07 de Ago de 2022

Nacional

Reformas a la abogacía, una propuesta sin consenso

El informe final del Comité Independiente de Expertos pone sobre el tapete la necesidad de actualizar la Ley 9 de 1984, que regula la profesión del derecho

El informe final del Comité Independiente de Expertos, que fue creado para revertir los efectos del escándalo provocado por las publicaciones de los ‘Papeles de Panamá', puso sobre el tapete, una vez más, la necesidad de modernizar la norma que rige el ejercicio de los juristas.

Las recomendaciones incluidas en el documento elaborado por Alberto Alemán Zubieta, Roberto Artavia, Nicolás Ardito Barletta, Gisela Álvarez de Porras y Domingo Latorraca apuntan a actualizar dicha norma para que los abogados que asesoren a los usuarios de la plataforma internacional de servicios mantengan ‘estándares éticos y de desempeño profesional'.

‘Los servicios de agentes residentes (...) deben estar sujetos a supervisión y regulación', explica el documento divulgado este lunes.

El informe de los expertos fue motivado ante las críticas y acciones contra el sistema financiero nacional y el modelo que funciona en el territorio fiscal panameño, luego que estalló el escándalo de los denominados ‘Papeles de Panamá'.

La filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca reveló cómo algunas personalidades del mundo político, empresarial y hasta deportistas utilizan la estructura de las sociedades offshore y las bondades del sistema financiero nacional para ocultar propiedades, ganancias y evadir impuestos.

CREACIÓN DE SOCIEDADES

Nelson Delgado, miembro de una agrupación de universidades privadas que promueve cambios a la norma legal que regula esta profesión, señala que la abogacía se está viendo como una ‘forma de hacer dinero'.

Delgado señala que la recomendación de los expertos se refiere a la información que se debe rendir al Estado sobre la debida diligencia en la constitución de los pactos sociales, quiénes son los dueños de las sociedades, etc. Pero, esa disposición cubre los grandes bufetes que crean sociedades, que no son muchos. ¿Y el resto (de las firmas)?, se pregunta Delgado.

El politólogo y profesor de la cátedra de Ciencias Sociales en la Universidad de Panamá (UP)

‘SE TRATA DE QUE LA COMPETITIVIDAD DE UN ABOGADO SE TRADUZCA EN GARANTÍA PARA EL CIUDADANO',

JUAN CARLOS ARAÚZ

ENCARGADO DEL CNA

Richard Morales señaló que el problema fundamental no está en la educación del abogado, sino en las prácticas de las grandes firmas que son las que tienen los vínculos con el poder político y económico que les permite dedicarse a lo expuesto en los ‘Papeles de Panamá'.

‘Culpar la formación de un abogado es un pretexto para ignorar la responsabilidad que tienen las grandes firmas que se dedican a negocios turbios', concluye Morales.

Con respecto a las recomendaciones del Comité Independiente de Expertos, Alfonso

‘DEBEMOS ESTAR ACTUALIZADOS EN TODOS LOS TEMAS, NO SOLO EN EL DE LOS AGENTES RESIDENTES',

ALFONSO FRAGUELA

PRESIDENTE DEL MAG

Fraguela, del Movimiento de Abogados Gremialista (MAG), señala que hay que analizarlas a profundidad para abrir el debate del tema entre los juristas.

‘Debemos estar actualizados en todos los temas, no solo en el relacionado a los agentes residentes', considera Fraguela..

‘La ley panameña ha ido cediendo espacios, incluso, hoy se maneja la política conoce al cliente', recordó Fraguela con relación a las legislaciones que se han ido creando para alcanzar la transparencia financiera en la constitución de las sociedades anónimas.

Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados (CNA), en este aspecto, señaló que el abogado debe cumplir con una garantía constitucional ‘que es el legítimo uso de los servicios profesionales (...). '. Cuando una sociedad se ve envuelta en una situación de tipo penal, el abogado debe ser el enlace entre el dueño y la justicia.

En abril de 2015, el Gobierno panameño promulgó las reformas a la ley de acciones al portador para conocer el beneficiario final de las sociedades anónimas.

La propuesta del Comité de Independiente de Expertos de reformar el marco legal de los abogados no es la primera. Fraguela recuerda que previamente se ha intentado modificarla -Ley 9 de 18 de abril de 1984 - , pero los cambios propuestos han generado inconformidad .

