Condenan a Pérez y Garúz por caso de ‘pinchazos telefónicos'

Actualizado
  • 05/01/2019 01:00
Creado
  • 05/01/2019 01:00
Por este caso también es procesado el expresidente Ricardo Martinelli

El Juzgado Decimosexto Penal, a cargo de Enrique Pérez, condenó a 50 meses de prisión a Gustavo Pérez y Alejando Garuz por el delito contra la libertad, en su modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, dentro del caso mejor conocido como los ‘pinchazos telefónicos'.

Además, el Juzgado le impuso a los dos condenados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal. A los 50 meses (cuatro años y dos meses) se le debe computar el tiempo que se mantuvieron con la medida de detención preventiva.

‘Los señores Pérez y Garuz brindaron una cooperación con la cual los actos delictivos no hubiesen podido llevarse a cabo', señala un comunicado del Órgano Judicial que cita el fallo del juez Pérez. Por lo que se ha probado la participación directa y dolosa que le atañe a los señores imputados', puntualizó el juez Pérez en su fallo, que aún no está en firme pues se encuentra en la fase de notificación a todas las partes.

El proceso penal contra Pérez y Garuz se inició el día 29 de julio de 2014 por la denuncia de un testigo protegido que reveló que en el Consejo de Seguridad Nacional se realizaron interceptaciones de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, entre otros medios de comunicación que violentaron derechos constitucionales, toda vez que se violaba la privacidad de las personas, entre ellos políticos, magistrados y jueces, periodistas y miembros del gobierno. Todo esto bajo la gestión de Pérez y Garuz durante el pasado gobierno.

Por este caso también es procesado el expresidente Ricardo Martinelli.

El juez Pérez también ordenó la compulsa de copias de las declaraciones de Jaime Agrazal, quien se retractó en el acto de audiencia ordinaria de las declaraciones hechas en la fase de instrucción, para que se investigue la presunta infracción del Código Penal.

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