Así concluyó el juicio contra el presidente Marco Robles

Un aire de inquietud, temor y agitación nerviosa azotaba a la población de la República de Panamá el 24 de marzo de 1968.

Desde los hogares, plazas y oficinas de todo el país, los ciudadanos no despegaban la mirada de los aparatos de radio y televisión en seguimiento a los acontecimientos que tenían lugar en el recinto de la Asamblea Nacional, en la Plaza 5 de mayo.

El edificio del palacio legislativo estaba fuertemente custodiado por efectivos de la Guardia Nacional, dirigidos por el teniente coronel Omar Torrijos Herrera. Equipados con lanza gases y ametralladoras, mantenían el sitio despejado de observadores y curiosos.

Adentro, a las once de la mañana, se daba inicio a uno de los sucesos más significativos de la historia republicana, el juicio de destitución del presidente de la República Marco Robles, acusado de violar la constitución para favorecer al candidato oficial David Samudio en las elecciones de ese mes de mayo.

A las 3:30 de la tarde se dio por finalizado el análisis de las pruebas, un expediente de 312 páginas que documentaba el uso arbitrario de los recursos del Estado y entorpecimiento de las labores del Tribunal Electoral.

Ahora llegaba el momento decisivo: la votación.

Veintinueve de los 30 diputados presentes votaron a favor de la moción. Solo el independiente Carlos Iván Zúñiga prefirió abstenerse.

El presidente Marco Aurelio Robles era ya oficialmente ‘culpable' de ‘coacción electoral y violación del artículo 148 ordenal 2do en concordancia del artículo 102 ordenal 5to de la Constitución'.

‘Marco Rifle' -apodado así por su política de armar a la guardia nacional con fusiles, e instarlos a ‘tirar a matar a todo hampón, delincuente y asaltador sorprendido in fraganti'- había sido destituido por la Asamblea Nacional.

Ahora correspondía juramentar al nuevo presidente.

A las 3:50 hizo su entrada triunfal Max Delvalle, hasta ese momento vicepresidente. Lo acompañaban dos ex ocupantes de la silla presidencial Bernardino Gonzalez Ruiz y Roberto F. Chiari. A las 4:55 pm fue investido con la banda presidencial y juramentado por el presidente de la Asamblea, Carlos Agustín Arias.

‘Yo no alenté esto. No lo busqué. Pero ahora se trata de dar cumplimiento a las leyes. Asumo con firmeza mi responsabilidad histórica y con la voluntad de hacer lo mejor para mi país', dijo ante las cámaras de Televisora Nacional Canal 2 el ‘primer presidente judío de América'.

Enseguida anunció que la más inmediata de sus tareas sería ‘la ordenación de un proceso electoral justo, puro, honrado, que refleje la verdadera voluntad de la nación'.

LA GUARDIA NACIONAL RESPONDE

Apenas minutos después de finalizar el juicio de la Asamblea, las estaciones de radio del país leían el comunicado emitido por el general Bolívar Vallarino, comandante de la Guardia Nacional:

‘Este país no tiene dos presidentes. Solo hay uno y se llama Marco Aurelio Robles. La Guardia Nacional no reconoce la actuación de la Asamblea Nacional y esperará a que la Corte Suprema de Justicia emita su opinión al respecto'.

‘Este es un golpe de estado. Llamo al pueblo panameño a la resistencia civil y una huelga de brazos caídos hasta que Marco Robles abandone la presidencia', fue la respuesta del candidato presidencial y dos veces derrocado presidente de la República, Arnulfo Arias, a las cámaras de Canal 2 —propiedad de la familia Chiari, simpatizante de su alianza Unión Nacional—.

Después de casi un mes de forcejeos políticos, la muchedumbre, exaltada, se tomó las calles. Los seguidores de Arias arrojaban cocteles molotov a la sede de la campaña del candidato presidencial David Samudio. Los seguidores de Robles vandalizaron la oficina de la opositora Unión Nacional.

La policía respondió lanzando bombas lacrimógenas y arrestando esa noche a 300 opositores mientras mantenía el cerco alrededor del palacio legislativo.

DOS PRESIDENTES

El día 26 de marzo, en abierto desafío a la policía, que, a su vez, decía cumplir órdenes del ‘presidente Marco Robles', el ‘presidente Max Delvalle' citó a los diputados a reunirse en la Asamblea para discutir en sesiones extraordinarias cambios al código electoral.

Dispuestos a entrar al palacio legislativo, los diputados se fueron congregando en la calle ‘L'. Allí estaban Roberto Arias (esposo de Margot Fontayn y sobrino de Arnulfo) en su silla de ruedas, conducida por su asistente; Carlos Iván Zúñiga; el presidente Max Delvalle, con su edecán Victor D'Anello; Abraham Pretto, y muchos otros, cuando los efectivos de la guardia, liderados por el teniente coronel Torrijos les lanzaron bombas lacrimógenas.

