Pacto por la Justicia propone Tribunal Constitucional

En momentos en que se incrementan las críticas por el retraso en la administración de la justicia y la acumulación de expedientes en la Corte Suprema, el Pacto de Estado por la Justicia trabaja en el diseño de una propuesta para crear tribunales constitucionales.

Con las nuevas instancias, de acuerdo con los integrantes del Pacto, se descongestionaría el trabajo que realiza la Corte Suprema en materia constitucional.

Los tribunales constitucionales deberán crearse a través de una propuesta de ley que sería presentada ante la Asamblea Nacional.

LA PROPUESTA

Se trata de los tribunales superiores de protección de los derechos fundamentales, los cuales tendrían que ver las acciones de habeas corpus , los amparos por derechos fundamentales y habeas data .

Básicamente, serían tres tribunales con jurisdicción territorial en distintas áreas del país.

El primero, en la provincia de Panamá, estaría integrado por cinco magistrados que ejercerían en las provincias de Panamá, Colón y Darién, así como en las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan, Madungandí y Wargandí.

El segundo tendría sede en Santiago, provincia de Veraguas, y estaría integrado por tres magistrados a los que les correspondería ejercer en Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

El tercero radicaría en la ciudad de David, con tres magistrados que ejercerían en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé.

CREACIÓN LEGAL

El viceministro de la Presidencia y representante del Ejecutivo ante la Comisión de Estado por la justicia, Salvador Sánchez, explicó que el objetivo es crear tribunales especializados en materia constitucional, en vista de que actualmente hay casos como un habeas corpus o amparos de garantías que son resueltos por juzgados o tribunales que no son especialistas en esta materia.

La propuesta trasladaría a los nuevos tribunales esos recursos legales, que son numerosos y frecuentes, dijo Sánchez.

El viceministro aclaró que las acciones que constitucionalmente están reservadas para la Corte Suprema de Justicia seguirán sin modificaciones, en vista de que este tema requeriría un cambio a la Constitución Política.

El artículo 206 de la Constitución establece entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia ‘conocer y decidir sobre la (…) inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona'.

La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia ha propuesto variar los procedimientos y muchas de las dificultades que enfrenta la Corte para fallar a favor de las personas pueden quedar resueltas en vista de que el nuevo Código admite casos que actualmente el Código Judicial no tolera, señala Sánchez.

Por ejemplo, apunta Sánchez, en la actualidad la Constitución garantiza que la Corte es la instancia que resuelve las acciones de inconstitucionalidad, pero la ley no permite que una omisión de una autoridad pueda ser atacada como inconstitucional, entonces lo que se ha propuesto es que sí se pueda presentar recursos de inconstitucionalidad en contra de una autoridad por omisión de alguna acción a la que estaba obligada.

La propuesta, agrega Sánchez, también resuelve que se garantiza que los amparos de garantías —que por ley tienen que ser presentados ante un juzgado o un tribunal— serán analizados por un tribunal especial constitucional porque ya no será analizado en juzgados de otras jurisdicciones, que es lo que ocurre actualmente.

TRIBUNAL VS. SALA QUINTA

Carlos Lee, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia ante el Pacto por la Justicia, consideró que la propuesta debe excluir las competencias de la Sala Penal y del pleno de la Corte Suprema para conocer de temas constitucionales y pensar en una Sala Quinta o en un tribunal superior constitucional que sea independiente del Órgano Judicial.

‘Lo que pasa es que quienes redactaron la propuesta decidieron no proponer la Sala Quinta por los rechazos que ésta ha tenido en el pasado', manifestó Lee.

A juicio del representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, este es el momento de proponerla porque el proceso es totalmente distinto a los anteriores.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia considera que se deben crear todas las estructuras para que sean verdaderamente especializadas en materia constitucional.

Lee considera que los especialistas que redactaron la propuesta están de acuerdo con la idea de establecer, ya sea la sala quinta o un tribunal constitucional independiente cuyos magistrados no sean designados únicamente por el Ejecutivo.

La opinión del jurista surge ante la experiencia que se tuvo con la Sala Quinta que fue creada mediante una ley por el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares en las postrimerías de su mandato, y que fue derogada posteriormente, por la misma vía, en los primeros días de mandato de su sucesora en la Presidencia, Mireya Moscoso.

POSICIÓN DEL PROCURADOR

Rigoberto González, procurador de la Administración y quien preside la Comisión de Estado por la Justicia, dijo que tienen hasta finales del mes de octubre para analizar la propuesta. Luego será entregada al Órgano Ejecutivo que, tras aprobarla, deberá enviarla a la Asamblea Nacional.