Comisión de DDHH pide traslado para reos de centro en Punta Coco

Ante las ‘amenazas' y ‘riesgos' que sufren los doce detenidos en la isla penal de Punta Coco, 107 kilómetros al sureste de la capital, en el golfo de Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Gobierno panameño su petición de traslado inmediato de todos los detenidos alojados en dicho penal, a un centro que cumpla con los estándares internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.

Así mismo, solicitan que se suspendan los traslados de nuevos detenidos a este centro, que no responde a los requisitos penitenciarios internacionales. Mientras eso ocurra, requieren la ampliación de las medidas cautelares a favor de los internos Ricaurte Villasanta, Héctor Moisés Murillo y Luis Manuel Hernández.

PENAL INSULAR

Prisión de alta seguridad para delincuentes de alto perfil de peligrosidad.

Abrió en agosto de 2015, para alojar a 12 cabecillas de pandillas criminales.

Se ubica a 107 kilómetros al sureste de la capital, en el golfo de Panamá.

Estas garantías incluyen a las abogadas de los citados presos, Shirley Castañedas y Jessica Canto, quienes denunciaron haber sufrido hostigamientos y amenazas de militares del Servicio Nacional Aeronaval, por su condición de defensoras de dichos detenidos.

Ya antes, la CIDH había solicitado protección para Félix Humberto Paz Moreno, representante legal de los presos, quien también ha sido objeto de acoso.

El fallo de la CIDH está plasmado en la resolución 10/17, Medida Cautelar N°393-15, de 22 de marzo de 2017, que firma su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, tras haber sido aprobada por su presidente, Francisco José Eguiguren Praeli, y sus integrantes, entre ellas su primera vicepresidenta, la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La resolución de la Comisión, a la que ha tenido acceso La Estrella de Panamá , solicita igual tratamiento para las abogadas Castañeda y Canto, y permitirles que puedan desarrollar su defensa de derechos humanos sin ser sujetas a actos de violencia y hostigamiento. Punta Coco es una cárcel insular.

CONDICIONES DEFICIENTES

La Comisión atendió estas peticiones tras constatar las deficientes condiciones de detención del centro, la falta de tratamiento médico adecuado frente a la grave situación de salud de algunos internos, así como la seria limitación de accesibilidad que tanto familiares como abogados enfrentan para desplazarse a la isla. Esta situación, señala la CIDH, tiene un severo impacto en su vida familiar, como en el derecho a la defensa y posibilidad de atenderlos en caso de emergencia. El 7 de octubre de 2016, los representantes legales de los detenidos de Punta Coco pidieron a la CIDH la ampliación de las medidas cautelares para los privados de libertad en este centro de detención transitoria, así como en favor de sus abogadas. Esta solicitud se reiteró el 3 de febrero de 2017, en favor de Héctor Murillo, Ricaurte Villasanta y Luis Hernández.

AMENAZAS Y TORTURAS

Los solicitantes indicaron que los detenidos eran amenazados continuamente con armas de fuego por los militares custodios, y en el caso de Luis Manuel Hernández Ureña, se denunció que fue llevado al patio, en calzoncillos, y obligado a sentarse en una plancha de cemento caliente para que se quemara los testículos. Otras peticiones incluyen mejor tratamiento médico para los enfermos con problemas renales, tuberculosis y otras.

‘PUNTA COCO SIGUE'

El 16 de septiembre de 2016, el presidente Juan Carlos Varela, tras confirmar el traslado de cuatro presos a Punta Coco, por un tiroteo entre pandillas que cobró la vida de una niña de 13 años, aseguró que este penal no se cerrará.

En esa ocasión, el mandatario justificó la existencia de este centro de alta seguridad como alternativa para mantener aislados a criminales de alta peligrosidad y brindar más seguridad al pueblo.

Frente a los cuestionamientos de la CIDH, que plantean el cierre del penal por su aislamiento y deficientes condiciones para la salud de los detenidos, Varela dijo que sería interesante que la Comisión visitara Panamá y entendiera un poco más el país, y viera que las facilidades ofrecidas, como comida y otras, son dignas. El Gobierno tiene 20 días para entregar un informe a la CIDH.