Las filtraciones que ponen en el tapete el derecho a la privacidad y el de información

Unas revelaciones que ponen en duda actuaciones del pasado gobierno y la Procuraduría de la Nación, que salen en momentos donde comenzaban a llegar noticias desde la Audiencia Nacional de España de presuntos pagos millonarios en sobornos de la empresa FCC en varias obras bajo la gestión del expresidente Ricardo Martinelli. Es muy difícil desvincular estas filtraciones de la disputa política y personal entre los expresidentes Juan Carlos Varela y Martinelli. Sin embargo, pese a ser un delito, los periodistas en muchas ocasiones están en el filo de la navaja. Sapeos, espionaje, fuentes, documentos robados y filtrados también forman parte de la profesión. Los 'Panama Papers' o los 'wikileaks' son solo dos ejemplos medianamente actuales. Quizás la frontera esté —y digo quizás porque el debate en esta cuestión nunca terminará— en saber separar los elementos de interés público (para destapar tramas de corrupción, malos manejos o mentiras de los servidores públicos), a los asuntos privados (amantes, doble vida, preferencias políticas, sexuales, etc.) salvo que estén relacionados con lo público. Ahí la obligación del periodista pasa por ser honesto, contrastar las fuentes y dejar que el espiado se defienda.

Es una violación a la privacidad absolutamente. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones. Desde un presidente al último de los ciudadanos. No importa si habla de temas de Estado o del clima.

Ambos derechos son derechos de cualquier democracia que se precie. El derecho a la privacidad es básico. Que se pinchen conversaciones para luego extorsionar no puede ser tolerado. Pero también hay un derecho a la información de carácter público. Hay una línea muy sensible entre ambas.

No se puede caer en la demagogia de que porque sea un presidente deba hacer sus conversaciones públicas. Se imaginan hacer públicas las conversaciones con elementos policiales encargados en la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico. Una cosa es que los mandatarios se deban al escrutinio de otros órganos del Estado o de la prensa y otra que se hagan públicas todas sus conversaciones.

Es un tema muy escabroso porque hay que diferenciar las conversaciones de interés público y las de interés privado. Aunque siempre se cruza una línea muy débil. Habrá quien diga que sin el “espionaje” no habría habido Watergate y Nixon no hubiera dimitido, pero la pregunta que subyace es si un presidente no tiene derecho a su vida privada y a que sus conversaciones no sean privadas. ¿Democracia violando derechos en pro de la información pública? Ese debate nunca terminará. Lo que es seguro es que los que brincan por sacar beneficio político por interceptación de llamadas son los primeros en demandar si los espiados fueran ellos. Y en el caso de Panamá deja un sabor con aroma a incertidumbre dado que es sabido que la 'máquina pinchadora' no aparece y hay serias dudas de que siga siendo utilizada para obtener información para extorsionar. Pero el perjudicado no solo serían las víctimas de esos pinchazos. El expresidente Martinelli, enjuiciado por espionaje, tampoco sale favorecido porque todos los dedos lo señalan a él, y eso no hace más que hacerlo un sospechoso permanente, lo que puede comprometer su futuro judicial y político.

Los Varelaleaks son un capítulo más en la pugna entre sectores de la élite política y económica por hacerse del control de los recursos del país. Las filtraciones son un instrumento de presión para doblegar a adversarios. Las filtraciones evidencian que estos sectores de poder se pelean por capturar y controlar al Estado, usándolo para entregar concesiones y contratos a sus allegados y torcer la justicia a su conveniencia. Lo que hemos visto los últimos años es el agudizamiento de esas pugnas entre poderosos, donde la justicia se utiliza para coaccionar a las facciones rivales de empresarios y políticos para que cedan espacios en el Estado y en los negocios. Lo que hay es mera negociación de control sobre recursos. Todo se compra y vende, todo tiene un precio. La institucionalidad, la separación de poderes, las investigaciones, son todas mera fachada para las negociaciones. Es el poder de negociación lo que determina los resultados. Las filtraciones sirven para inclinar la balanza hacia un lado, una ficha con la cual negociar con más fuerza, usando un equipo ilegal y peligro, y exhibiendo la corrupción e intimidades durante el último gobierno para forzar capitulaciones y reacomodar intereses. Esta trama de corrupción entre políticos y empresarios no empezó ayer, tiene 30 años por lo menos, con el régimen posinvasión, e involucra a todos los partidos y sus donantes de campaña.

