12 de Ago de 2022

Nacional

Activistas piden protección de las autoridades

La acción contiene la solicitud de detención preventiva para los activistas de derechos humanos

Activistas piden protección de las autoridades
Magaly Castillo (izq.) advierte que son muchos los casos de intimidación contra activistas pendientes.

Varios grupos de la sociedad civil organizada protestaron ayer por las repetidas amenazas de índole judicial y de otro tipo que sufren panameños que optan por defender los intereses sociales o derechos humanos en el país.

Los pronunciamientos se dieron precisamente el día en que arrancó, en la ciudad de Panamá, la sesión número 159 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uno de los pronunciamientos fue hecho por la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrenta una querella penal por parte de una promotora inmobiliaria acusada de incumplir las normas de construcción urbana.

La querella penal se presentó el 8 de enero de 2016, por la presunta comisión de delito contra la fe pública por parte de la asociación de residentes.

La acción contiene la solicitud de detención preventiva para los activistas de derechos humanos.

Según la asociación, a pesar de que el hecho querellado no constituye delito alguno, la Fiscalía Decimoquinta del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá solicitó un sobreseimiento provisional.

Los abogados de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar presentaron una oposición a la vista fiscal, a fin de que se cerrara la investigación con un sobreseimiento definitivo, pero hasta la fecha las autoridades no se han pronunciado.

‘La interposición de esta querella penal representa una forma de criminalizar la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos', manifestó el abogado Edgar Reyes, vocero de los grupos.

La Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar hace un llamado solidario a otras organizaciones no gubernamentales y a la sociedad panameña para que manifiesten su rechazo a represalias e intimidaciones contra sus activistas.

Otros casos mencionados fueron el de Ligia Arreaga, quien lucha por la defensa de la laguna Matusagaratí, así como el de la activista Larissa Duarte, defensora del río Cobre, en la provincia de Veraguas.