Santana y Vergara, enredados en trama de corrupción de los ‘diablos rojos'

A mediados de diciembre próximo, el Ministerio Público estaría compulsando copias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que decida si se investiga a dos diputados: Diógenes ‘Yoyi' Vergara y Carlos Santana, por su presunta vinculación a una compleja trama de corrupción relacionada con el proceso de compensación que permitió sacar a los ‘diablos rojos' de circulación.

‘Los transportistas quieren involucrar a otras personas, a más diputados, para ver si se salvan... Debí compensar mucha plata y no fue así',

CARLOS SANTANA

DIPUTADO

En el año 2010, más de 2,700 autobuses, conocidos como ‘diablos rojos', que prestaban el servicio de transporte público colectivo en la ciudad capital, fueron sacados de circulación para dar paso al ingreso del metrobús. A cambio, se le debía pagar una indemnización a cada unidad que contara con su cupo o certificado de operación y sus papeles en regla.

La administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) creó un proceso de compensación para resarcir a aquellos transportistas que, por la implementación del nuevo sistema, dejarían de percibir ingresos. Este trámite estuvo plagado de irregularidades que llevaron a una compleja trama de corrupción en la que se han visto relacionados dos diputados y un suplente, según la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación.

Al ser consultado por La Estrella de Panamá , Santana dijo desconocer que se le señala por introducir buses del interior al sistema de transporte colectivo, para beneficiarse de las indemnizaciones. Por el contrario, dijo el diputado: ‘fui víctima de la pasada administración de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Fui el primero en denunciar la trama de corrupción de la institución... A mí me robaron seis cupos' de los doce que mantenía para operar en los corredores y cuya compensación podría alcanzar hasta $75 mil.

Según Santana, los cupos que le cancelaron se los otorgaron a otras personas. ‘Los perdí', se quejó. El diputado dijo que de la noche a la mañana los cupos aparecían a nombre de otras personas que sin ser transportistas cobraban la compensación. ‘Eran unos maleantes', exclamó.

Santana piensa que los transportistas quieren involucrar a otras personas, a más diputados, ‘a ver si se salvan'. Aunque reconoció que hay algunos (diputados) que sí están involucrados porque son dirigentes. Él, sin embargo, dice que no.

Para el diputado esto podría tratarse de un tema político, aunque no proporcionó nombres de los transportistas que supuestamente están buscando involucrar a los diputados, pero añadió que el 80% de los dirigentes son del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Santana aseguró que le tocó compensar ‘mucha plata' porque desde un inicio tenía los cupos de los corredores. Pero solo logró la indemnización de tres certificados de operación, de los doce que tenía. Otros cupos, cuenta el diputado, los cedió en gratitud a personas que pagaron la deuda que el transporte tenía con el banco.

El diputado, del Partido Panameñista, explicó que está un poco molesto porque este caso no ha explotado como debiera. Recordó que hubo transportistas panameños que se trasladaron a Santiago a comprar buses. ‘Hay personas que vendieron buses como yo. A mí, un transportista llega a comprarme buses y los vendo', admitió.

‘Yo vendí buses. Otros transportistas también lo hicieron, pero cayeron en la trampa de haber comprado los cupos' a los transportistas que iban de Panamá al interior del país, recalcó.

El diputado Santana aseguró que mantiene en su poder cartas que envió al entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en las que expone sus quejas sobre el proceso con el propósito de evitar que le quitaran los últimos dos cupos que le quedaban.

De acuerdo al mandato constitucional, corresponde a la Corte investigar y conocer de los casos policivos o penales en los que se involucra a diputados.

EL CHATARREO

El proceso para la implementación de un nuevo sistema de transporte público incluía convertir en chatarras los viejos autobuses. Pero, según las investigaciones del Ministerio Público, en este trámite hubo irregularidades y quedó en evidencia que los funcionarios no cumplieron con la tarea asignada.

