Venezolana y brasileños son condenados por trata de blancas en Panamá
El proceso penal a estas personas se inició por una denuncia interpuesta el 23 de julio de 2015 por una joven venezolana

Dos brasileños y una venezolana fueron condenados a 15 años de prisión en Panamá, por el delito de trata de personas, luego de que un "caudal de pruebas" demostrara que amenazaban y obligaban a sus víctimas a trabajar en actividades de prostitución, indicó hoy una fuente oficial.
La sentencia impuesta a los ciudadanos brasileños Anderson Correa Do Santos y Henrique Rodriguez Da Silva, así como a la venezolana Kimara Consolación Chirinos, fue notificada hoy a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, informó el Ministerio Público de Panamá en un comunicado.
El proceso penal a estas personas se inició por una denuncia interpuesta el 23 de julio de 2015 por una joven venezolana.
Esta mujer, no identificada, explicó que ella y otras dos venezolanas llegaron a Panamá, donde recibieron un préstamo de 3.800 dólares y hospedaje, y posteriormente fueron puestas a trabajar en un lugar dedicado a la prostitución en el área de San Felipe, en el Casco Antiguo de la capital.
Todo ello, según relataron, para que pudieran pagar, mediante abonos diarios de 300 dólares, lo que se les prestó para ingresar a Panamá.
Las tres jóvenes venezolanas lograron fugarse de sus tratantes y llegar a un hotel de la localidad, donde procedieron a denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas, indicando además que habían sido amenazadas y obligadas a trabajar en prostitución.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada comprobó el hecho mediante vigilancia, allanamiento y seguimiento, y ubicó evidencias documentales y testimoniales que vinculan a los condenados con los hechos de trata de personas.
En la fase de alegatos, la fiscalía pidió sentencia condenatoria para los investigados por el delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas.
El tribunal acogió la petición de la fiscalía e indicó que existía un "caudal de pruebas" que se aportó en el proceso y llevó a concluir que se organizó una actividad ilícita para la promoción, financiación y publicidad de la prostitución en Panamá que tenía como objetivo la Trata de Personas a través de operaciones ilícitas, según la información oficial.
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