Juzgado concede fianza de $100 mil a Riccardo Francolini

El Juzgado Decimocuarto del Circuito Penal concedió fianza de excarcelación por un monto de $100 mil al empresario Riccardo Francolini. La información fue confirmada por su abogado, Carlos Carrillo.

El recurso judicial fue otorgado un día después de que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Leyda Sáez, ordenara su detención preventiva por supuestas anomalías en transacciones hechas a través de la sociedad Jal Off Shore en la casa de valores Financial Pacific, después de haber rendido indagatoria.

Francolini, a quien se le investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, había sido trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecerá bajo custodia.

Carrillo explicó que la Fiscalía aún no se ha notificado del fallo del juzgado.

Según la investigación, la vinculación del empresario está relacionada con la sociedad Goldline Overseas Business que giró $250 mil a la casa de valores Financial Pacific, una suma que posteriormente fue dirigida a la cuenta Jal Off Shore.

Silvio Guerra, abogado penalista y académico de la Universidad de Panamá, criticó la medida cautelar impuesta a Francolini.

Guerra dijo que si el empresario se presentó de manera voluntaria, no existía peligro de fuga ni destrucción de pruebas y mucho menos cuando mantiene su domicilio en Panamá.

‘La detención preventiva es totalmente abusiva', consideró el abogado. En declaraciones a una televisora local, destacó que jamás pasó por su mente que el abogar por las reformas al Código Procesal Penal sería utilizado para cometer abusos y violaciones al proceso y a las garantías de las personas investigadas.

Antes de conocerse la fianza, un grupo de amigos del empresario difundió una nota en la que convoca una protesta pacífica para su liberación, este miércoles a las 4:30 p.m. frente a la sede de las fiscalías, en el edificio Avesa.

Los allegados del empresario solicitarían el cese de una supuesta política de persecución durante cuatro años en contra de miembros del Partido Cambio Democráticos y sus más cercanos colaboradores.