MEF se mantiene revisando reglamentación de retención de impuestos e inmuebles

La reglamentación sobre la retención del impuesto de inmueble está siendo revisada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y los Agentes Retenedores, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado.

El MEF detalló que el objetivo de la revisión, es con el fin de de coordinar y realizar los ajustes que sean necesarios, a fin de adecuar lo contemplado en el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018, que reglamenta el mecanismo de retención de impuesto de inmuebles, del cual sean objeto los bienes inmuebles y sus mejoras.

Una vez culminen estas revisiones y se realicen los ajustes acordados, éstos serán debidamente comunicados y divulgados para el conocimiento de la ciudadanía.
Esta figura solamente se aplicará en los casos de segundas viviendas o propiedades dedicadas a la actividad comercial que mantengan hipoteca con los bancos. Las viviendas inscritas como principales o como patrimonio familiar no entran en este mecanismo de retención.

El objetivo principal es llegar a un acuerdo favorable para todas las partes involucradas de manera que al final se logre establecer un mecanismo de cobro que facilite el pago de este impuesto a los contribuyentes.

El MEF también aclaró que las viviendas inscritas como principales o como patrimonio familiar no entran en este mecanismo de retención, ya que esta figura solamente se aplicará en los casos de segundas viviendas o propiedades dedicadas a la actividad comercial que mantengan hipoteca con los bancos.

El anuncio del MEF, se dio luego que este lunes 17 de diciembre fuera presentado ante la Corte Suprema de Justicia  una demanda contencioso administrativa de nulidad contra varios artículos del Decreto Ejecutivo N° 362, entre los que se encuentran los artículos 5 y 7 de la ley de impuestos inmueble ( Ley 66 del 17 de octubre de 2017 ) y el artículo 10 de el Decreto Ejecutivo N°362, que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles, del cual sean objeto los bienes inmuebles y sus mejoras, que hayan sido financiados a través de préstamos o créditos hipotecarios o que sean garantizados por fideicomisos de garantías y de emisión de valores.