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13 de May de 2021

Nacional

Interponen querella contra ministros de Ambiente y Presidencia

Los ministros Salvador Sánchez y Emilio Sempris y el presidente Juan Carlos Varela son objeto de dos demandas criminales interpuestas ayer. En disputa, un estudio de impacto ambiental en Coiba

Interponen querella contra ministros de Ambiente y Presidencia
Donaldo Sousa (d), junto a Víctor Jordán, en la Procuraduría General.

Dos ministros, un presidente y una pista. Emilio Sempris, ministro de Ambiente; Salvador Sánchez, ministro de la Presidencia, y el mandatario Juan Carlos Varela. Los tres son los querellados en denuncias criminales presentadas ayer en la Procuraduría General de la Nación y en la Asamblea Nacional.

Los recursos fueron interpuestos por el abogado Donaldo Sousa Guevara en representación de diversos sectores de la comunidad veragüense por supuestos delitos relacionados con la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la rehabilitación de una pista de aterrizaje en el Parque Nacional Coiba.

PROYECTO POLÉMICO

Según los ecologistas, el proyecto contempla la construcción de una terminal aérea

La nueva pista tendrá una extensión de 2 mil metros cuadrados de cemento, a un costo aproximado de $2.5 millones.

Además de los ministros y el presidente, las demandas incluyen a los consultores que trabajaron en el estudio de impacto ambiental, aprobado en junio por MiAmbiente, después de ser presentado por Presidencia.

El EIA de categoría I fue sometido a evaluación de MiAmbiente por el ministro Salvador Sánchez y aprobado en junio. Pero de acuerdo con grupos ecologistas, no se han realizado las consultas que requiere un sitio que forma parte del Patrimonio Natural de la Humanidad, título que le fue conferido por Unesco en 2005. ‘No hay un estudio de impacto ambiental en un área protegida que no sea de la máxima categoría, o sea categoría 3', plantea Sousa Guevara.

Los trabajos en cuestión serán llevados a cabo por un contratista en un descampado de 800 metros que actualmente es utilizado como pista de aterrizaje, tanto por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) como por los visitantes que arriban a la isla atraídos por su riqueza biológica, misma que diversos grupos ambientalistas y otros que representan a las fuerzas vivas de la provincia de Veraguas están interesados en preservar.

Entre los defensores del ecosistema insular se encuentra Víctor Jordán, de la Alianza Estratégica Nacional, quien acompañó a Sousa Guevara al momento de interponer las denuncias criminales contra el presidente y dos miembros de su Gabinete. Jordán, quien también es sociólogo, aseguró que, en el caso del proyecto de reacondicionamiento para la pista de aterrizaje el Gobierno ha incurrido en engaño y extralimitación de funciones. Denuncia que tras esta rehabilitación se esconde la construcción de una ‘terminal aérea, que va a costar 2.5 millones de dólares, con 1,200 metros cuadrados de pista'.

De acuerdo con MiAmbiente, el alcance de los trabajos se limita a una caseta y a la construcción de un par de baños. Sin embargo, Sousa Guevara afirma que se trata de ‘una pista de aterrizaje de una categoría establecida por Aeronáutica Civil, mucho más larga, que va a permitir que aterricen aviones de mayor envergadura, con un impacto violento en la isla, con miles de visitantes al año'.

Si bien Sousa Guevara y Jordán no se oponen a un turismo de bajo impacto, como el que se ha venido realizando hasta ahora, sí les preocupa que la pista de aterrizaje sea utilizada como ‘punta de lanza' para un proyecto de desarrollo en Coiba, lo que podría poner en peligro su condición como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

En la próxima reunión del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, por realizarse el viernes en la comunidad de Río de Jesús, en Veraguas, expresarán su rechazo a lo que perciben como un sistema de desarrollo que, al plegarse a un ‘poder económico irracional', está perjudicando al medio ambiente.

Sousa Guevara y Jordán sustentaron los recursos interpuestos en un supuesto ocultamiento y falsificación de información, violación al concepto de áreas protegidas y a la Ley 44 de 2006. ‘La figura jurídica que rige Coiba ahora mismo es la de un Patrimonio, si eso se rompe, ya el Estado o Gobierno puede privatizar, da en concesión playas y tierras'.

La Estrella de Panamá trató de conocer la reacción del ministro Sempris, pero no respondió los mensajes dejados por este diario.