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04 de Mar de 2021

Nacional

Contraloría remitirá al Ministerio Público auditorías de obras estatales

El resultado de las auditorías será enviado mañana mismo al Ministerio Público para que sean evaluadas y se investiguen

Contraloría remitirá al Ministerio Público auditorías de obras estatales
La Contraloría General de la República

El contralor de la República, Federico Humbert, informó que mañana entregará al Ministerio Público los resultados de las primeras auditorías de los proyectos de inversión pública, desarrollados por los últimos gobiernos.

Humbert informó que entre los proyectos sometidos a auditoría están las tres etapas de la Cinta Costera.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter,  el funcionario de fiscalización informó que hoy mismo concluyó con las primeras cinco auditorías que se realizan a los proyectos de inversión.

En el corto mensaje, no se brinda información sobre los resultados, solo se deja claro que ya se concluyó el trabajo de fiscalización.

La Contraloría General de la República inició a mediados del mes de febrero la auditoría de siete proyectos de infraestructura, entre ellos las tres fases de la Cinta Costera, construidas por la empresa Odebrecht.

Al momento de iniciar las auditorías, el contralor advirtió que su despacho no evaluaría a los gobiernos ni las empresas que se encargaron de realizar las obras, sino que solo fiscalizaría el uso de los fondos públicos.

Humbert aseguró al momento de iniciar las fiscalizaciones que hay un sentir ciudadano que requiere estas auditorías, y además que la Contraloría cumple con el trabajo que le corresponde como fiscalizador del uso de los fondos del Estado panameño.

Corresponderá ahora al Ministerio Público hacer la investigación penal, una vez el contralor le remita este material. Corresponderá a los funcionarios del Ministerio Público hacer las investigaciones y determinar si hay alguna ilegalidad en base a los hallazgos de los auditores.

Organizaciones gremiales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa  y el Colegio Nacional de Abogados, entre otros grupos de la sociedad civil, han solicitado la fiscalización de las obras y la investigación penal, de ser necesario.