En el último año, se presentó una propuesta conjunta entre el CNA y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que introduce el establecimiento de una escuela judicial para atender los aspectos relacionados a la elaboración, convocatoria, aplicación, evaluación y revisión del examen profesional bajo la coordinación de un consejo evaluador, pero el proyecto se encuentra engavetado después de una serie de protestas de estudiantes de derecho de la UP.

Araúz respalda una actualización en el marco regulatorio consciente de que el papel del jurista panameño ha adquirido relevancia producto de los servicios internacionales que pueden ofertarse bajo el calificativo de ‘sociedades offshore '.

Araúz considera que los abogados deben contar con una educación continua y de forma obligatoria para mantenerse actualizado en un mundo que evoluciona no solo en cuanto a leyes, sino también en prácticas de tipo corporativo.

En cuanto a los abogados nuevos, Araúz es de los que recomienda una prueba de conocimiento antes de la obtención de la idoneidad que otorga la Corte.

‘El tema es que quienes fracasen en el examen no podrán ejercer la abogacía; es decir, no tendrán derecho a trabajar. y eso es inconstitucional. El examen va ligado a la idoneidad', refutó una abogada que pidió no ser identificada.

‘Se trata de que la competitividad de un abogado se traduzca en garantía para el ciudadano cuando requiera sus servicios', responde Araúz para defender su propuesta.

Fraguela, por su parte, señaló que la capacitación constante de los abogados debiese ser ‘bien vista' porque eso representa ‘excelencia profesional'.

Delgado, sin embargo, piensa que los primeros cambios en el marco regulatorio deben estar enfocados en la formación de los valores éticos y profesionales.

Los profesionales del derecho deben formarse con principios éticos y morales para que tengan una visión social y ‘esto debe estar incluido en los planes académicos' de cualquier centro de estudios.

‘El abogado no es el que obtiene una idoneidad, sino el que se forma con los principios para serlo', reflexionó el representante de las universidades privadas, al recordar que existe una propuesta que busca regular la expedición de las idoneidades mediante la aplicación de un ‘examen de barra' que demuestre la competencia de los nuevos profesionales.

Tres abogados ingresan diariamente al sistema

El número de abogados idóneos para ejercer en el territorio panameño ha crecido exponencialmente desde que se iniciaron los registros estadísticos de esta profesión. En 2009, cuando más idoneidades se emitieron, entraron al sistema 103 abogados mensualmente, un promedio de 3.4 diarios.

El reporte de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia indica que existen 22,437 abogados idóneos en Panamá.

Este mismo documento establece que entre 1920 y 1925 se emitieron 375 idoneidades, mientras que entre 2011 y 2016 se emitieron 6,567.

En el año 2000, se reportaron 702 idoneidades entregadas.

Antes de ese año, el promedio anual de certificados emitidos (entre 1920 y 1999) era de 73.

Las cifras alcanzaron los 1,036 abogados idóneos en 2007 hasta llegar a 1,241 en 2009.

En 2016, los números reportaron una baja , solo hubo 528. Nelson Delgado, de la asociación de universidades privadas para regular el ejercicio del abogado, afirmó que muchos estudiantes ingresan a la carrera pensando en ‘hacer dinero'.

‘No cualquiera que diga yo soy licenciado y estoy haciendo plata es abogado. ¡No! Hay muchos abogados, no estoy diciendo todos, que reciben mil aquí, dos mil acá, tres mil allá y resulta que no le cumplen a nadie. Eso no es ser abogado', advierte el profesor universitario.

El aumento del número de abogados podría estar relacionado con el ingreso al mercado de universidades privadas.

En los últimos cinco años, se han reportado 18 universidades privadas que otorgan el título de abogado. El costo de una carrera completa de derecho en una universidad privada ronda los 7 y 8 mil dólares, en cuatro años, explicó Delgado.

A pesar de ello, sigue siendo la Universidad de Panamá la que mayor cantidad de egresados reporta, con 8,389 idoneidades emitidas desde 1920. Le siguen la Universidad Santa María La Antigua (3,088 idoneidades emitidas) y la Universidad Latina de Panamá (2,520).