Entre estas se señala que no habían registros certeros de los buses que entraban al cementerio, lo que permitió que ingresaran unidades que no estaban contempladas en el rescate administrativo (zonas del interior del país), buses con desperfectos mecánicos con distintivos de privados, pero con rutas remarcadas, describe la fiscalía en la providencia de indagatoria N°21.

Hubo unidades que debían estar descartadas, pero sus dueños estaban haciendo fila para cobrar nuevamente la indemnización, señaló una fuente ligada al caso.

Hasta este momento las investigaciones se han centrado en el pago irregular de las compensaciones. Pero no se descarta la apertura de un nuevo proceso por lo ocurrido durante el descarte.

La Dirección Administrativa de la ATTT tenía a su cargo supervisar el proceso de chatarreo. Para esta actividad, se habilitó un área en la zona de Howard donde los transportistas debían hacer entrega del bus junto con una copia del certificado de operación, póliza de seguro y Registro Único de Propiedad.

La documentación debía ser cotejada con el bus entregado. Pero, según la fiscalía, esto no ocurrió. El personal solo recibía la documentación, pero no verificaba la unidad vehicular.

La revisión de los documentos y del bus debía hacerse con personal de la Contraloría que, según la agencia de instrucción, estuvo ‘escasamente' presente en este proceso.

De acuerdo con la investigación ni siquiera hubo la certeza de la entrega de los buses. ‘Cuando el transportista entregaba la documentación, la unidad se retiraba del patio sin acuso de recibo, solo con la comunicación del funcionario de que debía retirar el acta de entrega en la Secretaría Administrativa', señala la providencia de indagatoria.

El encargado del proceso de chatarreo debía elaborar un listado de los buses que debía ser remitido a la Secretaría Administrativa para la confección de las actas de entrega. El transportista posteriormente la retiraba para cobrar el cheque de compensación. Con el acta de entrega, el personal del patio supuestamente verificaba que no hubieran alteraciones. Pero esto tampoco ocurrió.

Un punto que destaca la fiscalía es que la entrega de la unidad era para su descarte y sacarla de circulación. Pero ‘es un hecho notorio que muchos de los buses que fueron entregados para descarte circulan por la ciudad', subraya la fiscalía.

Le ATTT debía fiscalizar, revisar y sellar la documentación entregada y revisar que la unidad se encontrara en óptimas condiciones. Pero tampoco se cumplió con este compromiso. ‘De existir este control, no se hubieran dado tantas irregularidades en el patio', se desprende del documento de la fiscalía.

Según la pesquisa, este esquema no solo fue orquestado por un grupo de transportistas, sino por los dirigentes de las concesionarias. Quinientas personas han sido imputadas por delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Este medio intento, sin éxito, conversar con el diputado Vergara para conocer su versión ante los señalamientos en su contra por una serie de irregularidades ocurridas en Panamá Este.

IMPAGO DE PLACAS

Indemnizaciones a buses que no prestaban servicio

Entre las numerosas irregularidades que se dieron para sacar a los ‘diablos rojos' de circulación se cuentan las de propietarios que no prestaban el servicio.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga comprobó que certificados de operación que recibieron compensación no prestaban el servicio de transporte público colectivo.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 14 del 31 de agosto de 2010, se indemnizaría a propietarios de buses que operaran dentro de las rutas concesionadas. La providencia de indagatoria de la fiscalía determinó que en muchos casos era evidente que el cupo no prestaba el servicio en ninguna ruta porque durante años no se había pagado la emisión de la placa comercial.

Estos certificados de operación, según la fiscalía, debieron ser cancelados y no objeto de indemnización, lo que afectó el patrimonio estatal.

Las pesquisas de la fiscalía determinaron que cuando se dio el inicio del proceso de compensación de buses, organizaciones transportistas optaron por cancelar los años adeudados a las placas comerciales para cumplir con uno de los requisitos que los convertía en beneficiarios.

Había vehículos que tenían hasta diez años atrasados en el pago de placas. Sin embargo, al enterarse de que se había iniciado el proceso de compensación de buses, se hicieron los pagos para reflejar una supuesta operatividad y efectividad del contrato y optar por el beneficio que estaba ofreciendo el Estado