Bernal pide se investigue ‘caso PSA', en la ACP

Actualizado
  • 17/08/2016 02:00
Creado
  • 17/08/2016 02:00
Para Bernal, catedrático constitucionalista, hay motivos suficientes para que la Contraloría investigue lo que considera ‘irregularidades'

El abogado Miguel Antonio Bernal solicitó al contralor general de la República, Federico Humbert, que investigue y dé a conocer toda la información necesaria sobre la Ley 2 del 10 de enero de 2015, que otorga la concesión para el desarrollo y operación de un puerto multimodal en el lado Pacífico del Canal de Panamá.

El abogado también denunció que Panama International Terminal, S.A. (PSA), ‘ante el desconocimiento de la opinión pública, procedió a realizar rellenos sin pagar y sin los debidos permisos ambientales'.

Entre los cuestionamientos que presenta el documento entregado por Bernal al contralor, se indica que de todos es conocido que la información y documentación del Canal con PSA ‘se ha manejado en la oscuridad y en flagrante violación a la ley y a la Constitución'.

DENUNCIAS

La solicitud de Bernal se suma a los cuestionamientos dentro y fuera de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por facilidades que serían otorgadas a la empresa PSA en el área de Corozal.

El pasado 10 de agosto, la empresa Panama Ports Company (PPC), con terminal portuaria en la misma ribera canalera, elevó un reclamo a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. En una carta enviada a Roberto Roy, presidente de la directiva, PPC solicitó que se evalúe, en igualdad de condiciones y trato justo, el pedido de ampliación que realizó PSA, el 29 de octubre de 2015 .

Para la compañía, ‘se sobreentiende que por parte de la ACP, la intención no es otra que autorizar que se celebre otro contrato de concesión con PSA o modificar el existente, para así otorgar el uso de área adicional para sus operaciones a PSA'.

Esto sería en el mismo sector, ‘a lo que nos oponemos formalmente y lo rechazamos', denuncia la carta firmada por Raymond Chan, gerente general de Panama Ports Company.

Para Bernal, catedrático constitucionalista, hay motivos suficientes para que la Contraloría investigue lo que considera ‘irregularidades'.

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