28 de Nov de 2021

Nacional

De vacaciones, institucionalidad y otros demonios

A tres semanas del inicio de la gestión del actual gobierno surge una polémica entre las nuevas autoridades y el Ministerio Público. ¿Un tema administrativo terminará por afectar la institucionalidad?

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER | ABOGADA

Yo siento que estas discrepancias han sido provocadas para generar una crisis de institucionalidad. Hago un llamado al sentido común.

¿Como evalúa la medida de la Dirección de Investigación Judicial de mandar de vacaciones a los funcionarios asignados a las fiscalías Anticorrupción?

Independientemente de las responsabilidades de cualquier funcionario, y este caso estamos hablando de personas que por su preparación tienen tareas específicas, el tema de las vacaciones debe ser planificado con responsabilidad y en este caso, donde hay dos instituciones que deben trabajar en coordinación, evidentemente las vacaciones de los funcionarios deben ser acordadas para no perturbar el trabajo que se realiza. Esto es elemental y los funcionarios deben hacer lo que les corresponde, sin afectar la dinámica de lo que debe hacer una buena gestión pública y, en el caso específico, ha habido una falla en la coordinación que debe existir entre dos instancias encargadas de hacer las investigaciones penales.

Es evidente la pugna que se ha generado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. A su juicio, ¿cómo afecta esto las investigaciones, especialmente las relacionadas con los casos de corrupción?

Si no hay una buena coordinación y responsabilidad entre las instancias en un momento dado y, en el ámbito de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, es evidente que hay una falla que debe ser resuelta dentro de la armonía que debe existir entre estas dos instancias que tienen responsabilidades muy importantes. Si queremos hilar delgado, es evidente que hay alguien que no está cumpliendo con los deberes. El deber de los funcionarios es atender las tareas que le corresponden.

La procuradora Kenia Porcell ha dicho que hay poderes económicos que la quieren sacar. ¿Cómo evalúa estas aseveraciones?

En el ámbito público hay nombramientos por periodos y que las autoridades responsables de esos nombramientos están obligados a respetar. Es un llamado que hemos venido haciendo hace mucho tiempo y este tema nos obliga a que nos demos cuenta de la institucionalidad o armonía que debe haber en todos los ejercicios o competencias que tienen el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo, y que deben acatar las leyes. En este país lo que sobran son leyes, son reglamentos y procedimientos que los funciones están obligados a cumplir. Hay que respetar el periodo de los funcionarios que son designados por tiempo definido.

¿Cómo queda la institucionalidad del país cuando, menos de un mes después de asumir del nuevo gobierno, surgen estas diferencias?

Es lamentable que ocurran estas situaciones. Cuando hay una discrepancia entre dos instituciones, la Ley 38 del 2000, que reglamenta la Procuraduría de la Administración, en su artículo 6, establece que es competente para dirimir, si se quiere más claro intervenir, en las diferencias, previo a un análisis de las leyes. Observo que no le estamos poniendo atención a esa relación armónica que debe haber en la administración pública y cuando desaparece esa relación, es evidente que se afecta la institucionalidad. Esto provoca una inestabilidad en la población y parte de la responsabilidad de los que administran la gestión pública es dar tranquilidad, equilibrio y seguridad a la población. Siento que estas diferencias han sido provocadas para generar una crisis de institucionalidad y esto es muy peligroso, porque se está iniciando un gobierno y necesita la cohesión para llevar adelante la buena gestión pública; además, debemos tener en cuenta que tenemos una crisis de institucionalidad a nivel regional y por eso hago un llamado al sentido común. Panamá tiene enemigos internos y externos y nos tenemos que elevar ante esos peligros para que la gestión pública se conduzca con responsabilidad.

A su juicio, ¿qué deben hacer el Ministerio Público y el Ejecutivo ante el panorama que se ha creado a raíz de las declaraciones de la procuradora?

