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25 de Oct de 2020

Nacional

Deficiente, la autopista Arraiján-La Chorrera

El contralor Federico Humbert pide al ministro de Obras Públicas ejecutar la fianza de cumplimiento para concluir los trabajos pendientes

Deficiente, la autopista Arraiján-La Chorrera
El proyecto fue adjudicado al Grupo Suárez, que lo cedió a la empresa TCT.

La autopista Arraiján-La Chorrera presenta defectos en la rodadura de carpeta asfáltica, trabajos por concluir y requiere múltiples reparaciones. Estas deficiencias fueron expuesta por el contralor de la República, Federico Humbert, en una carta enviada, el pasado lunes, al ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.

En la misiva, el contralor Humbert solicitó al ministro Arosemena ejecutar la fianza de cumplimiento por los trabajos de diseño y construcción del proyecto de rehabilitación y ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera.

La medida busca, señala la carta, exigir que se concluya los trabajos pendientes, se corrija las deficiencias y la obra sea terminada, tal como se señala en los planos, a la brevedad posible.

‘Aprovechamos para señalarle que si se encuentran deficiencias en el proyecto, el no solicitar la ejecución de la fianza de cumplimiento antes de su vencimiento podría considerarse una lesión patrimonial', concluye Humberte en el documento.

En un comunicado de la Contraloría, se citan palabras de Humbert que cuestiona el trabajo realizado, que estuvo a cargo de la empresa Transcaribe Trading (TCT). ‘Cualquier ciudadano que transite por esta autopista puede percatarse de las deficiencias en el trabajo que se hizo', afirmó el contralor.

Humbert recuerda, en la misiva, que el proyecto fue recibido ‘sustancialmente' el 18 de marzo de 2013 y tuvo un costo total de $161.8 millones. ‘Es inaceptable que ya presente baches y desprendimiento del asfalto', recalcó Humbert.

El proyecto fue licitado a principios de 2009 por el gobierno de Martín Torrijos y la constructora Grupo Suárez se alzó con el acto público por el precio de $149.9 millones. Federico Suárez, uno de los accionistas de la empresa, fue designado ministro de Obras Públicas por el gobierno de Ricardo Martinelli y cede el contrato a TCT, del empresario bocatoreño David Ochy.

Como ministro del MOP, Suárez firmó las primeras dos adendas al contrato, que elevó el costo de la obra a $152 millones.

Suárez sale del ministerio en medio de denuncias por supuestos sobrecostos en el proyecto. Como ministro de la cartera, fue designado Jaime Ford, quien otorgó una tercera adenda al contrato, que terminó por elevar el proyecto a $161.8 millones.

Después del cambio de gobierno, en julio de 2014, la Comisión de Infraestructuras y Asuntos del Canal de la Asamblea realizó una auditoría al proyecto y determinó que hubo precios inflados en algunos trabajos.

Sin embargo, la carta del contralor no hace referencia a posibles sobreprecios.

DENUNCIAS Y AUDITORÍA

La obra fue licitada en 2009 por el gobierno de Martín Torrijos

La obra se adjudicó por la suma de $149.9 millones, pero se le hicieron varias adendas que elevó el costo.

Un informe de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea determinó que hubo inflación de precios en algunos trabajos.