameña, eran las facturas en las que se basa ahora Estados Unidos.