Españoles destacan cualidades de Panamá para ser centro de arbitraje

Panamá tiene condiciones para ofrecer un centro de arbitraje internacional y su frenesí económico ha atraído a la inversión transnacional, cada vez más apegada a este método de resolución de conflictos, escenario que motivó un curso dictado hasta hoy a funcionarios por especialistas españoles.

El profesor José María Chillón, de la Universidad Rey Juan Carlos, dijo a Efe que "Panamá es un sitio pintiparado para el tema del arbitraje internacional y marítimo" y que por esa razón el curso impartido, organizado por el Ministerio de la Presidencia, busca "propiciar a Panamá como sede de proyección del arbitraje internacional para la región latinoamericana".

Uno de los pilares de la enseñanza de Chillón es que "el arbitraje es una cosa que camina, se diversifica, gana no solamente adeptos sino que gana contenidos, ámbitos y sobre todo la adhesión de la gente, expandiendo lo que llamamos la cultura arbitral como medio de solución de conflictos en la sociedad global".

Eduardo Flores, el rector de la Universidad de Panamá, uno de los organizadores, dijo a Efe que un curso como este tiene mucha importancia para Panamá que como país se ha visto abocado a especialistas en arbitraje.

Flores añadió que en Panamá "el 60 %" de las grandes actividades y edificaciones están construidas por empresas internacionales y en las cláusulas de las contrataciones siempre aparece el término de arbitraje, por lo cual, afirmó, "es importantísimo que nosotros formemos un cuerpo de abogados del Estado especialistas en arbitraje".

"No podemos evadirlo porque va a llegar un momento que inclusive va a ser obligatorio que siempre haya cláusulas de arbitraje internacional", resaltó.

El rector panameño dijo en ese sentido que haber organizado este taller es "visionario" y "un aporte importante para formar abogados del Estado en esta especialidad".

El curso fue cerrado con un acto realizado en la sede diplomática española.

Además participaron los profesores Guillermo Ormazábal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona; y Luis Martínez, de la Universidad Jaime I.

El programa fue diseñado además para dotar a 30 abogados y asesores legales del Estado en contrataciones públicas de técnicas, conocimientos y habilidades que les permitan una mejor defensa de los intereses del Estado, añadieron los organizadores