Corrupción y malos tratos en el Sistema Penitenciario Nacional

Las historias de corrupción dentro de las cárceles panameñas se repiten en espiral. La venta de beneficios a los reclusos a cambio de grandes sumas de dinero es un tema imperante y repetitivo en este círculo. Hay algunos casos que han trascendido a los medios, pero otros simplemente se quedan detrás de las rejas de los penales. Por estas irregularidades han sido señalados desde altos mandos de la Policía Nacional hasta directivos del sistema carcelario.

Uno de los casos más sonados fue la fuga del dominicano Gilberto Ventura Ceballos, condenado a 50 años de prisión por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes chorreranos, en diciembre de 2017. A un teniente de la Policía Nacional se le formularon cargos por la evasión del dominicano, que posteriormente fue recapturado en Costa Rica con documentos falsos.

El más reciente escándalo lo protagonizó el israelí Shy Dahan, quien develó la trama que vivió desde el momento que fue privado de libertad hasta su fuga. El prófugo de la justicia admitió haber pagado cerca de un millón de dólares durante cuatro meses que estuvo preso en la cárcel La Joyita, antes de fugarse el 14 de junio de 2018.

Esos dineros —según declaraciones del prófugo a un medio de comunicación local— fueron a parar a manos de policías y algunos reos que forman parte de un grupo de extorsionadores organizados dentro del penal.

Una investigación del Ministerio Público determinó que Shy Dahan, privado de libertad en el pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joyita, en Pacora, podía salir y entrar del centro penitenciario a placer.

Tres miembros de la policía —un comisionado, un mayor y un teniente— están involucrados en este caso por propiciar las condiciones para la fuga. Además, tres miembros del Sistema Penitenciario Nacional —el director del penal, el subdirector y un custodio— también están siendo sindicados.

Los seis funcionarios (Ramón Castellano, Humberto Herrera, René Moreno, Plutarco Pedreshi, Elías Miranda y Donis Chávez) enfrentan cargos por evasión, infracción de los deberes de los servidores públicos y falsificación de documentos.

Ernesto Cedeño, abogado especialista en Derecho Penal, considera que se requiere una reingeniería integral del sistema penitenciario. A su juicio, no existen los controles ni el personal adecuado para tratar a los reclusos. ‘Hay que recluir personal con valores, que no se venda por nada. Tienen que tener los perfiles adecuados', dijo. ‘Además, debe haber fiscalización y supervisión', añadió el jurista. Al mismo tiempo, Cedeño compara la corrupción imperante en el Órgano Legislativo y Judicial con la del Sistema Penitenciario Nacional.

Victor Orobio, defensor de Elías Miranda, destituido de la dirección de La Joyita por la evasión del israelí, dijo que la corrupción está incrustada en la dirección de la Policía Nacional, que designó al comisionado jefe de la seguridad interna y externa del penal. ‘Esta fuga se dio con la participación de la misma seguridad del penal', añadió el jurista.

Pero, además de actos de corrupción abundan los malos tratos para los reclusos comunes y corrientes.

MALOS TRATOS

Este medio tuvo acceso a dos testimonio de detenidos. Uno de ellos denunció que están siendo víctimas de los errores que cometió la policía producto de la fuga del israelí. ‘Se está oprimiendo a los privados de libertad', indicó.

Comenta que existe una paralización de los proyectos y de los cursos que se dictan a los internos. Existe, además, un descuido con la alimentación. Los alimentos no tienen un horario de llegada. ‘(El penal) es como un barco a la deriva. Esto es delicado', dijo.

El informante agregó que existe una confrontación entre los policías y los custodios por el poder y, más importante, por establecer quién es el responsable de la fuga del israelí. ‘Esa situación nos está golpeando muy duro', dijo.

Otro privado que se comunicó con este medio a través del servicio de mensajería inmediata denunció que las condiciones en que se encuentran son deprimentes. ‘Las citas médicas se están perdiendo todos los días, las comidas vienen tarde', afirmó.

Sobre la alimentación, aseguró que el desayuno está llegando a la una de la tarde y el almuerzo, a las cuatro. ‘Esto aquí es un caos por la falta de director', precisó.

Los dos privados hablan incluso de violación a las normas de resocialización. ‘Queremos que se conozca esta situación que está pasando dentro de La Joyita', agregan.

Un caso en particular que mencionó el privado de libertad fue el de un compañero que tiene que cambiarse una bolsa colectora de orina, pero ha perdido tres citas. ‘Esto es un caos', insiste.

‘Desde el 2014 hemos tenido una férrea lucha contra la corrupción... Se han realizado 60 investigaciones, con 29 denuncias penales y se ha destituido a 39 funcionarios. Es una lucha que no acaba, continua y diaria', indicó una fuente del Sistema Penitenciario Nacional.

‘Es preciso destacar la implementación de la Ley 42 de 14 de septiembre de 2016 que establece la Carrera Penitenciaria, como herramienta para contrarrestar la corrupción, puesto que es dirigida a garantizar la estabilidad, equidad y justicia en la administración del recurso humano, que se encuentra al servicio del Estado, y a promover que todos los puestos públicos sean ocupados por servidores idóneos, capacitados, competentes, leales y honestos', añadió.

Las medidas adoptadas por el Sistema Penitenciario Nacional incluyen la reorganización y reestructuración del Departamento de Inspectoría del Sistema Penitenciario, con la finalidad de tener controles científicos, lo que ha incidido en la creación de plazas para inspectores y personal especializado.

Asimismo, se presentó un Plan de Prevención Contra la Corrupción a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), lo que se suma al ‘reforzamiento de los controles de seguridad en los centros penitenciarios y las capacitaciones constantes dirigidas al personal operativo'.

Adicionalmente, el Sistema Penitenciario inauguró la Academia de Formación Penitenciario (AFP), con sede en Aguadulce, provincia de Coclé, cuyo propósito es brindar una formación integral a los custodios.

OPERACIÓN RECLUSIÓN

Funcionarios lideraban red de corrupción en el sistema

En agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación reveló un operativo para desmantelar una red de corrupción que afectaba las cárceles del país.

Según informaron las altas autoridades, la red podría estar conformada por funcionarios, exfuncionarios, particulares y privados de libertad que, entre otras cosas, habrían alterado sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, falsificando mandamientos y boletas de libertad, modificando listas de conmutación de penas y manipulando traslados de privados de libertad.

La Procuraduría General de la Nación explicó que el modus operandi consistía en solicitar dinero a cambio de alteración de información de los privados de libertad, contenida en la base de datos del Sistema Penitenciario, para obtener libertades, y para traslados a otros centros.

Una familia fue estafada hasta por $70 mil, con la promesa de liberación de un recluso. También se dedicaban a la falsificación de boletas de libertad y solicitaban dinero para traslado de privados de libertad a sus diligencias. La fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo solicitó llamamiento a juicio contra las 11 personas imputadas por corrupción dentro del Sistema Penitenciario.