Que quede claro, esta tecnología es sumamente peligrosa y una amenaza para todos los ciudadanos, sin importar el valor de la información obtenida. Es lamentable que se hayan expuesto conversaciones privadas. Muchas son sensibles, involucrando a familiares y personas que no tienen por qué ser exhibidas de esta forma. Nadie debe festinar sobre las intimidades de otra persona, aunque sea un actor político. Sin embargo, en esos mismos canales de comunicación mezclo conversaciones privadas con otras de interés público, donde se maneja información que sí tenemos derecho a conocer. La mayoría de las conversaciones son discusiones sobre decisiones de gobierno. Exponen el manejo corrupto del Estado, favoreciendo intereses de donantes de campaña, amañando la justicia, interfiriendo en investigaciones, persecución a críticos, y encubrimiento de casos de corrupción. La opacidad debe rechazarse en el manejo de lo público precisamente debido a lo expuesto en estas conversaciones: el uso discrecional del poder para favorecer intereses particulares de empresarios y copartidarios. Aquí aplica lo que el filósofo Kant llamaba el principio de publicidad de la información, que si una información que afecta el interés público no puede darse a conocer a todos, es porque se está actuando de forma indebida. El expresidente erró en usar las comunicaciones privadas para la gestión pública, en particular en lo que concierne a la coordinación con otros poderes del Estado.

El derecho a la intimidad de todos los ciudadanos es sagrada, es un derecho humano, y debe ser respetada por gobierno y empresas. Ya vemos lo que sucede con plataformas digitales que captan tu información privada y la venden a empresas o gobiernos. O gobiernos que interfieren las comunicaciones de los ciudadanos para controlarlos. Pero no es lo mismo la intimidad de un ciudadano sin poder público, a gobernantes y empresarios que toman decisiones que afectan el interés público. El interés público prima en la medida que asumes una posición de autoridad y manejas información que afecta a la sociedad de manera significativa. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la intimidad, pero aquellos a quienes les delegamos poder para que manejen los asuntos públicos, sus canales de comunicación sobre esos asuntos deben ser abiertos y transparentes.

Todas las conversaciones de un gobernante sobre asuntos de Estado deben ser de acceso público. Un gobierno democrático responde a la voluntad popular, y no tiene la potestad de tomar decisiones de espaldas al pueblo. La política exterior y la política nacional, ambas, requieren del consentimiento del pueblo. Es precisamente el acceso a la información una de mas formas de control social sobre la gestión pública, permitiéndonos vigilar y fiscalizar el comportamiento de los gobernantes. Requerimos un Estado radicalmente transparente y abierto, donde los ciudadanos tengan acceso a la información que permita juzgar el desempeño de los gobernantes y participar en el diseño e implementación de políticas públicas.

Es claro que esta información fue obtenida de forma ilegal dentro de una guerra entre élites. Demuestra que nadie está a salvo en nuestro país de tener sus comunicaciones interferidas. Las nuevas tecnologías crean nuevas vulnerabilidades, y de la misma forma como la información puede ser usada para el bien y para el mal. El chantaje y la extorsión, en particular contra los más débiles, es un peligro real. Ya vimos cómo se interfieren las comunicaciones de activistas, trabajadores, dirigentes, críticos de gobierno con absoluta impunidad. Por eso no hay que relativizar el tema del acceso a la información. Los 'whistleblowers' cumplen un papel valioso en la medida que están al servicio del bien común y exponen las componendas del poder. Las leyes y políticas deben proteger la intimidad de los ciudadanos, pero forzar a los poderosos a manejarse con el mayor nivel de transparencia. Estas tecnologías no están al acceso de los ciudadanos de a pie, excepto aquellos con pericia tecnológica, y somos nosotros quienes podemos quedar atrapados en medio de las pugnas, víctimas de una guerra económica donde todo vale con tal de hacerse del control de las riquezas del país. Necesitamos proteger a los débiles, controlar a los poderosos, y castigar a los transgresores. De igual forma, no podemos perder de vista el fondo, la corrupción de los poderosos, para perdernos en la forma, el debate legalista. Ese error ya se cometió con los 'Papeles de Panamá', donde se eludió la discusión de fondo sobre las transformaciones que requiere nuestra plataforma de servicios ante las graves irregularidades reveladas en la filtración. Que el morbo no le gane a la razón.