¿Las medidas de seguridad aplicadas en la ciudad son las mismas que deben aplicarse en Colón, David y Santiago?

¡En seguridad ciudadana no hay receta universal! En diversos estudios ha sido comprobado que la mejor seguridad es la que no se ve. Aquella que no necesita hacerse presente en cada esquina, pues antes de llegar al punto represivo, se ha ejecutado toda una estrategia preventiva.

Tales son los casos de éxito de los países nórdicos o de las culturas orientales, en donde cada ciudadano es consciente de que no requiere ser visto por una autoridad para depositar el dinero en una cesta, por algún producto o servicio que está adquiriendo. Allá, al menos en el nivel ciudadano, el valor de la honestidad y el respeto a las normas no requiere la presencia de los uniformados.

Acá, en Panamá, el contexto país es distinto y si cruzamos el puente de Las Américas, la situación cambia de manera no solamente estadística, sino hasta culturalmente. He aquí la pregunta del millón: ¿Las medidas de seguridad aplicadas en la ciudad son las mismas que deben aplicarse en Colón, David y Santiago?

Partiendo desde la concepción preventiva, las medidas de seguridad aplicadas en la urbe panameña no pueden ser las mismas que se repliquen en Colón, David y Santiago, pues sociológicamente está demostrado que se trata de tejidos sociales distintos, pasados diferentes, etnias desiguales, situaciones socio-políticas y económicas dispares.

En términos generales, la inseguridad en el país es percibida por la población mayor de 18 años como superior en comparación a países como Estados Unidos, Chile y Colombia. En la Encuesta de victimización y percepción de la seguridad ciudadana en Panamá, publicada en marzo pasado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, se refleja que el 82% de los encuestados percibe que el país es inseguro. Dicha cifra está 12 puntos por encima de lo que se había fijado en 2016, cuando la percepción de inseguridad fue de 70%.

Los resultados de la encuesta también señalan que el 16% de los consultados había sido víctima de los delincuentes en los 12 meses previos; y de ese grupo, el 80% lo había sido una vez, en tanto que el 20% en más de una ocasión. Los hurtos, con el 41% de los casos, y los robos, con el 35%, son los actos delictivos de mayor ocurrencia en el país.

Sociólogos y estudiosos de la materia, afirman que, aunque la percepción es subjetiva y no tiene que ver directamente con la realidad de los delitos, no debe ser desestimada, pues las estadísticas que manejan las autoridades se refieren a los casos en los cuales las víctimas se han atrevido y han invertido tiempo y recursos para interponer las debidas denuncias.

Panamá es una metrópoli con mayor densidad de población, proveniente de distintos orígenes, esto trae consecuencias que generan relaciones mucho más complejas a nivel de seguridad, lo cual debe ser analizado.

Hoy por hoy, la población caribeña colonense —en su mayoría afrodescendiente— no tiene la misma idiosincrasia que los residentes de David, cuya provincia es fronteriza, descendientes de inmigrantes de países nórdicos, judíos y aborígenes; menos parecida es la de Santiago, cuya población latina es la mezcla de sus ancestros aborígenes e hispanos criollos.

Las formas de relaciones interpersonales, de la colectividad y del imaginario del ser panameño, en las cuatro grandes ciudades: Panamá, Colón, David y Santiago requieren distintos enfoques a la hora de implementar estrategias de seguridad, necesitan distintos niveles de presencia policial y más cuando se habla de los recursos (dineros) destinados a tales cometidos.

A principios de abril de este año 2018, las autoridades del gobierno central anunciaron la Estrategia de Seguridad Ciudadana 2017-2030, diseñada con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

El documento se enfoca en la visión preventiva, dando una relevancia al contexto regional de nuestras ciudades y está compuesto por cinco ejes: Acceso universal a una vida sin violencia; inclusión de los gobiernos locales en la gestión de la seguridad; procurar instituciones eficaces, responsables y transparentes; participación e inclusión para la promoción de una cultura de paz, y, por último, alianzas para alcanzar las metas con los diferentes sectores del Estado.