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21 de Sep de 2019

Nacional

Informe de auditoría relacionó a Gustavo Pérez por pérdida del equipo

Dos licenciadas de la Contraloría relacionaron al exdirector de la Policía con la lesión patrimonial y a 8 personas con faltas administrativas

Gustavo Pérez, exdirector de la Policía Nacional

Amadelys Valderrama e Iris Pérez, peritos de la Contraloría General de la República, elaboraron una auditoría 'especial' a petición de la Fiscalía Superior Anticorrupción y la Fiscalía de Cuentas sobre la compra, entrega y custodia del equipo adquirido por el Estado a la empresa M.L.M. Protection.

Este informe fue detallado hoy al retomar el juicio oral en contra del expresidente Ricardo Martinelli por pinchazos.

La compra de este programa para espiar correos y teléfonos, se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a un costo de $13 millones. No obstante, la lesión patrimonial que endilga la Fiscalía al exmandatario es por $10 millones, cifra que descuenta los impuestos.

El programa se compró en 2010, con el contrato 045/10, y sirvió para infectar a los correos de los blancos, al igual que sus móviles. El testigo protegido de la Fiscalía, cuando rindió declaración ante el Tribunal, recordó que dicho equipo se recibió de la Policía Nacional, información que coincide con el reporte de auditoría de las peritos que corrobora que el programa lo recibió el entonces director de la Policía Nacional Gustavo Pérez.

Su funcionamiento, no obstante, no era eficiente. Se demoraba en infectar los correos de los objetivos y debido a la lentitud del mismo, el Estado decidió no renovar la licencia.  El  Consejo de Seguridad, según las declaraciones del testigo protegido, optó por adquirir un equipo italiano de nombre Da Vinci, y posterior a este, se compró el Pegasus. Éste último era muy superior al resto de los mencionados.

En su declaración ante el Tribunal, las funcionarias detallaron que hallaron 8 inconsistencias.

Se les solicitó por ejemplo que mencionaran si encontraban irregularidades en la compra del equipo aprobado por la Junta Directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN); a qué funcionarios del Consejo de Seguridad le correspondía custodiar el mismo; establecer qué funcionario lo recibió; cuál fue el último funcionario que tuvo contacto con el equipo y si las leyes permitían este tipo de adquisiciones o de contratos.

De lo anterior las funcionarias no lograron hallar respuesta a todas las interrogantes. Determinaron que hubo una nota firmada de recibido por parte de Gustavo Pérez,  pero a pesar de que éste fungía como director de la Policía Nacional,  no hallaron un documento de la entidad en el que se diera constancia que se recibió el equipo. Tampoco encontraron el uso y custodia del mismo en ningún escrito.

Lo que sí determinaron fue un responsable de la lesión patrimonial, Gustavo Pérez,  además de 8 personas relacionadas por faltas administrativas. Entre ellas a Jimmy Papadimitriu quien entonces ostentaba el cargo de Ministro de la Presidencia, a Giacomo Tamburelli, director del PAN, a Carlos Orillac quien laboraba en la Presidencia, entre otros integrantes de la Junta Directiva del PAN.

Entre las fallas, las peritos mencionaron deficiencias en el control administrativo con respecto a las limitaciones que enfrentaron al efectuar la auditoría. Específicamente por la documentación que solicitaron para acreditar a la persona o entidad que requirió el bien, pero no les fue suministrada. En este renglón hacían referencia a pliegos de cargos, orden de proceder, facturas.
Otro de los puntos débiles mencionados es que no llegó a sus manos documentación que sustentara la compra del equipo. Tampoco obtuvieron escritos sobre la identificación de los solicitantes de la máquina, ni quién fue el custodio final.

Mencionaron que hubo modificaciones en el título del proyecto por parte del Fondo de Inversión Social, antiguo PAN.  Para la compra no se efectuó una convocatoria abierta, sino que se hizo de forma directa a una empresa que no estaba inscrita en el PAN.

Otro punto mencionado por las peritos fue la ausencia de informes que evidenciaran la instalación del equipo así como un informe de análisis de la propuesta presentada por la empresa.

La defensa cuestionó a las declarantes si en cualquiera de estas falencias narradas hallaron relación con su cliente, y la respuesta a todas las anteriores fue que no.

Ahora bien, la investigación en contra del expresidente comprende del 2012 al 2014. ¿Por qué para la Fiscalía este equipo es de interés si se adquirió dos años antes?.

El fiscal Aurelio Vásquez responde que nunca hubo un desmantelamiento del equipo, que el mismo no aparece, "lo importante de esto es dónde están los equipos, debía tener un descarte administrativo, ese procedimiento no existe". El delito por el cual acusan a Martinelli en este caso, es por peculado de sustracción de materia, en palabras llanas por desaparecer el equipo.

"El equipo sí llegó al Consejo de Seguridad, como lo advirtió el testigo protegido. Si llegó entonces, ¿dónde esta?", se pregunta Vásquez.

El pago a la empresa  se efectuó  en tres partes: primero un 30%, después el 50% y finalmente el 20%. La propuesta para la compra del equipo fue presentada a la junta directiva del PAN en marzo de 2010.

Para la realización de la mencionada auditoría,  Valderrama y Pérez hicieron consultas a varias entidades para recabar información. El Consejo de Seguridad, en nota firmada por el entonces director Rolando López, les indicó que esa entidad no había solicitado el equipo, y que no constaban informes que avalaran la necesidad de la compra. Algo muy similar respondió el Ministerio de la Presidencia a las licenciadas.

Jimmy Papadimitriu ofreció una respuesta larga que trataba sobre los informes de avanzas que debía emitir la empresa. Cuando consultaron a Tamburelli éste detalló las funciones del director del PAN, e indicó que los sustentadores de los pagos debían estar en la entidad y éstos se producían de acuerdo a las notas de avances o que proporcionaba la empresa. El día que se decidió la compra del equipo, en el PAN se justificó el equipo para el uso contra el crimen organizado, ese día, se aprobaron 8 proyectos más.

Gustavo Pérez fue consultado mientras se encontraba privado de libertad. Las peritos narraron que lo visitaron y le comunicaron que se encontraban haciendo una auditoría por la pérdida del equipo.

Él escuchó lo que tenía que decir una de las licenciadas y dijo que sus abogados retirarían la solicitud pero nunca lo hicieron y no lograron su respuesta.