Jubilados piden cambios a Ley de pago de XIII atrasados

El próximo 6 de julio, una comisión integrada por miembros de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados se reunirá con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar una posible modificación a la Ley 461, que reconoce el pago de los décimo tercer mes adeudados hace más de cuarenta años.

Héctor Ávila, dirigente de una de las asociaciones de jubilados, manifestó que se propondrá modificar el artículo de la ley que establece que los dineros cautelados en los casos de corrupción deberán ingresar al fondo especial para cancelar los décimos retenidos.

DEUDA A JUBILADOS

El Estado se comprometió a pagar la deuda a 180 mil jubilados

Según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto asciende a $150 millones.

Esta deuda tiene más de 40 años.

Según el dirigente, es necesario buscar otra fuente de financiamiento para hacer efectivos los pagos.

En abril, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 461. Ese día, el mandatario manifestó que en el caso de Riego de Tonosí, se han cautelado cerca de $10 millones; en Cobranzas del Istmo, $30 millones; del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), $60 millones; y en Suiza, $30 millones.

El mandatario argumentó que había cerca de $130 millones para hacer frente a los pagos. El presidente aseguró que antes de que culmine su mandato (2019), se cancelaría en dos partidas el dinero a los más de 180 mil jubilados.

El primer pago se realizaría dentro de los doce meses siguientes a la sanción de la ley; el resto, durante los doce meses posteriores al primer desembolso.

Según el Ejecutivo, a la Caja de Seguro Social (CSS) le tomaría entre sesenta y noventa días levantar la información de los 180 mil jubilados a los que se les adeuda los décimos atrasados de los años 1972 a 1983.

Hasta el momento no hay ninguna sentencia en firme, lo que dificulta que se utilice el dinero retenido para el pago de la deuda entre el Estado panameño y los jubilados, la cual asciende a unos $150 millones.

Ávila expresó que confía en que el Gobierno cancele parte de esta deuda antes de que finalice el 2018.

ORIGEN DE LA DEUDA

El Gobierno panameño retuvo doce partidas del décimo tercer mes a empleados del sector público y privado durante los años 1972 y 1983.

En ese momento, se dijo que el dinero sería devuelto en un periodo de diez años a los trabajadores, con un interés anual del 3%. Sin embargo, hasta la fecha eso no se ha cumplido.

El dinero retenido debía ser traspasado al Banco Hipotecario Nacional para un programa de vivienda para el sector obrero campesino y luego, transferido a la CSS.

El pago de este dinero ha generado controversias dentro del Ejecutivo, ya que en noviembre de 2016, el ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, indicó que el Estado no le adeuda a los extrabajadores del sector público o privado ninguna partida del décimo tercer mes.

De La Guardia argumentó que la Ley 17 del 22 de agosto de 1983 estableció que este dinero fuera utilizado en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.

Ante estas aseveraciones, Ávila, miembro de la coordinadora FECHA, explicó que la deuda no entra en la categoría de indemnización, pues fue un préstamo al Estado.