Diputados derogan el contrato ley del puerto de Rodman

La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ayala, y en un solo artículo deroga el contrato ley para la construcción del puerto de Rodman, una obra que era cuestionada por los abogados Víctor Martínez, Guillermo Cochez y Miguel Antonio Bernal, en vista de posibles violaciones a la Constitución. Incluso, el tema había sido objeto de denuncias penales ante el Ministerio Público.

El jueves, los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto de ley No. 53, que adopta medidas relativas al proceso de aperturas de empresas según el uso de suelo o zonificación, presentado por el también diputado del PRD, Ivan Picota.

El artículo 6 de esta proyecto de ley establece que ‘se deroga la Ley 2 del 10 de febrero de 2015', mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y la sociedad PSA Panama International Terminal, S.A.

Aunque la ley fue sancionada por el presidente Juan Carlos Varela, el contrato fue aprobado por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en marzo de 2014. Es decir, en los últimos meses del gobierno de Ricardo Martinelli. De hecho, fue suscrito por Roberto Linares, quien era el administrador de la AMP durante el pasado quinquenio.

Samuel Liberman Falchuk, el magnate que siempre cae de pie

El empresario tiene vínculos con Panamá desde hace casi 50 años. No importa el gobierno en turno, el argentino siempre tiene conexiones

En abril de 2015, Bernal presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara supuestas ilegalidades del contrato. Una de las irregularidades que denunciaba el abogado era que el terreno donde se desarrollaba el puerto había sido concesionado a la empresa Parque Industrial Marítimo de Panamá (Pimpsa), en 1997.

Otra de las irregularidades que denunciaba Bernal era que en la junta directiva de Pimpsa, como en la de PSA, aparece como socio/director Guillermo Liberman.

Nada detenía a PSA y al Gobierno. El 29 de mayo de 2015 se realizó el acto de la primera piedra a la que asistió el presidente Varela.

Las denuncias en contra del puerto de Rodman volvieron el año pasado. En julio de 2017, los abogados Martínez y Cochez presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra PSA por supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Además, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del contrato.

Los abogados pedían en la denuncia que se investiguen posibles conductas ilícitas por parte de los operarios de ese puerto y funcionarios públicos de las administraciones de Martín Torrijos, Martinelli y Varela.

Entre los funcionarios que mencionaron estaban Linares y Luis Felipe Icaza, actual secretario de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.

Martínez y Cochez también cuestionaban que el contrato se desarrollaba sobre un terreno que había sido concesionado a Pimpsa.

CONTRATO Y DENUNCIAS

El contrato ley del puerto de Rodman se sancionó en febrero de 2015

Ese mismo año se presentó la primera denuncia y en julio del año pasado otras dos más.

Las denuncias se sustentan en que el terreno había sido concesionado a otra empresa.

Las normas del contrato de concesión No. 012-97 del 14 de enero de 1997, y sus modificaciones, no le permite legalmente subarrendar dichos bienes, alegaban los abogados.

A esto se suma que la sociedad PSA es subsidiaria del Grupo PSA Global, que mantiene intereses o relaciones con el Estado de Singapur.

Los abogados citaron el artículo 290 de la Constitución, que prohíbe que un gobierno extranjero pueda adquirir el dominio sobre alguna parte del territorio nacional.

El proyecto de ley No. 53, que deroga el contrato, debe ser sancionado por el presidente Varela y el abogado Martínez, dijo este viernes a La Estrella de Panamá , que espera que el mandatario no vete el documento.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) calificó la cancelación del Contrato de Ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman por la empresa PSA Panama International Terminal, S.A. como un ‘exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país'.

‘Exhortamos al Órgano Ejecutivo rechazar esta ley, que a través de este artículo, pone en riesgo una inversión millonaria trascendental para uno de los pocos sectores de la economía que actualmente se encuentra en franco desarrollo', señaló Inocencio Galindo, presidente de la CCIAP.