El nuevo presidente, decidido a ejercer el cargo para el que le habían investido los diputados, trasladó las sesiones legislativas a su casa, asegurando que despediría a Vallarino y a sus 4 jefes del estado mayor.

Durante los días siguientes, con las calles llenas de basura, la ciudad de Panamá continuaría siendo el escenario de múltiples manifestaciones y desordénese callejeros.

El 28 de marzo, dos mil mujeres opositoras, encabezadas por la esposa del presidente de la Asamblea, realizaron una impresionante manifestación pública, vestidas de negro en señal de luto y ondeando pequeñas banderas de Panamá.

Las seguían varios miles de hombres. Cuando uno de ellos descubrió que uno de los guardias que vigilaba la marcha no llevaba armas, se lanzó al ataque, seguido de otros, lo que produjo varios heridos y un muerto.

En las siguientes horas, se volcaron vehículos del Estado. Se lanzaron piedras contra las vitrinas de los establecimientos comerciales.

Hasta los camarógrafos de Canal 4, propiedad de la familia Eleta, que apoyaba la candidatura de Samudio, fueron objeto de los ataques de los frustrados oposicionistas.

‘El fallo contra el presidente debe ser acatado en sus últimas consecuencias para que desaparezca el Estado de intranquilidad que se percibe en la esfera del acontecer nacional y ofrecer a la ciudadanía la seguridad que tendrá elecciones libres y justas', declaró el presidente Max Delvalle, secundando el llamado de Arnulfo Arias de ir a una huelga de brazos caídos hasta que Robles aceptara su destitución.

Pero los llamados de los políticos no tendrían acogida. En apariencia, el país tenía dos presidentes, dos gabinetes. Pero en realidad, estaba bajo control de la Guardia Nacional, que imponía un estado de sitio de facto. Cualquier protesta era inútil.

Los seguidores de Max Delvalle y Arnulfo Arias insistían en que la corte no tenía potestad constitucional para invalidar el juicio contra el presidente, pero la población prefirió esperar el fallo de la Corte.

VUELVE LA CORTE

El 1 de abril, finalmente de vuelta de sus vacaciones de verano, la Corte Suprema de Justicia no emitió ningún pronunciamiento sobre el juicio, limitándose a recibir una solicitud de amparo de garantías para invalidar el proceso contra el presidente Robles.

El día 2, los magistrados anunciaron que no podrían emitir un fallo hasta tanto no tuvieran a mano el expediente, que se encontraba en la Asamblea, custodiado por la policía.

El 3 de abril, los magistrados se presentaron en la Asamblea para hacer inspección ocular de los documentos. La guardia les permitió entrar.

Por fin, el 5 de abril, la Corte emitió su fallo: Los diputados tenían potestad constitucional para enjuiciar al Ejecutivo. Eso no estaba en cuestionamiento. Sin embargo, al erigirse en administrador de justicia, la Asamblea había incurrido en faltas de procedimiento. No se había asignado un defensor de oficio al ciudadano presidente; las pruebas no habían sido autenticadas... No se había acatado el amparo de garantías emitido por el juzgado segundo municipal en favor de Robles. El juicio contra el presidente era inválido.

Fueron ocho votos a favor. El magistrado Carlos Adames hizo salvamento de voto.

Para entonces faltaba menos de un mes para las elecciones. La oposición apostó porque era más fácil conseguir suficientes votos para derrotar al candidato gubernamental en las urnas que desafiar a un presidente que contaba con el respaldo de la Corte y de las fuerzas armadas.

Como se esperaba, el doctor Arnulfo Arias ganó las elecciones presidenciales por 45 mil votos, según el conteo del Tribunal Electoral. Los resultados fueron rechazados por el ingeniero David Samudio, quien insistía en que estos resultados eran fraudulentos y que él había sido el ganador de la contienda.

Durante los días siguientes, la ciudad de Panamá siguió siendo el escenario de disturbios, mientras los dos bandos intentaban, a tiros, robo de urnas y credenciales, asegurarse el control de la Asamblea Nacional.

Las institucionalidad estaba hecha pedazos. La ciudadanía se sentía hastiada e impotente ante la impunidad y descaro con que se comportaban los políticos.

El presidente electo, dos veces derrocado anteriormente, sabía que en el futuro no podría confiar en la Guardia Nacional ni en una asamblea dominada por la oposición.

La Guardia Nacional tampoco se fiaba del nuevo presidente, conocido por sus exabruptos. Pero estaba ahora consciente de su poder.

El golpe de Estado estaba servido.