La Estrella de Panamá
Panamá,25º

18 de Oct de 2019

Nacional

Gremio periodístico y sociedad civil rechazan la detención de Ligia Arreaga

La periodista panameña fue privada de su libertad durante el ejercicio de las labores informativas, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí

Gremio periodístico y sociedad civil rechazan la detención de Ligia Arreaga

Organizaciones del gremio periodístico en Panamá, alzaron su voz en rechazo a la reciente detención de Ligia Arreaga, quien fue privada de su libertad durante el ejercicio de las labores informativas, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con información difundida por el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), en su cuenta de Twitter, Arrega fue multada con $300 por "supuestamente" agredir a una juez de paz y no portar su cédula de identidad.

"Parece más una acción intimidatoria y represiva, y no una acción admtiva", agregó el Conape.

"Estamos contactando a la jueza de Paz, Ulzana Valdés, para ver el caso de la colega Ligia Arreaga, detenida por pretender entrevistarla sobre un cobro a los productores que deseen vender sus productos", indicó la entidad gremial.

Por otra parte, el Fórum de Periodistas se sumó al repudio de la detención, subrayando que "deploramos la detención de la periodista Ligia Arreaga durante el ejercicio de su profesión, por órdenes de la jueza Ulzana Valdés. Exigimos su inmediata libertad".

Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá (UP), manifestó que además de conocer a Arreaga,  puede dar fe de que "es una profesional decente, honesta y luchadora de causas ambientales y sociales. No se merece que se le trate como una delincuente".

Magaly Castillo, activista de los derechos humanos en Panamá, destacó que Arreaga estaba realizando un trabajo periodístico y además es miembro de la Red de Derechos Humanos, "ella no es una delincuente y nunca debieron esposarla y humillarla de esta manera. La Juez de Paz que ordenó esto incurrió en abuso y extralimitacion de funciones".

El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), catalogó el hecho como una "actuación abiertamente ilegal", reseñando que su disconformidad por "la  violacion a las normas protectoras de los derechos humanos".