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19 de Sep de 2020

Nacional

Fiscalía sobrevaloró la falta de un documento en el caso Caja de Ahorros

La fiscalía sostiene que hay un presunto incumplimiento del Manual de Crédito de la entidad bancaria, pero solo frente al manual

La investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre un supuesto delito contra la administración pública, en modalidad de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros, no constituye delito. Así de enfático fue el Segundo Tribunal Superior que confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de 22 imputados.

El fallo determina, como primer hecho, que la entidad bancaria nunca estuvo en riesgo o perjuicio económico a raíz de la primera línea de préstamo que solicitó la empresa HPC Contratas, dinero que empleó para otros fines, pero que a pesar de eso, pagó en su totalidad a la entidad bancaria que había asegurado el préstamo con fianzas y bienes.

El argumento de la fiscalía es que existe delito contra la administración pública por el hecho de que el consorcio HPC Contratas-PV recibió una línea de crédito para financiar el diseño y construcción del Centro de Convenciones de Amador, siendo Ricardo Francolini miembro de la junta directiva.

Añade que la línea de crédito fue aprobada sin completar los requisitos para el desembolso. El 31 de diciembre de 2012 se desembolsó $9 millones. El monto se desvió del objetivo de la línea de crédito y se disfrazó el motivo para el requerimiento del dinero.

La decisión adoptada en primera instancia, debe ser confirmada en todas sus partes; en virtud de que la instrucción sumarial, basada en el delito contra la administración pública, específicamente peculado (malversación de fondos), no constituye delito. Esto considerando que al analizar el entramado, desde que solicitó el préstamo hasta el desembolso y uso de los dineros no se vislumbra intención dolosa de los directivos ni del banco ni de la empresa

Al respecto, la Sala señaló que la fiscalía debió probar la capacidad de pago, que no fuera suficiente para cubrir u honrar el monto de la operación, además que los documentos presentados para respaldar las garantías, y demás fianzas fuesen falsos, en su contenido.

Solicitud de crédito

La fiscalía sostiene que hizo falta la solicitud de crédito para otorgar el préstamo al tenor de los establecido en el manual de la entidad bancaria, pues con este papel, la institución evalúa y cuantifica los riesgos directos e indirectos que representa la persona que pide el crédito.

En ausencia de este documento, según la tesis de la Fiscalía, es un indicio que corrobora el delito sustentado en el hecho que el consorcio HPC Contratas, sin haber completado los requisitos para el desembolso, se le prestó la plata que se utilizó para otros fines.

La fiscalía sostiene que hay un presunto incumplimiento del Manual de Crédito de la entidad bancaria, pero solo en este caso. Contrario a ello, dentro de las variables más importantes en el otorgamiento de un crédito está la evaluación de los riesgos de incumplimiento, de recuperación del dinero o la solvencia moral, por ejemplo.

De hecho, el Informe de Auditoría Interna que abarcaba del 1 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2014 con respecto a la línea de crédito otorgada a la empresa, lo único que refirió como irregularidad en la gestión de préstamo fue la ausencia de la solicitud de crédito. Un documento que en el futuro el cliente llena con sus datos para conocerlo más a fondo: hipotecas, problemas de respaldo financiero del préstamo o cuestiones relacionadas a la capacidad de pago.

Los auditores Griselda Pinnock y William Waugh concluyeron que la tramitación del préstamo presentaba un nivel de riesgo moderado y una calificación general satisfactoria, de acuerdo a la metodología que se empleó en dicha evaluación. Más aún, cuando el funcionario de instrucción le preguntó a los auditores sobre los perjuicios que ocasionó el préstamo. Ellos respondieron no había ningún perjuicio económico.

El oficial de crédito del banco indicó que había fiadores con capacidad de hacer frente a la deuda y que tendrían un flujo del repago que provendría de los certificados de no objeción que cobraría el consorcio por $190 millones.

La Sala considera que la falta de un documento de solicitud de crédito ha sido sobre valorado por la fiscalía como un indicio de peculado, dado que en la actividad bancaria, su peso o importancia en la aprobación del crédito es meramente descriptiva, no inciden en el fondo del préstamo porque es un documento de comprobación posterior.

El propio manual se refiere al riesgo de recuperación. En conclusión, lo más importante para aprobar un préstamo y recuperar el capital prestado más los respectivos intereses bancarios, en sí no es la solicitud de crédito lo que verifica la capacidad de pago o la solvencia económica del cliente.

La falta de este documento no se puede erigir en aspectos configurativos del delito de peculado doloso.

