Investigan relación de inmuebles con homicidios

La abogada Zoraida M. Saucedo, sobre quien pesan cargos por el homicidio de cuatro personas —dos extranjeros y dos panameños—, ocurridos en 2017, se desenvolvía como pez en el agua en el mundo inmobiliario: compraba y vendía propiedades, las hipotecaba, tramitaba préstamos con otras sociedades anónimas, etc.

En 2003, Saucedo sacó su idoneidad como abogada. Pero nunca litigó. En el Registro Público aparecen sus primeros trámites en este ramo, en 2005.

En el sitio web OpenCorporates, el nombre de Zoraida Saucedo aparece en 203 sociedades anónimas panameñas: como agente residente, en 80 compañías; como directora, en 27; como suscriptora, en 64; con el cargo de tesorera, en 15; como presidenta, en 8; y en 9 funge como secretaria.

La Estrella de Panamá investigó algunas de estas sociedades anónimas relacionadas con Saucedo. La documentación registra tratos con venezolanos, colombianos, españoles, chilenos y panameños, a quienes vendió departamentos en Paitilla y Bella Vista, o facilitó la compra de tierras en Colombia. También creó sociedades anónimas para la administración de restaurantes y bares, así como para la venta de comida preparada.

CAMBIOS EN DIRECTIVAS

Sobre la sociedad World Bridge International

Una de las propiedades que poseía Furio Ferrari Serra en Panamá era un departamento en el edificio Grand Bay Tower, a nombre de la sociedad World Bridge International (WBI).

Esta sociedad fue inscrita en 2008, no obstante, el nombre de la abogada Zoraida Saucedo aparece en 2012 cuando se realiza junta de accionistas y ésta actúa como presidenta ad hoc , en ausencia del titular.

En el acta, se modifican los directores y agente residente quedando como dignatarios Zoraida Saucedo (presidenta), Edgar Camarena (secretario) y Jorge Mondragón, colombiano, como tesorero. Todos con domicilio en El Doral número 9, Panamá.

Es el mismo domicilio que Saucedo reconoció como propio en una audiencia celebrada en días pasados.

El 14 de agosto de 2012, la sociedad Chayim, S.A., Zoraida Saucedo y la sociedad WBI celebran un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética sobre bien inmueble, celebran un contrato de inversión por la cantidad de $120,750.00 sobre el Grand Bay Tower, ubicado en Bella Vista.

A la inversión se le dará descuento inmediato en concepto de costos incurridos para realizar el cierre del contrato de inversión y gastos legales, honorarios de administrador, comisión del corredor financiero y todo el trámite de $15,417.

Chayyim S.A., tiene como directivos a Daniel Mahlke, Diego Quintero, Juan Agurto y Juan Manuel Villarreal. Como agente residente, Legacy International Business Consultants.

Frente al juez, la abogada, imputada por el homicidio de Furio Ferrari Serra y su pareja panameña Marianela Rosela Vallarino, indicó que tres propiedades del italiano fueron cedidas a Javier Francisco Sucre, presuntamente representante del corregimiento de Juan Díaz, pero éste emitió un comunicado negando cualquier vínculo con la abogada.

La mujer, de 40 años, proviene de una familia de profesionales de Las Tablas, provincia de Los Santos. Lo que las autoridades tratan de descifrar es qué ocurrió en la vida de Zoraida Saucedo que la llevó a cruzar la raya.

La tesis de la Fiscalía apunta a que, presuntamente, a través de varias sociedades anónimas en las que tenía un amplio poder otorgado por sus dueños, la abogada traspasaba los bienes que pertenecían a sus clientes. Al morir los propietarios, ella quedaba como dueña de las mismas. ‘En algunos casos los vendía sin que se enteraran', según fuentes judiciales. Una caja de Pandora cuya llave está en posesión de Saucedo.

LOS PRIMEROS INDICIOS

A pesar de que los cuerpos del italiano Furio Ferrari Serra y su pareja panameña Marianela Rosela Vallarino fueron encontrados el 28 de noviembre de 2017 dentro de bolsas plásticas en la calle Los Andes Norte, en Las Cumbres, fueron el hilo conductor que guió a las autoridades a descubrir la presunta relación de la abogada con otro doble homicidio: el del canadiense Qotlica Miomir y del panameño Miguel Paes. Éste último, al parecer, formaba parte del grupo delincuencial. Las autoridades presumen que con el forcejeo que pudo ocurrir, recibió un disparo. Paes, conocido como el ‘‘Chicano”, presuntamente se dedicaba al menudeo de sustancias ilícitas.

