Nuevo Colón: residentes con casas, pero sin título de propiedad

Residentes de la barriada Nuevo Colón I y II no solo ya pagaron sus viviendas al Banco Hipotecario Nacional (BHN), sino que han invertido en ampliaciones y mejoras. Sin embargo, ocupan una propiedad que legalmente no les pertenece.

Esa es la historia de unas 600 familias que compraron una casa en la barriada, inaugurada en 1978, cuando el país era gobernado por el general Omar Torrijos Herrera.

‘PAGAMOS LA CASA E INVERTIMOS EN MEJORAS, PERO NO TENEMOS EL TÍTULO',

SONIA ANAYA

RESIDENTE

El Ministerio de Vivienda construyó el proyecto y el BHN les financió las casas. Eran familias que vivían, en su mayoría, en casas condenadas en el centro de Colón y la nueva barriada, ubicada en Sabanitas, les daba la oportunidad de obtener una residencia propia, sin importar en ese momento que la zona era considerada ‘distante' de la urbe colonense.

Para construir el proyecto, en 1974 el gobierno militar compró la finca 6702 a la sociedad Constructora Progreso, S.A.

En 1988, más de una década después de construida la barriada, la sociedad Berasvas, S.A., cuyo representante es Roberto Berástegui, compró la finca 3833, que había sido constituida en 1946 producto de una segregación de la finca 263. Sin embargo, al detectar que la finca 6702, que había adquirido el BHN, traslapaba su propiedad, presentó diversos reclamos a la entidad, que fueron desestimados por las autoridades de la época.

Con la instauración de los gobiernos democráticos, Berástegui reanudó los procesos para que las autoridades reconocieran el traslape de los planos y se les indemnizara, en vista de que la mayor parte de la barriada Nuevo Colón se había construido sobre la finca de 3833; es decir la de Berasvas, S.A.

En 1992, el Banco Hipotecario Nacional reconoció el traslape sobre la finca 3833, mediante la Resolución No. 4-1 del 20 de febrero de 1992 de la junta directiva de la entidad bancaria. ‘Por las investigaciones hechas se ha podido determinar que el proyecto Nuevo Colón fue desarrollado sobre la finca No. 3833 de propiedad de la sociedad anónima Berasvas, S.A.', señala la resolución.

Los directivos del banco ordenaron la segregación y el traspaso a título gratuito del lote ocupado para la construcción de la barriada, que suma 28.8 hectáreas.

La firma de abogados Rosas y Rosas demanda, en representación de Plutarco Castillo, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la resolución del BHN.

En 1977, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la resolución del BHN, alegando que no contaba con el refrendo de la Contraloría y que hasta ese momento no se había determinado si existía un traslape de los planos de una finca sobre los de otra.

Para 1992, algunas familias ya habían cancelado el préstamo adquirido con el BHN para la compra de la casa, cuyo precio era de $8,000.

Tal es el caso de Elida de Ruiz, quien hasta la fecha no cuenta con el título de propiedad, solo un documento de la entidad bancaria estatal que certifica que canceló la deuda.

En las postrimerías del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, el Ministerio de Vivienda emitió el Decreto Ejecutivo No. 34 del 28 de agosto de 1998, mediante el cual ordena la expropiación de la finca 3833 ‘por motivo de interés social, a favor del Banco Hipotecario Nacional'. El Decreto fue firmado por el entonces presidente y el ministro de Vivienda interino, Rogelio Paredes.

Berástegui pensó, en ese momento, que la historia de su finca terminaría y podría reclamar al Estado el pago de la propiedad.

La firma legal Rosas y Rosas demanda ante la Corte Suprema el Decreto Ejecutivo No. 34 del 28 de agosto de 1998, alegando que ‘los terrenos que supuestamente pertenecen a la finca 3833 (...) pertenecen en realidad a la finca 6702' y que es de propiedad del BHN desde 1974, cuando la entidad bancaria la compra a la sociedad Constructora Progreso. Según la demanda de Rosas y Rosas, la finca 6702 tiene una superficie de 48.2 hectáreas.