El Ejecutivo no tiene nada que hacer porque tiene sus responsabilidades, lo que se tiene que hacer es buscar la manera de conciliar estas dos instancias. Estoy segura de que el procurador de la Administración, ante una consulta, puede darle la orientación y de seguro que solicitará una mayor coordinación ante una situación en la que se ha visto afectada una investigación, lo que resulta muy grave. Lamentablemente, cuando ocurre un cambio de gobierno se da inestabilidad que es consecuencia de la falta de cultura política y que el gobierno nuevo piensa que puede entrar a hacer y deshacer. Si recibiste un mandato de los ciudadanos de gobernar el país, entonces haz las cosas bien para no generar la desconfianza en la ciudadanía.

JUan Carlos Araúz| Abogado

SI BIEN ES CIERTO QUE LAS VACACIONES SON UN DERECHO, LA COORDINACIÓN PREVIA ENTRAÑA UN TEMA DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL OPORTUNA.

¿COMO EVALÚA LA MEDIDA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE MANDAR DE VACACIONES A LOS FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LAS FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN?

Si bien es cierto que las vacaciones son un derecho, el tema de la coordinación previa entraña un tema de comunicación interinstitucional oportuna y el funcionamiento en equipo es la piedra angular de los equipos que auxilian al Ministerio público en sus responsabilidades, nada impedía hacerlo de forma programada; por tanto, es una desacertada metodología de trabajo.

ES EVIDENTE LA PUGNA QUE SE HA GENERADO ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL. A SU JUICIO, ¿CÓMO AFECTA ESTO LAS INVESTIGACIONES, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON LOS CASOS DE CORRUPCIÓN?

Cada caso es una realidad puntual, la labor de auxilio en manos de los investigadores de la DIJ en muchos casos es la posibilidad de que las carpetillas (el expediente de la investigación) evolucionen rápidamente.

LA PROCURADORA KENÍA PORCELL HA DICHO QUE HAY PODERES ECONÓMICOS QUE LA QUIEREN SACAR. ¿CÓMO EVALÚA ESTAS ASEVERACIONES?

Tal aseveración requiere la formalización de una denuncia para poder activar los mecanismos que esclarezcan tales señalamientos; en todo momento debemos exigir que las denuncias sean efectuadas por los canales institucionales y no en los medios de comunicación. Que se digan los nombres y los hechos concretos que permiten tal acusación, pero en una denuncia formal, eso es lo que corresponde.

¿CÓMO QUEDA LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS CUANDO MENOS DE UN MES DESPUÉS DE ASUMIR EL NUEVO GOBIERNO SURGEN ESTAS DIFERENCIAS?

Muy afectada, la justicia es un motor de desarrollo para el país y su debilitamiento no aporta seguridad jurídica ni confianza en forma general.

A SU JUICIO, ¿QUÉ DEBEN HACER EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL EJECUTIVO ANTE EL PANORAMA QUE SE HA CREADO A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES DE LA PROCURADORA?

En el Estado en el que nos encontramos, el Ejecutivo, a través del presidente de la República, tiene que generar una reunión con la procuradora y en esa reunión tienen que haber actores que garanticen que ese diálogo sea respetuoso y franco, pero en la búsqueda de saber que aquí se están generando diferentes temas: uno, el rendimiento de la institución como tal, cada funcionario tiene que rendir cuentas a los cuestionamientos que se presenten en doble vía; la otra es los obstáculos que la institución pueda tener y cuáles son las posibles soluciones; y lo otro es la sensibilidad ciudadana de cara a las políticas públicas en materia de justicia que el Ejecutivo debe implementar, lo viable o no de las mismas y que solucionen la sensación en que todo el país se encuentra, de que nuestro rumbo en materia de justicia es incierto. Hago un llamado respetuoso al presidente Laurentino Cortizo para que invite al diálogo a la procuradora y se garantice que este sea respetuoso. Un diálogo por la justicia y por el país.