Décimos atrasados, a la espera de la firma de Varela

Cuatro días hábiles tiene el Ejecutivo para tomar una decisión sobre el proyecto de ley 92, que obliga al Estado a pagar los décimos dejados de devengar por los empleados públicos entre 1972 y 1983.

El pago, que le corresponde a más de 80 mil trabajadores públicos y de la empresa privada, representaría un desembolso de $200 millones, dinero que no está contemplado en el presupuesto de 2017.

La fecha límite que tiene el Gobierno es el 4 de enero de 2017, de acuerdo con una nota enviada a La Estrella de Panamá por el propio ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

En reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha indicado que propondrá a los diputados que los dineros incautados en los casos de corrupción sean destinados para responder por las partidas de los décimos.

Entre estos recursos, hay $40 millones que están relacionados a Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otros $50 millones que, según el mandatario, están en ‘otros lugares'.

Hasta el momento, ninguno de estos casos de corrupción ha sido resuelto. Ante esto, el mandatario hizo un llamado al Órgano Judicial para que agilice las condenas y se pueda recuperar el dinero cautelado.

‘Hay dinero congelado en Panamá y en el exterior que le pertenece al pueblo panameño y regresará a las arcas del Estado, pero tiene que haber condenas en firme y asegurar que el sistema judicial agilice las condenas, porque si no ese dinero se queda ahí', señaló el mandatario.

Héctor Ávila, de la Coordinadora Fecha, indicó que el 4 de enero un grupo de jubilados acudirá a la Asamblea Nacional de diputados para solicitar que se agilice el trámite.

Mediante la Ley 17 de 1983, las sumas correspondientes a la segunda partida del décimo tercer mes fueron destinadas al Banco Hipotecario Nacional para un programa de viviendas obrero-campesinas y luego, transferidas a la Caja de Seguro Social, específicamente al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.