Contrato de isla Bona enfrentaría escollo legal

El proyecto de construcción de una petroterminal en isla Bona enfrentaría un escollo legal. El contrato de arrendamiento que firmó la empresa Bona Pacific, Corp., que construye la obra, y la Alcaldía de Taboga, puede ser objeto de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por tratarse de tierras nacionales, como lo es isla Bona, la alcaldía no puede suscribir un contrato de arrendamiento con la empresa porque es de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El abogado Ernesto Cedeño explicó que los municipios solo pueden realizar contratos de arrendamiento de tierras cuando son estas son municipales. De lo contrario, el MEF es el responsable de suscribir contratos con terceros cuando se trata de tierras nacionales. A menos, aclaró el abogado, que haya un acuerdo interinstitucional entre el MEF y la Alcaldía de Taboga para realizar ese contrato.

La isla, ubicada a unas 10 millas náuticas de Taboga, tiene una superficie de 74.7 hectáreas, de las cuales 34.7 hectáreas serán arrendadas a la empresa, que tiene planes de invertir $140 millones en la primera fase del proyecto y otros $120 millones en la segunda fase.

El contrato de arrendamiento se firmó en enero de 2018 entre el alcalde de Taboga, Ramón Ramos, y el presidente de la empresa Bona Pacific Corp., Raam Shimon Ady. En noviembre de 2017, el Consejo Municipal de Taboga aprobó el Acuerdo No. 44 que autoriza al alcalde a firmar el contrato de arrendamiento con la empresa.

Además de esta posible ilegalidad, el proyecto también enfrenta las quejas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales por las consecuencias ambientales.