Gobierno perdió capacidad de diálogo con los productores

La opinión pública, así como más de una veintena de organizaciones gremiales y políticas coinciden en que la imputación de cargos a los productores Elías Marciaga, Alberto Martínez, Luis Miguel Chávez, Leonys Peralta, Pedro Vidal y Carlos Avilés es una medida de represión del gobierno, más que de justicia.

A lo largo de esta semana asociaciones ligadas al sector agropecuario, partidos políticos, abogados, profesionales y otros, han manifestado su rechazo y solidaridad. Ayer se pronunciaron la sociedad panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), la Central General Autónoma de Trabajadores, CGTP, y el Frente Amplio por la Democracia, FAD.

El conflicto entre el gobierno y los productores mantuvo una fase de diálogo en agosto cuado los segundos entregaron al presidente Juan Carlos Varela un pliego con nueve puntos en los que pedían la intervención de varias instituciones del Estado para resolver asuntos sanitarios, de fiscalización de importaciones, revisión de los Tratados Comerciales, y el pago de varios millones a arroceros que había prometido el gobierno pero estaban atrasados.

Ambas partes habían acordado reunirse en diciembre para dar seguimiento a los planteamientos. Sin embargo, esta reunión nunca se dio y provocó una manifestación en Divisa, Herrera, donde se dieron incidentes que luego desencadenaron en la imputación de cargos por irrespeto a la autoridad, intento de secuestro y desorden en la vía pública. Los mencionados quedaron en libertad luego de que la juez Zeddy Ureña impusiera medidas cautelares.

Hechos represivos que para el FAD sientan un mal precedente y un claro acto de abuso de autoridad, solo por el hecho de haber imputado a los productores cuando ejercían el legítimo derecho de protestar. ‘Rechazamos que se renueven los intentos por criminalizar y penalizar la protesta social contra un sector que, al igual que los trabajadores y profesionales, han sido víctimas de las políticas neoliberales y Tratados de Libre Comercio (TLC)', firmados por las administraciones gubernamentales anteriores, se lee en la nota del FAD.

Por su parte la CGTP expresó su solidaridad con los trabajadores del campo. ‘Por décadas han sido abandonados a la suerte de los tratados de libre comercio. Los productores han sufrido por no contar con las garantías en la venta de sus productos, competencia desleal y no contar con el apoyo efectivo en la venta de sus productos', comunicó la organización en una conferencia de prensa.

Añadieron que ‘cuando un gobierno pierde la capacidad de dialogar y usa la fuerza represora para imponer sus posiciones obliga a que todos rechacen los métodos que fueron utilizados por el régimen militar'.

‘Productores y organizaciones civiles aliadas emplazan al Presidente a convocar a un diálogo a más tardar hasta el 26 de diciembre',

JOSÉ SANCHEZ

PRESIDENTE DE ANAGAN, CAPÍTULO DE VERAGUAS

La SPIA, por su lado, resaltó el valor de la democracia y el diálogo en momentos de conflicto. El comunicado de prensa firmado por Gustavo Bernal, presidente de este gremio, indica que observan con suma preocupación cómo estos preceptos democráticos han sido desvirtuados en contra, precisamente de uno de los sectores representativos de la economía primaria y que representan nuestra soberanía alimentaria; el sector agropecuario, hoy sumido en una grave crisis debido a la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional a una serie de distorsiones del mercado, que ponen en peligro la subsistencia de miles de familias campesinas y, por ende, la comida de toda una población.

Reiteró el derecho legítimo a la protesta y condenó las consecuencias adoptadas por el gobierno al respecto, como las detenciones e imputaciones, acciones que califica de medidas extremas y antidemocráticas que no ofrecen espacio a la concordia, sino que generan un ambiente de terror e incertidumbre que no ayuda a la democracia que debe construir el país. ‘La represión no es la herramienta idónea para atender los ingentes problemas del país, máxime cuando se utiliza en contra de ciudadanos que defienden los intereses nacionales, amenazados por una política económica dirigida a destruir el sector agropecuario', señala la SPIA.

Finalmente exigió al gobierno que desista de la confrontación y las amenazas, y propicie el diálogo sin precondiciones y con respuestas a las demandas del sector agropecuario.

Exhortó al mandatario Varela a practicar su slogan ‘el pueblo primero' en vez de que sea un espejismo de decepción y ausencia de liderazgo.