La Sala Tercera, mediante fallo del 7 de agosto de 2001, declaró nulo el Decreto Ejecutivo.

Cuatro años antes, el 7 de agosto de 1997, el Juzgado Segundo Civil de Colón había emitido un fallo en el que ordenaba la ‘corrección del área, medidas y linderos' de la finca 6702. El fallo es por una solicitud del propio banco, que alegó que la finca 6702 ‘aparece inscrita en el Registro Publico con un área de 46 hectáreas, cuando en realidad dicha finca tiene una superficie de una hectárea'.

El Juzgado Segundo Civil de Colón consideró, según el fallo, que las pruebas y el dictamen pericial ‘acreditan plenamente que la finca 6702 está montada o sobrepuesta plenamente sobre la finca 3833'.

El Juzgado también ordenó al Registro Público ‘reducir' la finca a su ‘área real que es de una hectárea más 3,790 metros cuadrados'.

El fallo fue apelado por el propio BHN, la firma Rosas y Rosas ante el Primer Tribunal Superior de Panamá, que determinó, en un fallo del 15 de febrero de 1999, ‘sustracción de materia', en vista de que para esa fecha el Ministerio de Vivienda había decretado la expropiación de la finca 3833 y la Sala Tercera de la Corte aún no se había pronunciado sobre el demanda de nulidad contra la expropiación.

Con el fallo de la Corte contra el Decreto Ejecutivo que ordenó la expropiación de la finca 3833, en 2001, el proceso ‘quedó en cero', alega Berástegui. Por un lado no se resolvió la expropiación para que parte de la finca 3833 pasara a propiedad del BHN y por otro, tampoco se terminó de dilucidar los límites de ambas fincas.

El fallo de la Sala Tercera, sin embargo, ordenaba al Registro Público inscribir la finca 3833 a nombre de la sociedad Berasvas, S.A., toda vez que la expropiación no podía darse a través de una decisión administrativa, sino judicial.

El gobierno de Martín Torrijos se interesó en el tema hasta el punto de que el viceministro de la Presidencia, Dilio Arcia, preparó un informe del caso, en el que concluye que ‘es entendible el reclamo de Berasvas en el sentido de que se verifique los linderos de su finca'.

En el 2006, Berástegui volvió a los tribunales y presentó ante el Juzgado Segundo Civil de Colón un proceso ordinario de deslinde y amojonamiento. El 31 de mayo de 2011, el Juzgado falló a su favor y ordenó al Registró Público corregir la superficie y medidas de la finca 6702 dejándola en una hectárea más 3,790 metros cuadrados.

El BHN apeló y el Primer Tribunal Superior de Panamá confirmó, mediante fallo del 12 de febrero de 2014, la sentencia del Juzgado Civil de Colón.

El Banco presentó ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación que hasta la fecha no ha sido resuelto.

Mientras, los residentes aún no han podido recibir sus títulos de propiedad. Algunos, incluso, son herederos de sus padres ya fallecidos; sin embargo, la falta de título de propiedad les ha impedido hacer el traspaso que corresponde.

‘Nos tienen en ascuas', narraron los residentes reunidos en la casa de Anaya para hablar sobre el tema.

Elida de Ruiz también contó que aunque terminó de pagar su vivienda en 1990, aún no tiene su título de propiedad. Otros alegan que desean traspasar la residencia a sus hijos y no han podido.

Las historias no terminan. Algunos dicen haber pagado de más y que ahora el BHN no les devuelve el dinero, alegando el litigio en que se encuentra la finca.

Gloriana De Lucca, gerente de Operaciones del BHN, afirmó que mientras no se resuelva el proceso de casación, no se podrá definir la situación. Pidió a los residentes que pagaron de más que se acerquen a las oficinas del BHN para resolver el tema, en vista de que la devolución del dinero no está relacionada con el litigio.

Berástegui también espera que la Corte resuelva el proceso de casación para buscarle una solución del traslape de los planos de la finca y que se le indemnice por el uso de la propiedad.