Aprobación del préstamo

El fiscal establece que el consorcio no entregó la documentación relacionada a estados financieros de los últimos tres años, copia del permiso de operación, entre otros.

En torno a esto, la entidad bancaria adjuntó toda la documentación que fue aportada por la empresa y que fue objeto de análisis y escrutinio de parte de esta entidad bancaria, así entre los documentos más importantes consta la resolución de la Autoridad de Turismo que otorgó la licitación al consorcio, el contrato para la construcción del nuevo centro de convenciones de Amador, el avalúo presentado por la firma de auditores relacionada a la finca y otros documentos relacionados al perfil profesional de los componentes del consorcio.

No es dable indicar que hubo incumplimiento de las condiciones generales por la ausencia temporal de un permiso de construcción, puesto que antes de la firma del contrato y luego del desembolso del dinero, no existía ninguna condición como para llegar a sustentar que las autoridades iban a negar el citado permiso de construcción, no había peligro en ese sentido, y ya se había firmado el contrato con el Estado.

Los procesos para la tramitación del préstamo fue llevado a cabo por otros departamentos administrativos de la Caja de Ahorros respetando competencias funcionales de cada servidor público que intervino en el préstamo desde la petición de crédito hasta las últimas fases de aprobación, en las cuales no se desprende una cooperación criminal en su trámite de aprobación.

Añade la Sala que ninguno de los directivos del consorcio tenía ningún tipo de contacto participación o parentesco con ninguno de los integrantes de la Junta Directiva que aprobó el préstamo, no se comprobó la participación accionaria ni económica de ninguno de los miembros de la Junta Directiva o la Gerencia de la entidad bancaria directamente en el consorcio que fue favorecido con el contrato de préstamo.

Entre las condiciones del préstamo, se aprobó un préstamo puente por $30 millones para la construcción del centro de convenciones Amador y la principal fuente de pagos estaba consignada en los Certificados de No Objeción, aunado a esto, el préstamos estaba garantizado o asegurado porque los accionistas de las compañías del consorcio eran fiadores al 100% de la deuda cada uno.

La Sala también revisó el contenido del contrato, y en el mismo no halló cláusula que hubiere puesto en peligro de los intereses de la entidad o que hayan puesto en peligro la recuperación del crédito, o que sean inusuales para este tipo de contrato. Todo lo contrario, puesto que se fijaron parámetros claros por medio de los cuales la Caja de Ahorros garantizaba sus intereses

Además de lo anterior, la entidad bancaria se cubrió con una cláusula para declarar la deuda de plazo vencido en la eventualidad de que a juicio de la Caja de Ahorros alguna de las declaraciones consignadas en la escritura pública fuer falsa, o si los factores económicos y de crédito que determinaron el otorgamiento del préstamo se deteriorasen.

Cuando se firmó el contrato se plasmaron fianzas solidarias de los directivos del consorcio, de igual modo, las compañías que formaba parte del Consorcio se erigieron como fiadores solidarios por 4 empresas representadas por Jairzon Hurtado.

Caso de Saltarín

Este caso fue analizado por el abogado Rogelio Saltarín, quien se reunió en una ocasión con la junta directiva del banco, recopiló material probatorio que diera indicios de un acto delictivo, como lo publicó La Estrella de Panamá en la investigación titulada: ‘La mano paralela de la justicia'.

Como parte de la pesquisa que realizó este diario se publicó en octubre de 2018 que la Fiscal Tania Sterling determinó que del desembolso de $10 millones efectuado por Caja de Ahorros, $7 millones se desviaron para pagar un préstamo que tapó un hueco financiero de la casa de valores Financial Pacific.

El préstamo al banco se pagó en su totalidad, más los intereses. No obstante, según una fuente informada del caso, "la Presidencia de la República estaba presionando a los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros para que se presentaran como querellantes en el caso que inició la PGN a raíz de una publicación periodística".

La fuente explicó a ‘La Decana' que los directivos no encontraban perjuicio en el préstamo, ya que actuaba como un banco comercial donde no cabe el delito de peculado, aunque no hubieran recuperado el dinero.

‘¿Cómo podría haber un perjuicio de algo desconocido? Como insistía el Ministerio Público', se pregunta la fuente. ‘Tres directivos de la Caja de Ahorros renunciaron, incluyendo el Presidente, a causa de la presiones. Incluso una nota del Procurador de la Administración les recomendaba como obligación que se convirtieran en querellantes. La Procuradora General insistía en que se debía presentar la querella por si se encontraba algún delito que aún no se conocía', indicó la fuente.