Protestan contra decretos 69 y 84; denuncian que arriesgan la educación superior

Estudiantes y docentes de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá (UP) protestaron contra la Resolución de Gabinete N.º 69, que iguala la educación formal con la experiencia laboral previa, y denuncian que la medida atenta contra el sistema educativo.

El grupo, en su mayoría miembros de la Facultad de Administración Pública de la casa de Méndez Pereira, con pancartas en mano y consignas cuestionó también la Resolución N.º.84, que excluye las profesiones reguladas por alguna Ley Especial y las que requieren idoneidad, emitido poco después de que se levantara la polémica por la primera resolución.

Al respecto, el decano de la Facultad de Administración Pública, John Cooper, considera que la Resolución 84 no aclara la situación y que solo reconoce lo ya establecido en las leyes que norman las carreras sujetas a una idoneidad, poniendo en duda al resto de profesiones del país.

“La Universidad de Panamá gradúa más de 136 licenciaturas y de esas, solamente 16 están amparadas en leyes especiales, por lo que el resto de las carreras universitarias queda en indefensión, turbando el sueño de muchos estudiantes que acuden a la Universidad por una mejor educación (…) esto realmente está coartando el derecho de los más humildes de este pueblo y arriesga las universidades del país”, señaló Cooper.

Según explicó el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, la Resolución N.º. 69, aprobada el pasado 6 de agosto y que modifica el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, pretende "hacer justicia" a los funcionarios que no alcanzaron un título universitario, pero que por sus años de experiencia tendrían el conocimiento para ocupar cargos en el sector público.

Para José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), la medida “desconoce el concepto de la academia y de profesionalismo”, y resta rol a la educación en “la formación de funcionarios en las estructuras del Estado”.

Al rechazo en la UP se han sumado universidades privadas, gremios profesionales y empresariales que piden la reconsideración del decreto, y expresan preocupación sobre las implicaciones en el funcionamiento de las instituciones públicas.

En ese sentido, Cooper asegura que la medida pareciera apuntar más bien a “facilitar espacios políticos para nombrar a personas que no cumplen los requisitos académicos”.

El decano indicó que continuarán las acciones de protesta, a las que espera se sumen otras facultades de la UP y adelantó que el tema ya se está discutiendo en el Consejo Académico de la casa de estudios superiores.