Comisión Interamericana pide más medidas cautelares para reos de Punta Coco

Ante el riesgo que sufren la vida y la integridad personal de 12 detenidos de la isla penal de Punta Coco, 107 kilómetros al sureste de la capital, en el golfo de Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Gobierno panameño su petición de trasladar de forma inmediata a todos los detenidos actualmente alojados en dicho penal, a un centro que cumpla con los estándares internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.

Así mismo, le solicita abstenerse de trasladar nuevamente a detenidos hasta que este centro cumpla con dichos estándares, y pide ampliar las medidas cautelares emitida con anterioridad en favor de los internos Ricaurte Villasanta, Héctor Moisés Murillo y Luis Manuel Hernández.

Estas medidas también incluyen a las abogadas de los citados presos, Shirley Castañedas y Jessica Canto, quienes denunciaron haber sufrido hostigamientos y amenazas de militares del Servicio Nacional Aeronaval, por su condición de defensoras de dichos detenidos. Ya antes la CIDH las había solicitado en favor de Félix Humberto Paz Moreno, representante legal de los presos, quien también ha sido objeto de acoso.

La decisión de la CIDH está plasmada en la resolución 10/17, Medida Cautelar N°393-15, de 22 de marzo de 2017, que firma su secretario ejecutivo Paulo Abrao, tras haber sido aprobada por su presidente Francisco José Eguiguren Praeli y sus integrantes, entre ellas su vicepresidenta, la panameña Esmeralda A. de Troitiño.

También solicita igual tratamiento para las abogadas Castañeda y Canto, y  permitirles que puedan desarrollar su defensa de derechos humanos, sin que sean sujetas a actos de violencia y hostigamiento por causa del ejercicio de sus funciones.

La Comisión atendió estas peticiones, tras constatar las deficientes condiciones de detención del centro; la falta de tratamiento médico adecuado frente a la grave situación de salud de algunos internos; así como la seria limitación de accesibilidad que tanto familiares como abogados enfrentan para desplazarse a la isla. Ello, señala la CIDH, tiene un severo impacto en su vida familiar, como en el derecho a la defensa y posibilidad de atenderlos en caso de emergencia.

El pasado 7 de octubre de 2016, los representantes legales de los detenidos de Punta Coco pidieron a la CIDH la ampliación de las medidas cautelares para estos privados de libertad en este centro de detención transitoria, así como en favor de sus abogadas. Esta solicitud se reiteró el 3 de febrero de 2017, en favor de Héctor Murillo, Ricaurte Villasanta y Luis Manuel Hernández.

Se indicó en ese momento que varios de estos beneficiarios de medidas cautelares habían sido trasladados de Punta Coco al centro penal La Gran Joya, pero que luego fueron nuevamente llevados a la isla.

Los solicitantes indicaron que los detenidos eran amenazados continuamente con armas de fuego por los militares custodios, y en el caso de Luis Manuel Hernández Ureña, se denunció que fue llevado al patio, en calzoncillos, y obligado a sentarse en una plancha de cemento caliente para que se quemara los testículos. Otras peticiones incluyen mejor tratamiento médico para los enfermos con problemas renales, tuberculosis y otras afecciones.

Frente a estos planteamientos de la CIDH, el 18 de noviembre de 2016, el Gobierno panameño aseguró que no había detenidos en la isla penal y que todos sus reclusos habían sido trasladados al sector C de la cárcel "La Gran Joya". El 16 de diciembre de 2016, nuevamente el Estado aseguró que no había privados de libertad en Punta Coco, y que los beneficiarios de las medidas seguían en el sector C de La Gran Joya.

Sin embargo, el 2 de febrero de 2017, el Estado admitió que sí habían detenidos en Punta Coco, pero detallaron las atenciones médicas que han recibido varios de estos detenidos.