09 de Dic de 2022

Nacional

VIH e ITS son un problema de Estado y de salud pública

La Ley 40 del 14 de agosto de 2018, publicada en Gaceta Oficial este martes, establece el marco legal para el abordaje integral de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el virus de la inmunodeficiencia humana

VIH e ITS son un problema de Estado y de salud pública
Las autoridades lanzaron el año pasado una campaña de prevención del sida.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en general y el VIH, en particular, pasaron a ser un problema de Estado, de salud pública y de interés nacional. Así lo indica la Ley 40 del 14 de agosto de 2018, publicada en Gaceta Oficial este martes, mediante la cual se establece el marco jurídico del sistema social e institucional para la educación, bienestar, defensa de los derechos, prevención y atención integral de las enfermedades de transmisión sexual.

La ley dicta que los centros médicos públicos y privados tendrán la obligación de ofrecer las pruebas de VIH a la población y una asesoría antes y después de la aplicación de la prueba.

El Ministerio de Salud (Minsa) promoverá y mantendrá un ‘buen nivel de información' para la relación sexual más segura y fortalecerá las campañas de divulgación de medios efectivos para prevenir la transmisión de ITS y VIH. Para tal efecto, vigilará que se cumpla con la disponibilidad y el adecuado almacenaje de condones en buenas condiciones, de acuerdo con las normas de control de calidad, nacional e internacionalmente aceptadas, señala la norma.

Los hoteles, moteles, pensiones y casas de alojamiento ocasional deberán colocar un letrero en el que se indique la disponibilidad de condones para los huéspedes y el Minsa, por su parte, requerirá como medida de protección de la salud pública que se suministre condones e informaciones sobre ITS y VIH a cada barco o buque al momento de atracar en los puertos. La cantidad de preservativo dependerá del número de tripulantes y pasajeros, como su estadía en el puerto. Este costo, al igual que de otras acciones de prevención, se cobrará en el renglón de sanidad marítima.

ESTADÍSTICAS Y LUCHA

El primer caso de sida en Panamá se detectó en 1984

Hasta el año pasado se han descubierto 24,000 casos, de los cuales 12,000 personas han fallecido

La nueva ley busca reforzar la lucha contra el VIH y obliga a las autoridades de Salud a tomar una serie de medidas.

Desde que se detectó el primer caso de VIH en Panamá, en 1984, hasta el 2017, se han descubierto 24 mil casos, de los cuales 12 mil enfermos han fallecido.

Sin embargo, de acuerdo a datos del Minsa en el país existen entre 16,000 y 18,000 personas que padecen del VIH y lo desconocen. El año pasado la institución destinó $21 millones en la lucha contra el sida, de los cuales $16 millones se destinaron a la compra de medicamentos.

La nueva ley establece que todo empleador público y privado deberá facilitar a sus trabajadores los medios e instrumentos por el Minsa que permitan asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, salud y seguridad ocupacional. Además de ofrecer las condiciones necesarias para evitar la transmisión de ITS o VIH.

La norma también le da la potestad al Minsa de realizar compras directas de medicamentos y vacunas necesarias para el tratamiento de ITS y VIH.

Todo trabajador de salud está obligado a prestar la atención que requiere la persona con ITS y VIH y a cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad.

La ley obliga al sector salud a garantizar la dotación de pruebas diagnósticas de ITS y VIH a todas las mujeres embarazadas, previa orientación y asesoría.

El Minsa, en coordinación con su sector y la sociedad civil, gestionará y asegurará los recursos económicos para financiar la atención integral de los nacionales y extranjeros, estos últimos que vivan o se encuentren temporalmente en el país.

Las personas naturales y jurídicas que asignen presupuesto para realizar actividades dentro de las empresas o dirigidas a la comunidad relativas ala investigación de las ITS y VIH para la prevención y atención integral podrán deducirlo de su impuesto sobre la renta.

Además del Minsa, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Desarrollo Social y demás instituciones estatales, así como universidades públicas y privadas y las empresas, deberán promover la educación y orientación a través de medios de información masiva.