PESQUISAS

Las autoridades lograron establecer que la abogada administraba dos o tres departamentos de Ferrari, quien residía en Cuernavaca, Morelos, México.

Por varios años todo marchaba sobre ruedas. Saucedo cobraba las rentas de los inquilinos y se las enviaba a Ferrari, un cirujano plástico que había amasado un patrimonio con su carrera.

El móvil de los homicidios de Ferrari y Vallarino colmó la paciencia de los investigadores policiales. Identificar dos cuerpos sin documentación, de rasgos extranjeros, desafiaba la pericia de los inspectores.

Cuando la policía logró identificarlos, gracias a la comparación dactilar de las víctimas, lograron un hilo conductor en la investigación.

Fue cuando se acercaron con los familiares de Vallarino, quienes revelaron que en el último año la pareja había tenido problemas con los inquilinos de las propiedades que pertenecían a Ferrari. Decían que no pagaban la renta.

Más tarde, los investigadores descubrieron que hubo una reunión el 28 de noviembre (un día después de que la pareja arribó a Panamá procedente de México) entre la abogada y sus clientes. La cita, supuestamente, era para protocolizar algunos asuntos. Pero, según la fuente judicial, ‘Ferrary y Vallarino ignoraban que la abogada ya se había adelantado a vender los bienes sin su consentimiento'.

Saucedo también tiene pendiente la imputación de cargos por el homicidio del canadiense Qotlica Miomir, de 62 años, y de Miguel Paes, panameño de 28 años de edad. Ambos fueron ultimados a tiros.

Las autoridades tienen la tesis de que Miomir también era cliente de Saucedo, y que además de administrar sus propiedades, se las pudo haber apropiado. La abogada, investigaron, contaba con un poder de su cliente. El canadiense murió en octubre de 2017 en el sector de San Antonio. Según fuentes judiciales, el canadiense fue víctima de estafa muy similar a la ocurrida con el italiano.

Se presume que la jurista ‘hacía conexiones con grupos delincuenciales para que le hicieran el trabajo sucio', aseveró la fuente judicial.

A las autoridades no les fue fácil identificar dos cuerpos, sin documentación, hallados en bolsas de basura plásticas color negro. Ninguno portaba documentos de identidad y a simple vista parecían muertes por asfixia mecánica.

El cuerpo de Ferrari tenía marcas en el cuello de una tela o ropa que sirvió como cordón para asfixiarlo. Él tenía 73 años. A su lado, yacía el cuerpo de una mujer más joven, de 40 a 45 años, sin que la causa de muerte fuera tan obvia. Fue en medicatura forense donde se corroboró que la causa de muerte fue por asfixia mecánica.

Las autoridades se pusieron en contacto con las familias de las víctimas para conocer más sobre ellos. La madre de Vallarino tenía unas tres semanas de no saber de ella, pero reveló datos muy interesantes que sirvieron a la Policía para jalar un complicado hilo investigativo que podría desencadenar en un caso del crimen organizado.

Gracias a los allanamientos efectuados a la residencia de la abogada, las autoridades tienen en su poder escrituras, documentos, celulares (al parecer utilizaba varios números) y otros elementos útiles en la pesquisa. Según los inspectores policiales, Saucedo proporcionaba direcciones falsas de su oficina. Cuando las autoridades verificaron los datos, se dieron cuenta de que en el sitio descrito por Saucedo había otro local comercial.

En muchas de las sociedades anónimas que investigó este diario, Zoraida Saucedo aparece con domicilio en Altos del Bosque, urbanización El Doral número 9, San Miguelito.

En la red de Linkedin, sus datos indican que estudió un máster en derecho mercantil de la Universidad de Sevilla, España.

Oriunda de Las Tablas, Saucedo mantiene antecedentes penales en dos casos más.

Uno por blanqueo de capitales y otro por extorsión a una empresa por un monto aproximado de $30 mil. En ambos casos, la abogada mantiene medidas cautelares.