Denuncian al contralor y a ministra por contrato de alquiler ficticio

Una nueva denuncia penal, esta vez contra la ministra de Educación, Marcela Paredes, y el contralor general, Federico Humbert, por probables delitos contra la administración pública, presentó ante la Procuraduría General de la Nación, Eduardo Camacho, directivo del opositor partido Cambio Democrático.

Según el denunciante, el pasado 24 de diciembre de 2015, la Contraloría General refrendó un contrato entre el Ministerio de Educación (Meduca) y la empresa Capibara Holdings Corporation, por la suma de $2.5 millones, por el arriendo de 31 oficinas para el Viceministerio de Infraestructura, locales que se ubican en el edificio Terrazas de Albrook.

Camacho, quien apoya su querella en investigaciones publicadas por el diario El Panamá América, entre el 8 y 13 de marzo de 2017, agrega que el Meduca habría pagado un año de alquiler por dichas oficinas sin haberlas utilizado, toda vez que el Viceministerio de Infraestructura no ha sido creado por ley, es decir, no tiene vida jurídica y presuntamente nunca han sido ocupadas.

Sostiene que lo ocurrido se traduce en un posible desperdicio de los fondos públicos, dado que ha transcurrido una tercera parte del tiempo de vigencia del contrato y los 31 locales no han sido habilitados por el Meduca.

Precisa que a la ministra Paredes le corresponde velar por el mejor uso de los fondos asignados para el desarrollo de las funciones que debe cumplir, mientras que al contralor Humbert le toca verificar el cumplimiento de los procedimientos para la administración de los fondos públicos y correcto uso de ellos.

Por ello, sostiene que si se comprueban los hechos denunciados, tanto la titular del Meduca, como el contralor Humbert pudieran haber incurrido en una conducta violatoria de la ley. Por ello, solicita a la procuradora Porcell que inicie una investigación de los hechos supuestos plasmados en su denuncia, y así poder determinar la responsabilidad legal de los funcionarios señalados.

Cita que el artículo 338 del Código Penal contempla pena de prisión de cuatro a diez años para el servidor público que sustraiga o malverse, o consienta que otro sustraiga o malverse dinero, valores o bienes confiados a su administración o custodia. Si la cuantía de lo apropiado supera los $100 mil, y si estuvieran destinados a fines asistenciales o de desarrollo, la pena será de ocho a 15 años de prisión.

Como complemento, pide se realice una inspección ocular al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República, para recabar los documentos relativos al contrato de alquiler ya citado. Así también, una inspección a las 31 oficinas en el centro comercial Terrazas de Albrook, para verificar la ocupación o no de los locales; y determinar en las empresas que brindan servicio de agua, luz y teléfono si existen contratos de estos servicios, para el uso de los supuestos locales.

El pasado 8 de marzo de este año, el orden del día del pleno de la Asamblea Nacional tenía en su octavo punto la discusión en segundo debate del proyecto de ley N°421, por el cual se modifica la Ley 43 de 2008, la cual creó los viceministerios Académico, Administrativo y de Infraestructura. Es decir, aún seguía en discusión.

Esta nueva denuncia se suma a la reciente querella planteada por su copartidario Alejandro Pérez, en contra de la procuradora general, Kenia Isolda Porcell, a quien acusó de supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por haber admitido en un acuerdo verbal con la constructora Odebrecht la decisión de devolver a Panamá $59 millones en sobornos pagados a funcionarios panameños, con el fin de atenuar su culpa en el escándalo de corrupción que la envuelve.