Antai pide explicación por la venta de lote municipal en Chorrera

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) firmó las cartas en las que solicita información sobre la compra venta de una estratégica franja de terreno municipal en el distrito de La Chorrera.

En una noticia publicada en La Estrella de Panamá el 26 de julio de 2017, con título ‘Cuando un terreno municipal se vende a amigos del alcalde', se expone cómo una estratégica franja fue titulada y luego vendida casi por el mismo precio al representante del corregimiento donde se ubica el lote y a la hija del entonces burgomaestre chorrerano, Temístocles Herrera, quienes al poco tiempo lo revendieron por una suma cinco veces mayor.

‘Se recabarán las pruebas (...) para establecer las responsabilidades pertinentes',

ANGÉLICA MAYTÍN,

DIRECTORA DE ANTAI.

El terreno de 706.22 metros fue vendido inicialmente a un funcionario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales por $3,181.50.

Un mes y 19 días después de esta transacción, el 31 de enero de 2014, Valerio Gutiérrez traspasó en venta a Pedro Montero (para entonces representante del corregimiento de Barrio Colón) y a Marisín Herrera Barrios (hija de Herrera) la finca 452910, por un monto de $3,200.

Un mes y diez días después, el 10 de marzo de 2014, Montero y Herrera Barrios vendieron a la sociedad Summa Export este mismo lote de terreno, por $15,000.

Herrera y su hija, actual gobernador de Panamá Oeste y directora administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente, niegan irregularidades en la transacción del terreno sobre el cual ahora se levanta parte de un lujoso mall.

FALTAS A LA ÉTICA

Este medio conoció que la ‘zarina' anticorrupción, Angélica Maytín, firmó documentos solicitando información sobre la compra y venta del terreno al actual alcalde, Tomás Velásquez, a Herrera y a su hija.

La Antai abrió una investigación de oficio y está interesada en conocer la manera en que se registró la transacción con el fin de establecer si existió irregularidad.

La directora de Antai señaló que la investigación se abre para determinar posibles faltas a la ética, como conflictos de interés y ‘hechos que pudiesen representar irregularidades administrativas en la venta del ejido'.

La ‘zarina' anticorrupción confirmó la información a través de mensajería inmediata.

Sobre este caso, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que las entidades de control —Contraloría General de la República, Antai y Ministerio Público— deben realizar una investigación que garantice que el Estado no ha sido utilizado por sus funcionarios para lograr un provecho personal